«La información tendría que haber llegado a través de la Generalitat o del propio Parlamento», los han reprochado a la respuesta, en la que ha tenido acceso el ACN, y han remarcado que la ley establece que la obligación de las instituciones catalanas es mantener informado en el ministerio sobre «las propuestas de viajes, visitas, intercambios y actuaciones con proyección exterior» para que el departamento pueda informar y, si procede, emitir recomendaciones motivadas sobre la adecuación de la propuesta de actuación a las directrices, finalidades y objetivos de la política exterior fijados por el gobierno español».
A la respuesta, el ministerio aclara que la encargada de negocios de la embajada asistió a los encuentros con el presidente del parlamento islandés y con el director general de comercio exterior del ministerio porque, según subrayan, «acompañar las autoridades españolas durante sus visitas a terceros países es una tarea habitual de las embajadas». Además, añaden que no se distingue si las autoridades son del gobierno español o de las comunidades autónomas. «La política exterior de España responde, entre otros, a los principios de unidad de acción al exterior y de coordinación de unidad de acción en el exterior y de coordinación, y el acompañamiento de nuestro servicio diplomático en estas visitas colabora en el cumplimiento|cumplido de este precepto legal», detallan al comunicado.
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