Jové y Salvadó se niegan a declarar en el TSJC y se remiten a sus recursos contra el procesamiento
Los diputados tienen que pagar 1,6 millones y están acusados de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos
La magistrada instructora entiende que Jové, secretario general del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda en aquel momento, tuvo una «participación activa en la preparación del referéndum y en otros actos ilícitos para conseguir la correspondiente financiación en el previsible supuesto de que los votos favorables a la independencia fueran superiores a los negativos».
Basándose en la agenda Moleskine y en las anotaciones del documento 'Enfocats', la magistrada cree que Jové «conoció y autorizó determinados gastos para llevar a cabo el referéndum ilegal» en una cantidad superior a los 2,1 MEUR, por sus responsabilidades en Vicepresidencia y también como responsable del área de procesos electorales a partir de julio del 2017.
Así, considera acreditado que Jové obtuvo datos de ciudadanos que no podían ser facilitados ni tratados, y sobre los cuales no tenía competencias. Además, remarca que «no hizo caso de los mandatos del Tribunal Constitucional interviniendo activamente en la búsqueda de locales donde tenía que llevarse a cabo el referéndum».
Con respecto a Lluís Salvadó, secretario de Hacienda del Departamento de Vicepresidencia, considera que junto con Jové «planearon que era necesario preparar las estructuras de estado y una adecuada financiación» para cuando Catalunya fuera independiente. En concreto, en Salvadó se lo señala como «responsable de idear» un programa para homogeneizar los procesos y mecanismos internos de los tributos y cotizaciones sociales que ingresaba el sector público o la Generalitat en el Estado. Este plan, sin embargo, no se ejecutó.
Según la magistrada, los indicios permiten inferir que el programa se proponía «conseguir el control de los impuestos estatales y cotizaciones sociales provenientes de las instituciones públicas autonómicas y locales, e información fiscal de los contribuyentes». Tenía un coste de 1,2 MEUR.
Alegret considera que ambos «planearon que era necesario preparar las estructuras de estado y una adecuada financiación» para cuando Catalunya fuera independiente. En concreto, en Salvadó se le señala como «responsable de idear» un programa para homogeneizar los procesos y mecanismos internos de los tributos y cotizaciones sociales que ingresaba el sector público o la Generalitat en el Estado. Este plan, sin embargo, no se ejecutó.
El auto concluye que la firma de un convenio con el Idescat para la transmisión de datos de carácter personal contenidas en los registros de población o de catalanes en el exterior y los acuerdos con los ayuntamientos para la gestión centralizada de los impuestos puede constituir un delito de prevaricación administrativa
También ve un posible delito de malversación, por el compromiso de fondos públicos para cuestiones que no responden a los intereses de la comunidad, sino para «finalidades ajenas a las competencias que tiene encomendadas la administración autonómica», es decir, «para satisfacer el objetivo de celebrar un referéndum y crear estructuras de estado fuera del marco legal».
El delito de revelación de secretos se refiere a la cesión de datos personales, incluidas las fiscales, y el de desobediencia hace alusión a las advertencias personales comunicadas por el Tribunal Constitucional.
Declaración de Jové en junio
En su declaración como investigado en junio del año pasado, Jové evitó reconocer que él fuera el autor de la llamada agenda Moleskine y del documento 'Enfocats', encontrados en su casa el 20 de septiembre del 2017, cuando fue detenido por la organización del referéndum del 1-O. Su abogada pidió invalidar los registros en el domicilio y el despacho de Jové y, por lo tanto, todo lo que se encontró. También se opuso a hacer una pericial caligráfica para comparar la letra de Jové con la de la agenda, y una de voz para compararla con las llamadas 'pinchadas' por la Guardia Civil durante la investigación.
La defensa del exnúmero 2 de Junqueras quería impugnar la entrada y registro en el despacho de Jové el 20-S por la Guardia Civil porque el detenido no pudo estar presente, a causa de la gran concentración de personas delante del edificio de Economía. De los documentos encontrados en su despacho, Jové dijo que no los reconoce como propios, y no entró a concretar cuál era su papel en la estrategia independentista.
También quería impugnar la orden judicial que permitió a la Guardia Civil entrar en su casa, registrarla y encontrar la agenda Moleskine, donde describía numerosas reuniones de los dirigentes independentistas, y el power point 'Enfocats', donde se pueden ver organigramas de funcionamiento de supuestos órganos para sacar adelante la independencia y la 'hoja de ruta'. De los dos documentos, a pesar de no mencionarlos directamente, Jové no se hace cargo. No los reconoce como propios, pero tampoco ha negado su autoría. Cuando la magistrada instructora, Maria Eugènia Alegret, le propuso hacer una prueba caligráfica para determinar si la Moleskine lo había escrito él, Jové y su defensa se negaron, alegando que consideran nula la prueba por haber sido obtenida mediante una orden judicial y un registro policial irregulares y que pretenden impugnar.
La magistrada también le propuso hacer una prueba pericial de voz para compararla con las llamadas que la Guardia Civil le grabó mientras la causa a Instrucción 13 estaba secreta. Pero Jové y su defensa también impugnan estas llamadas y se negaron a hacer la prueba de voz.
Declaración de Salvadó en noviembre
Por su parte, en su declaración delante de Alegret en noviembre, Salvadó aseguró que el despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) no superó nunca las competencias autonómicas. Según él, el programa e-Spriu permitió asumir el 100% de las competencias en materia tributaria, cosa que el programa Gaudí sólo hacía al 50%. Salvadó aportó 35 documentos e informes que avalarían su tesis que su trabajo para desplegar las competencias del ATC nunca superaron el marco legal autonómico. Para hacerlo también se ayudó de numerosos informes, análisis económicos y correos electrónicos que avalarían el trabajo del ATC, que duplicó personal y delegaciones para asumir nuevas competencias. De hecho, recordó que con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sólo se encontraron dos o tres personas, de 720, trabajando en un pequeño programa que podía contravenir la legalidad.
Sobre su participación en los preparativos del referéndum, dijo que él sólo recibió dos correos electrónicos de Oriol Junqueras y Marta Rovira instando a participar, correo que recibieron 40.000 militantes y simpatizantes de ERC. También negó que él y Elsa Artadi diseñaran los preparativos posteriores al 1-O en caso de independencia.
Por otra parte, Salvadó se negó a hacer una prueba caligráfica, propuesta por la magistrada instructora, para comparar su letra con la de algunos manuscritos incluidos en el sumario, de los cuales él niega la autoría.
En un lápiz de memoria encontrado el 20-S se encontró un documento con una «hoja de ruta-recaudación octubre 2017» y un gráfico con la cronología que la Secretaría de Hacienda tenía que seguir antes del 1-O y que coincidían con anotaciones en la famosa 'agenda Moleskine' de Josep Maria Jové. Salvadó también habría preparado normativa administrativa de rango diverso y diferentes informes, conocía los envíos de tarjetas censales a ciudadanos para el 1-O, y en un documento se le encargaba la coordinación de escenarios posteriores al referéndum.