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La normativa també indica que les restes no menjables s'aprofitin per a altres usos, com els industrials o l'obtenció de compost o de biogàs.

El Parlamento aprueba la ley que obliga los restaurantes a facilitar que el cliente se lleve la comida restante

La normativa también indica que los restos no comibles se aprovechen para otros usos, como los industriales o la obtención de compuesto o de biogás.

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El Parlament aprueba la ley que obliga los restaurantes a facilitar que el cliente se lleve la comida restante

La iniciativa del PSC-Units ha sido validada por unanimidad

Actualizada 04/03/2020 a las 18:29

El Parlament ha aprobado la proposición de ley sobre el despilfarro alimenticio que, entre otros aspectos, obliga los restaurantes a facilitar que el cliente se pueda llevar con un envase la comida que no se acabe. La norma impulsada por el PSC-Units ha sido aprobada por unanimidad, aunque los grupos habían presentado enmiendas. La ley también insta a las empresas alimenticias a incentivar la venta de productos con caducidad próxima y establece que las entidades sociales que distribuyen alimentos los tienen que conservar en condiciones óptimas. La normativa también indica que los restos no comibles se aprovechen para otros usos, como los industriales o la obtención de compuesto o de biogás, e incluye las bases de una regulación sobre el espigolament.
 
El relator de la ley y diputado del PSC-Units, Raúl Moreno, ha reivindicado que se trata de una «ley pionera a España y la primera ley europea que implica todos los agentes de la cadena alimenticia». En su intervención al pleno del Parlament, también ha recordado que hoy la iniciativa de su partido llega «al final de un largo camino» teniendo en cuenta que el trámite parlamentario empezó hace 5 años y que la ley decayó al acabar la pasada legislatura sin que se hubiera podido aprobar.

Moreno ha destacado que los envases de los restaurantes tendrán que ser «biodegradables y reutilizables» y «sin coste añadido» para el cliente. Se trata, según el diputado socialista, «de acabar con la vergüenza de los clientes de llevarse la comida que no se ha acabado». Aun así ha defendido que «no es la ley de los tuppers» porque va más allá y reducirla a esta medida «no es el espíritu de la ley».

El diputado del PSC ha remarcado que la ley incluye un régimen sancionador, a diferencia de la que presentaron inicialmente los socialistas en 2016, y ha añadido que su grupo no quería que fuera una ley de buenas voluntades pero tampoco que complique la necesidad de colaboración.

Según recoge la proposición de ley, las empresas de la cadena alimenticia –salvo las microempresas– y las entidades mencionadas tendrán que disponer de un plan de prevención de las pérdidas y del despilfarro alimenticios, y el Govern, en colaboración con el Consell Català de l'Alimentació, tendrá que elaborar un plan estratégico en el mismo sentido y enviarlo al Parlament para que se pronuncie.

La diputada de Cs Carmen de Rivera ha calificado la ley de «paso novedoso e importante» pero ha añadido que a la nueva norma le faltan «medios técnicos y económicos» y ha augurado que puede tener «poca efectividad real». Según la diputada de Cs, el desarrollo reglamentario de la ley será «clave» para determinar «si tiene efectividad real o se queda en papel mojado». Asimismo, también ha puesto en duda su aplicación legal.

Para el diputado de la CUP Vidal Aragonés, la ley se un avance porque hasta ahora la normativa era inexistente pero también ha remarcado que tiene insuficiencias y que, por eso, ha llegado al debate final con 33 enmiendas de la CUP. «La ley nos pone delante de un espejo de lo que viene a significar el sistema capitalista», ha concluido al diputado cupaire.

La republicana Montserrat Fornells ha asegurado que la lucha contra el despilfarro alimenticio «tiene que ser una lucha de todo el país» y ha celebrado que la normativa «ayudará a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y despilfarro cero». La diputada de ERC también ha tenido palabras de recuerdo para la exconsellera de Agricultura Meritxell Serret, «que hizo mucho trabajo contra el despilfarro», ha dicho.

Por parte de JxCat, Josep Maria Forné ha alabado el consenso que ha suscitado la ley y ha subrayado que «pone remedio» al despilfarro, que ha calificado de «irracionalidad que hay que corregir». «El despilfarro no es sólo una contradicción económica, es también una contradicción medioambiental», ha advertido.

La diputada de CatECP Conchi Abellán ha recordado que la ley empezó «centrada en la donación de alimentos condicionada por la situación de crisis» y que evolucionó hasta el articulado actual. No obstante, ha celebrado que sea «útil» para frenar el despilfarro y
destacado que la iniciativa «tiene que contribuir a reducir y prevenir el despilfarro alimenticio, el reto del cambio climático y a una mayor redistribución de los alimentos».

El popular Santi Rodríguez ha coincidido en ver como necesaria la ley presentada por los socialistas, pero ha advertido el Govern que tendrá que aprobar el reglamento que la despliega plenamente. «Si agrupáramos el conjunto de alimentos que se tiran bajo un mismo país, sería el tercer emisor de CO2, por detrás de China y de los Estados Unidos», ha indicado al diputado del PPC.
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