Economía
Foment propone 81 enmiendas al proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos
La organización considera el planteamiento de la política fiscal «erróneo y confiscador»
Palau de la Generalitat
Foment del Treball ha pedido suprimir las modificaciones de la Llei de Turisme de Catalunya y ha propuesto la eliminación de la «figura anacrónica» del impuesto de Patrimoni. En este sentido, ha defendido volver a las bonificaciones existentes en la última reforma de sucesiones y donaciones.
Además, la patronal ha reclamado la supresión de la modificación del impuesto sobre las viviendas vacías y ha advertido que puede generar un efecto «contrario al deseado».
En referencia a las bebidas azucaradas, la confederación ha afirmado que la creación de un impuesto no implica un cambio en los hábitos de salud sino que «está soportado por el consumidor, que discrimina productos y no está orientado a favorecer dietas equilibradas».
Las enmiendas critican también la previsión de incrementar la tarifa del impuesto sobre los establecimientos turísticos, ya que consideran que puede generar «consecuencias negativas» sobre los resultados del sector y «reducir la competitividad» de Barcelona en comparación con otras ciudades.
Con respecto al IRPF, la patronal ha recomendado la supresión del artículo 64 del proyecto de ley, porque la escala autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas «provoca un aumento de la carga impositiva».
Algunas de las enmiendas presentadas hacen referencia al impuesto sobre instalaciones de telecomunicaciones. La patronal ha manifestado que «se penalizan actividades esenciales» para la industria que «no tienen ninguna afectación al medio ambiente». A modo de ejemplo, se ha referido a la previsión de contemplar el transporte de telefonía y telemática como actividad imponible y ha asegurado que son «un factor de sostenibilidad y de reducción del impacto ambiental».
Siete enmiendas tratan también de «corregir» la carga tributaria a la actividad del agua. La patronal ha considerado que la regulación «contemple los sobrecostes de las entidades suministradoras, las repercusiones sobre el equilibrio económico financiero de las concesiones y el riesgo de que la normativa obligue a recurrir a otras fuentes de abastecimiento fuera de la cuenca fluvial de Cataluña».
En cualquier caso, la organización empresarial ha valorado «positivamente» el hecho de tener presupuestos después de dos prórrogas el 2018 y 2019.