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Pillan a un médico de un hospital de Málaga robando 300 mascarillas

Reclaman medidas de protección para los trabajadores.

Más de 350 entidades del Estado rechazan reanudar la actividad no esencial

También reclaman medidas urgentes de protección
  • ACN

Actualizada 14/04/2020 a las 09:47

Más de 350 organizaciones de todo el Estado, debajo el paraguas del Plan de Choque Social, han exigido que no se reanude la actividad no esencial y medidas urgentes de protección laboral y económica. Han manifestado así su rechazo al retorno de actividades no esenciales decretado por el gobierno español y han lamentado que ya se dejó sin protección a personas trabajadoras de muchos sectores que se incluyeron en la lista de actividades esenciales sin ser imprescindibles» entre el 30 de marzo y el 9 de abril. Alertan de que eso pone «en riesgo la vida y la salud» de familias trabajadoras. Por otra parte, ha acusado al Estado de «traspasar el coste del frenazo de la actividad económica» a los empleados con la devolución de las horas del permiso retribuido.
Delante de eso, han reclamado al gobierno español aprobar y desarrollar medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económicos y social de la covid-19 para la clase trabajadora, con el objetivo de «proteger la salud pública por encima de la lógica de los beneficios».

Las entidades reclaman medidas concretas como el cierre «real» de la actividad no esencial, la prohibición «real y con carácter retroactivo» de los despidos formalizados durante el estado de alarma, la anulación de todos los ERTO realizados hasta el momento por parte de las grandes empresas que hayan tenido beneficios anuales y la prohibición de realizar más, que las trabajadoras de empresas de trabajo temporal con contactos suspendidos sigan recibiendo su remuneración ordinaria, una renta básica de cuarentena universal y la no devolución de las horas de permiso retribuido.

Por otra parte, piden que se proporcionen Equipos de Protección Individual (EPI) a todas las trabajadoras de servicios esenciales, que haya derecho de adaptar o reducir la jornada de trabajo para cuidar con una remuneración del 100% por parte de la empresa, la concesión automática de todas las solicitudes de permiso e trabajo en trámite por|para las personas inmigrantes y su regularización urgente, la expropiación y la nacionalización de sectores estratégicos como la industria, las eléctricas, los transportes y la sanidad privada y la «sanción ejemplar» de las empresas que incumplan estas medidas.

Para las organizaciones impulsoras del Plan de Choque Social, el real decreto aprobado por el gobierno español el 17 de marzo para hacer frente a la pandemia del coronavirus «se queda muy corto en la protección de la mayoría de la sociedad y, en especial, de la clase trabajadora». «Si el gobierno del Estado realmente no quiere dejar a nadie atrás, como pasó en el 2008, tiene que ampliar sus miras y aplicar estas medidas laborales de forma urgente», aseguran.

Además, apuntan que estas tienen que ir acompañadas otras decisiones en los ámbitos de la sanidad, salud laboral, vivienda, violencia machista, prisiones y para garantizar los recursos públicos. En resumen, piden que la respuesta a la crisis «ponga la vida en el centro y no los beneficios de las grandes empresas».
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