Unos 50 mossos investigados internamente o en los juzgados por los disturbios por la sentencia del Supremo

Hasta el momento, se han abierto 34 investigaciones con unos 50 agentes implicados, la mitad de las cuales han acabado en los juzgados denunciadas por los ciudadanos afectados, entre las cuales cinco por parte de Irídia y cuatro por Amnistía Internacional. De las otras 17 investigaciones internas, nueve han acabado a la DAI, de las cuales dos se han cerrado sin sanción, seis siguen abiertas y una ha acabado con una sanción de suspensión de sueldo y trabajo. Ningún agente ha sido cambiado de unidad de momento. Nueve de las investigaciones judicializadas han sido denunciadas por las entidades de derechos civiles. La memoria anual del cuerpo incluirá estos datos.

La auditoría, acabada el mes de marzo, se ha hecho con más de 1.000 horas de trabajo, visualizando imágenes y escuchando conversaciones por emisora, y con entrevistas además de 100 agentes, mandos y ciudadanos. La auditoría, hecha por la División de Evaluación de Servicios (DAS), se ha presentado este lunes por la tarde en el complejo central de los Mossos de Egara, en Sabadell.

Buch, Herrero y Sallent

En su intervención, el consejero|conseller de Interior, Miquel Buch, ha dicho que esta auditoría es una «revisión de 360 grados» de la toma de decisiones, las herramientas policiales utilizadas, la interpretación de los protocolos, las actuaciones individuales y la comunicación pública de aquellos días. En todo caso, ha dicho que el modelo de seguridad y orden público de los Mossos es propio, está fijado por el Parlamento y se puede analizar, pero no se puede poner en riesgo.

El conseller ha lamentado que las manifestaciones violentas de aquellos días taparon las masivas manifestaciones pacíficas de los mismos días. Por eso, la policía tuvo que actuar, y lo hizo con aciertos y errores, ha admitido. Ahora, después de prometerlo días después de aquellos disturbios, la policía catalana ha hecho pública una auditoría sobre su actuación. «¿Quién es capaz de hacer una auditoría como esta y hacerla pública?», se ha preguntado.

Buch ha dicho que hay que reforzar la confianza entre ciudadanía y policía y cree que los Mossos tienen que tener en su ADN «la mejora continua, la autoevaluación permanente, el autoanálisis.»

Por su parte, el director general de la Policía, Pere Ferrer, ha dicho que aquellos días la policía catalana se tensionó hasta el límite a causa del gran volumen de manifestantes extremadamente violentos, que supuso un cambio de estrategia por parte de muchos alborotadores.

Herrero, máximo responsable político de la DAI, se ha mostrado confiado en la actuación de esta unidad, y ha dicho que la policía es una estructura de estado que no se puede poner en duda o no cuestionar totalmente por algunos «desaciertos».

El director del cuerpo también ha confirmado que, como en casi todas las unidades del cuerpo, faltan agentes antidisturbios y que a muchos alcaldes los reclaman.

El comisario jefe, Eduard Sallent, ha reconocido que el uso de la fuerza por parte de la policía es uno de los elementos que sufre más «escrutinio y exigencia» por parte de la ciudadanía catalana. En este sentido, ha asegurado que las movilizaciones post-sentencia fueron un momento excepcional y que los Mossos tuvieron en cuenta el momento que vivía a la sociedad catalana, con la intención de ser más tolerantes y permisivos en la ocupación de la vía pública, dejando «claras» las líneas rojas que eran defender las infraestructuras estratégicas. El dispositivo, en todo caso, fue «defensivo y pasivo», manteniendo los agentes las posiciones estáticas excepto un solo día.

Para Sallent, más allá de las correcciones que se puedan hacer individualmente a los agentes que actuaron mal, lo más importante es aquello que la organización aprende colectivamente. De hecho, ha dicho que la DAI ha continuado con sus expedientes paralelamente a la auditoría, que Ferrer ha calificado de «extraordinaria» y pionera entre los cuerpos policiales.

Sobre las herramientas policiales que tienen que tener los antidisturbios, Sallent ha dicho que tienen un abanico autorizado por el Parlament, como el gas pimienta y los proyectiles de foam, pero no se descarta adquirir nuevas lanzadoras que complementen el foam. También ha asegurado que los agentes de ARRO, cuando actúen como agentes antidisturbios, tendrían que tener las mismas herramientas, furgonetas, métodos, horarios y mandos que la Brimo. También se quiere aumentar la capacidad de grabación de imágenes para tomar decisiones en directo con más fundamento, y posteriormente poder identificar a los alborotadores.

Potenciar las ARRO y mediación

La auditoría también propone que las ARRO del área metropolitana se refuercen por delante del resto de comarcas, porque está donde más se necesitan, y que se establezcan protocolos sencillos de coordinación entre las ARRO y la Brimo, con mandos centralizados y no territoriales, como paso ahora. Eso también pasaría para adaptar los Cecor a dispositivos de orden público.

El área de mediación, en cambio, se habría de descentralizado y fortalecer para reforzar el trabajo de proximidad y potenciar la negociación. Por último, habría que reforzar la transparencia y la comunicación, explicando más y mejor las medidas correctoras tomadas.

El acto ha concluido con la intervención del Síndicde Greujes, Rafael Ribó, que ha recordado que el control democrático de la policía va a favor del cuerpo, como pasó con la instalación de cámaras de vigilancia en las comisarías. En todo caso, ha instado al cuerpo a no cerrar la evaluación con aquella auditoría y les ha pedido que busquen modelos policiales con los cuales compararse o aprender.

A la presentación, primer acto público de la Conselleria desde la pandemia, se ha guardado un minuto de silencio y ha acudido representantes de SOS Racismo, Amnistía Internacional, el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Irídia y sindicatos policiales, entre otros.

La abogada de Irídia Anaïs Franquesa, que ha estado presente en el acto, ha considerado positivo que Interior haya hecho la auditoría, pero ha subrayado que el documento «no detalla qué actuaciones se han revisado, ni porque eran incorrectos.» Tampoco especifica «cuáles son los agentes expedientados ni qué medidas se han tomado para evitar que situaciones como estas vuelvan a pasar».

Otras carencias que ha detectado son un análisis de los errores desde el punto de vista operativos ni los de coordinación con la Policía Nacional. En este sentido Franquesa ha recordado que la operación estaba «bajo responsabilidad de los Mossos» y que «se vieron balas de goma» que comportaron que cuatro personas perdieran el ojo. Por eso ha lamentado que en el informe «no se detalla porque se dejaron utilizar» estos proyectiles, «porque no se prohibieron o cuáles fueron los problemas».

El documento, lamenta la entidad, tampoco «hace autocrítica» por la utilización de los proyectiles de foam ni por los dieciocho casos que pudo documentar en que hubo «golpes de porra en la cabeza».

Finalmente, desde Iridia han advertido que esta auditoría «tiene que ser un principio» porque «no es suficiente», y ha recordado que la entidad trabaja en 16 casos, «muchos de ellos judicializados», 8 de los cuales protagonizados por Mossos d'Esquadra, 5 por Policía Nacional y 3 en que no se ha podido detallar qué cuerpo hizo la actuación.

Quejas de diputados porque no han podido asistir a la rueda de prensa

Por otra parte, el diputado de ERC Ruben Wagensberg ha criticado a través de Twitter que a varios miembros del hemiciclo que habían pedido asistir a la rueda de prensa de Interior no se les ha dejado entrar, y no han tenido manera de seguirla. «Especialmente grave en el caso de los diputados que forman parte de la Comisión de Interior», ha escrito el representante de los republicanos.