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Las entidades piden recursos para las trabajadoras sexuales: «Nadie se pregunta qué pasa con estas mujeres»

Ámbito Prevención y Genera expresan preocupación ante casos sin ingresos ni ayudas por la crisis

Inicio de uno de los extremos de la calle conocida como Robadors, punto de ejercicio de algunas trabajadoras sexuales, vacío el 24/04/2020

Las entidades piden recursos para las trabajadoras sexuales: «Nadie se pregunta qué pasa con estas mujeres»ACN

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«Estamos sufriendo la pandemia igual que cualquier otra persona de la clase obrera». Así se expresa la Janet, portavoz del colectivo Putas Indignadas. A pesar de estar confinadas y sin ingresos por el hecho de no poder trabajar, los planes de contingencia de las administraciones «se han olvidado desde el minuto cero de las trabajadoras sexuales». Lo denuncia Mercè Meroño, coordinadora de la fundación Ámbito Prevención, que lamenta que «nadie se pregunta qué pasa con estas mujeres» ahora. En una línea similar se expresa Anna Saliente, representando de la asociación Genera, que advierte que se está generando una situación «de emergencia social».
«Son mujeres que un día para el otro dejan de ejercer», dice Saliente, destacando las pocas posibilidades que muchas tienen de acceder a ayudas o prestaciones laborales así como la falta de planificación económica que ya de por si supone dedicarse a la prostitución.

Meroño recuerda que cuando empezó el estado de alarma muchas mujeres que estaban en la calle estaban «desorientadas». «Es su medio de supervivencia y de sopetón los cortan los ingresos, no tienen otra posibilidad de obtener dinero y confinarse en casa significa entrar en una grave crisis», resume.

«La realidad de cada persona es diferente, lo único que tenemos en común es que hacemos trabajo sexual», recuerda la Janet de Putes Indignades. Ella se dedica sobre todo al activismo y antes del estado de alarma ejercía de prostituta, pero sólo de forma puntual con algunos clientes fijos.

A sus 60 años se oye una «privilegiada» porque vive con sus hijos, que teletrabajan, y además tiene ahorros. Muchas, dice, no tienen la misma suerte y algunas más jóvenes incluso optaron por volver a sus países de origen antes del cierre de fronteras.

Atención y soporte de las entidades

A pesar de la sorpresa inicial de las medidas decretadas a mitades de marzo por el gobierno español, las entidades seguían activas para atender consultas y ofrecer soporte a través de líneas de teléfono.

La Janet explica que las dudas o consultas que hacen las prostitutas son a menudo porque muchas se encuentran sin papeles o tienen miedo de que las hagan fuera del piso porque no pueden pagar el alquiler. «Nosotros tenemos un contacto y se las informa de los derechos que tienen como ciudadanas, porque a veces porla barrera del idioma o el estigma no se atreven a preguntar,» comenta.

Meroño, sin embargo, se queja de que las entidades desconocen «el impacto real» de la crisis sobre todo el colectivo de trabajadoras sexuales, ya que sólo les llega la realidad de las personas que las contactan.

Según Saliente, desde Genera atienden varias casuísticas desde diferentes ámbitos, como canalizar demandas de ayuda de necesidades básicas, ofrecer apoyo emocional vía telefónica o por whatsapp por el confinamiento o tratar de resolver dudas legales o jurídicas.

Además, remarca, todas las atenciones las han prestado «con el ojo puesto» en casos específicos de mujeres que pueden estar en una situación de violencia en casa o en redes de prostitución forzada.

Recursos y planes de contingencia

Ante la realidad que viven las trabajadoras sexuales, las entidades piden recursos y están en contacto con las administraciones de Barcelona y otros municipios y los exigen que se activen «todos los circuitos de emergencia o contingencia» para abordar la situación.

Con el inicio del estado de alarma Putas Indignadas pidió en el consistorio una respuesta. «Ellos tienen la radiografía de donde se ejerce prostitución a nivel de calle, como es el caso del Campo del Barça, Sant Antoni o la calle Robadors,» explica la Janet.

Sin embargo, tanto las entidades como Putas Indignadas critican que en algunos circuitos habilitados para acceder a ayudas hay trabas burocráticas como el requisito de estar empadronada. «Lo consideramos inaudito», dice la Janet, que asegura que trabajan con Genera y Ámbito Prevención para que la respuesta municipal sea «más práctica» y ajustada a la realidad.

En el caso de Barcelona, la agencia para el Abordaje Integral de las Trabajadoras Sexuales (ABITS) tiene la función de atender las que ejercen en medio abierto y en espacios cerrados. Vista la situación actual, explican fuentes municipales al ACN, se ha variado la forma de atención a las mujeres.

Actualmente un 35% de las mujeres atendidas está vinculado en centros de servicios sociales mientras que el resto de casos «presenta dificultades importantes» como no residir en la ciudad de Barcelona o no poder acceder a un padrón en el resto de municipios.

Muchas compañeras de profesión, señala la Janet, comparten piso o habitación o se encuentran en situación irregular. «Por ejemplo, una persona que no tiene contrato de alquiler y se encuentra en una situación realquilada es difícil que obtenga una ayuda», aporta Meroño.

Según el ayuntamiento, ABITS está siendo un «actor clave» para informar y redirigir los casos que atiende a los servicios generalistas ya que muchas mujeres ya conocen la agencia y la tienen como referente. Desde el principio de la crisis sanitaria, se han facilitado ayudas directas a 121 mujeres a través de tarjetas solidarias, ayudas de urgencias o kits de higiene. Además, un total de 368 mujeres han sido derivadas a recursos de alimentación, 218 de Barcelona y 150 otros municipios como Santa Coloma, l'Hospitalet y Badalona.

Con todo, admiten también que hay casos de difícil cobertura, por ejemplo, por dificultades de vinculación a los centros de servicios sociales debido al estigma social, al idioma, o a la falta de atención intercultural.

Meroño apunta, sin embargo, que los recursos que ha ido desplegando ABITS están sobre todo dirigidos a «mujeres mayores y madres con criaturas». «Hay colectivos dentro del colectivo que sí que han sido atendidos en primera instancia pero pensamos que el resto quedan fuera, quedan excluidas y son un volumen muy importante», explica.

Según Saliente, lo que ha pasado es que «no hay bastantes recursos» y por eso, dice, se han tenido que hacer unos condicionantes para otorgar las ayudas y que dependiendo de la administración varían. Dice, por ejemplo, que en Figueres o la Jonquera los circuitos son diferentes en función de sí las mujeres están o no empadronadas.

En Barcelona, aseguran fuentes del consistorio, no es requisito estar empadronada para ser atendida todo y que sí que se pide y se comprueba tener una dirección en la ciudad. Además, añaden, para el padrón, servicios sociales hace empadronamiento sin domicilio fijo a las mujeres mientras que en otros municipios no es así.

Mirada larga

La Janet destaca que dentro del trabajo sexual, las que ejercen en la vía pública son «el eslabón más débil» porque están «más expuestas». Por eso, a las entidades les preocupa qué pasará con las trabajadoras en los próximos meses y piden una mirada larga más allá del desconfinamiento.

«Estamos preocupadas por como será de aquí a cinco o seis meses, las administraciones tienen que pensar también en cómo dan apoyo a las entidades que responden a las necesidades de estas mujeres», dice Meroño.

La coordinadora de la fundación Ámbito Prevención matiza que hay diferencias en cómo afectará el desconfinamiento a las que ejercen en clubs, pisos o en la calle pero adelanta que la situación «no es buena y será peor».

En una misma línea se expresa Anna Saliente, de Genera, que afirma que «les preocupa mucho» que las situaciones que en el corto plazo requieren quizás apoyo de alimentos o productos de higiene derivarán en el medio plazo en dificultades como asumir el precio del alquiler. «Todo eso tiene muchos números de cronificarse en el tiempo», augura.

Tenemos que intentar que la institución, el gobierno español, se haga cargo de la población, que no quede atrás nadie», afirma la Janet, que espera a ver si todas las personas podrán optar al ingreso vital mínimo. «Estamos exigiendo ser tratadas como ciudadanas, nada más,» concluye.

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