Diari Més

El Tribunal de Cuentas cifra en 4,1 MEUR los gastos del 1-O

El ente fijará un plazo para que el Gobierno de Puigdemont y altos cargos depositen la cantidad como fianza

Agentes de la policía española marchándose con las urnas del IES Ronda de Lérida.

1-O, policía española, referéndumACN

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El Tribunal de Cuentas reclama 4.146.000 euros a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y 29 cargos y excargos del Gobierno por los gastos del 1-O, según confirman fuentes jurídicas. El ente fiscalizador se lo ha notificado esta mañana a través de un acta de liquidación provisional redactada por el delegado instructor de la causa, que ha determinado las cantidades y los autores del supuesto desvío de fondo públicos para hacer realidad el referéndum del 1 de octubre del 2017. Los citados no han ido presencialmente y han enviado a sus representantes legales. El ente fiscalizador fijará ahora un plazo a los investigados para depositar la cantidad supuestamente malversada reclamada como fianza. Si no lo abonan, procederá al embargo de bienes. Se trata de un proceso iniciado por la demanda de Societat Civil Catalana y Advocats Catalans per la Constitucióy similar a lo que condenó a Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau por el 9-N.

Societat Civil Catalana y Advocats Catalans per la Constitució reclama cerca de 2 millones de euros a los investigados por los costes del referéndum y hasta 87 MEUR por el coste de la operación 'Copérnico' para enviar policías a Cataluña. La Fiscalía también presentó otra querella en la que no fija cantidad. La cantidad de más de 4,1 millones de euros que ha fijado este martes el Tribunal de Cuentas tendrá que ser confirmada en un juicio, cuya fecha se fijará más adelante.

Los citados para este martes por el órgano fiscalizador son los exmiembros del Gobierno en prisión (Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa) y en el exilio (Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret) así como los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila.

El resto de citados son Neus Munté, Amadeu Altafaj, Josep Maria Jové, Josep Ginesta, Natàlia Garriga, Ignasi Genovès, Jaume Mestre, Antoni Molons, Joaquim Nin, Eva Pardo, Teresa Prohias, Albert Royo, Jordi Serra, Francesc Sutrías, Josep Vidal, Rosa Vidal y Aleix Villatoro.

Camino al juicio

Una vez superada la fase de instrucción se entrará en la del proceso jurisdiccional, donde el Tribunal emitirá un edicto que se enviará a las partes y en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para hacer público que se lleva a cabo el proceso e iniciar las vistas. Esta fase acabará con una sentencia en primera instancia que se podrá recurrir en apelación en la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, primero, y en el Tribunal Supremo, después.

El Supremo concluyó que malversaron

En paralelo a la responsabilidad contable que ha determinado el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Supremo, a la sentencia del proceso emitida el 14 de octubre del 2018, concluyó que los exmiembros del Gobierno malversaron 2.025.575,55 millones de euros para el referéndum. La sentencia puso el acento en facturas vinculadas a la web y a las campañas del referéndum, el Diplocat, los observadores internacionales y los encargos electorales a Unipost.

A la hora de probar la malversación, sin embargo, el Tribunal Supremo no se basó en aquello que realmente se pagó, sino que, amparándose en el derecho administrativo, ya entendió que el simple compromiso de gasto ocasiona perjuicio. El importe de la sanción del Tribunal de Cuentas se reclama al margen de la resolución del Supremo.

Procedimiento similar al 9-N

El procedimiento por los gastos del 1-O es similar a lo que pasó con el 9-N. Entonces, también fue Societat Civil Catalana y Advocats Catalans per la Constitució los que presentaron una demanda, a la que la fiscalía se adhirió. En el caso del 9-N, el Tribunal de Cuentas condenó a Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs y seis acusados más a devolver 4.988.620,11 euros por la organización del proceso participativo del 9 de noviembre de 2014. En su caso, en el procedimiento penal no los llegaron a juzgar por malversación.

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