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Imatge dels concentrats davant el Departament d'Economia amb flors aquest 20 de setembre de 2017

El juicio en Trapero y la excúpula de Interior sigue esta semana con la declaración de la secretaria de Instrucción 13

Imagen de los concentrados delante de el Departamento de Economía con flores este 20 de septiembre de 2017

El juicio en Trapero y la excúpula de Interior sigue esta semana con la declaración de la secretaria de Instrucción 13

Se espera la declaración de varios guardias civiles del 20-S y policías nacionales de la incineradora de Sant Adrià

Actualizada 09/02/2020 a las 10:30

El juicio en la Audiencia Nacional contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y la excúpula de la Conselleria de Interior afronta a partir de este lunes su cuarta semana de declaraciones, todavía con el calendario sin confirmar del todo. Entre los testigos que sí que están agendats hay guardias civiles que actuaron el 20-S y policías nacionales que interceptaron un vehículo de los Mossos que iba a llevar papeles a la incineradora de Sant Adrià del Besòs. Pero uno de los testimonios más esperados es el de la letrada de la administración de justicia del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, que previsiblemente declarará a través de videoconferencia lunes.

Del Toro tendrá que explicar las vicisitudes del cacheo de la Conselleria de Economía el 20-S, las dificultades de acceso y salida del edificio y como acabó saliendo por una terraza que conectaba con el Teatro Coliseum. En su declaración en el Tribunal Supremo, Del Toro explicó que aquel día pasó mucha «tensión y estrés», incluso «miedo» por «la avalancha de gente» que veía en la calle. También dijo que hacia las nueve de la mañana vio un «incidente muy desagradable» cuando un joven se acerca a un guardia civil que estaba en la puerta y, según dice, lo escupe y le pasa una bandera por la cara. En este punto, pidió al responsable de la guardia civil que llamara para pedir ayuda porque «tenía señales que en una hora se desbordaría la situación». En la primera conversación que tuvieron el responsable del operativo de la Guardia Civil y la intendente Laplana, Del Toro explicó que la mossa|moza se negó a adoptar medidas de seguridad ni gritar efectivos para «rodear» proteger el edificio porque «no se tenía que producir ningún altercado».

Hacia las cuatro de la tarde, la secretaria judicial relató que preguntó si había alguna posibilidad de llevar alguna cosa de comida. «Me dijeron que era imposible, tampoco pedir comida desde el exterior, porque si la gente veía llegar un pizzero sabría que la comida sería para nosotros y no podían poner a nadie en peligro». Los guardias civiles le trasladaron, añadió, que no podían salir en «aquellas condiciones» y «menos para volver con comida». Para marcharse del edificio llamó al magistrado instructor, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que llamó al mayor Trapero para desencallar la situación, después de descartar tres opciones diferentes, incluso que la sacaran en helicóptero. Aseguró que no habló ni con Jordi Cuixart ni con Jordi Sànchez, todo y que sí que los vio hablando con la Guardia Civil, igual que vio a Oriol Junqueras, e incluso afirmó que había oído hablar por megafonía a la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell, cosa que no pasó.

Esta declaración se tendrá que contrastar con las que han hecho esta semana el jefe de la policía judicial de la Guardia Civil en Cataluña, Daniel Baena, y su número 2, que redactaron todos los atestados, del 20-S y el 1-O. Baena dijo que aquel día no detectó ningún comportamiento individual de los Mossos que supusiera un delito de sedición, como después sí que se atribuyó a Trapero y Laplana. Estos dos guardias civiles y sus homólogos en Lérida sí que han explicado que Trapero asesoró al Gobierno «de forma inconsciente» para preparar el 1-O, que la cúpula policial quería un «control férreo» de sus agentes durante los días previos y el mismo 1-O. No obstante, no han podido aportar ninguna prueba directa de órdenes de Trapero o la Jefatura a otros mandos o agentes para permitir el referéndum, y tampoco sobre ninguna implicación directa de los cargos políticos, Cèsar Puig y Pere Soler.
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