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Juicio excúpula Mossos
El major Trapero i els altres acusats, Cèsar Puig, Pere Soler i Teresa Laplana durant el tercer dia de judici.

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El mayor Trapero y los otros acusados, Cèsar Puig, Pere Soler y Teresa Laplana durante el tercer día de juicio.

Trapero dice que Soler y Puig no daban directrices operativas

El mayor del cuerpo dice que Laplana no podía mandar a los mandos de orden público el 20-S

Actualizada 22/01/2020 a las 14:14

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha asegurado este martes que ni el exsecretario general de Interior Cèsar Puig ni el exdirector general de los Mossos Pere Soler dieron nunca directrices u órdenes de cariz operativo al cuerpo. En el tercer día de interrogatorio y durante el turno de las defensas, Trapero ha explicado que Puig y Soler podían participar en reuniones de cariz operativo, nunca de cariz judicial, y opinar, pero no ordenaron nunca nada con lo que no estuvieran de acuerdo los mandos policiales. Sobre el 20-S, ha dicho que el exintendente del Eixample Teresa Laplana, acusada, no podía dar órdenes a los mandos de orden público, que dependían de sus mandos regionales.

El 20-S Soler no estuvo en el Cecor y Trapero sólo habló en una ocasión por teléfono. El mayor ha explicado que en otras ocasiones el director general de los Mossos, el secretario general o el conseller de Interior podían estar en el Cecor, pero sólo opinaban y en algún momento podían llegar a autorizar la disolución de una manifestación si lo pedían los mandos, cosa que no pasó aquel día.

A preguntas del letrado de Soler, Trapero también ha asegurado que el exdirector general no dijo nada sobre la actitud de los Mossos respecto del referéndum, ni tampoco intervino las cartas que el mayor envió a la Fiscalía Superior o los 172 atestados que hicieron para la instrucción de la fiscalía sobre la organización de actos de propaganda del referéndum. En el mismo sentido, Soler no asistió a la reunión de mandos y cargos intermedios del cuerpo el 29 de septiembre para explicar las pautas de actuación el 1-O, y el día del referéndum Trapero sólo habló una vez por teléfono con Soler.

Por último, ha dicho que todas las peticiones que hizo el cuerpo en materia de recursos humanos y materiales fueron autorizadas por Puig y Soler. De hecho, Trapero ha dicho que Puig ayudó al cuerpo a obtener el permiso de la Consejería de Economía para obtener el dinero necesario para obtener armas largas, chalecos antibalas y otros material antiterrorista a raíz de los atentados yihadistas de París del 2015.

Detención de Puigdemont después de la DUI
El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, se planteó la posibilidad de detener él personalmente el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en caso de que lo ordenara un juzgado después de declarar la DUI el 27 de octubre del 2017. Lo ha explicado a preguntas de su abogada sobre el plan para detener todos los miembros del Gobierno y que encargó a los comisarios superiores Ferran López y Joan Carles Molinero el 24 de octubre. Además, ha asegurado que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas remarcó a los tres cuerpos policiales que tenían que actuar conjuntamente el 1-O.

Sobre el 20-S, Trapero ha explicado que el mismo día y el anterior la Guardia Civil pidió ayuda en los Mossos para poder salir de varios cacheos ordenados por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Efectivos del área de mediación y de orden público se desplazaron a varios puntos y permitieron la salida de las comitivas judiciales y policiales, incluso sufriendo agresiones por parte de algunos manifestantes. En el caso de la Consellería de Economía fueron nueve agentes y mandos de mediación desde primera hora de la mañana y durante todo el día.

Ha explicado que el comisario Ferran López habló desde las 9 de la mañana y durante 40 llamadas a lo largo del día con el coronel de la Guardia Civil que dirigía el cacheo en Economía, y siempre ante Trapero. Todos los requerimientos que el coronel hacía a López fueron atendidos, ha asegurado Trapero. De hecho, desde el 2015 aquel fue el único día que la Brimo ha sido retirada de los puntos de vigilancia antiterrorista, excepto el aeropuerto del Prat, para ayudar la Guardia Civil.

En aquella actuación se priorizó la mediación porque así se hacía siempre desde el cambio de modelo y de filosofía del orden público del 2013. En las reuniones con la fiscalía y los otros cuerpos policiales de los días posteriores no se le transmitió ninguna queja por la actuación de los Mossos ante Economía. Tampoco hubo ninguna queja por el hecho de no haber cerrado ningún colegio preventivamente los días 29 y 30 de septiembre a pesar de estar ocupados, como tampoco lo hicieron Guardia Civil ni Policía Nacional, que también habían visitado algún centro.

«Los tres cuerpos eran policía judicial»
Durante el interrogatorio de su abogada, Trapero ha recordado el contenido de las instrucciones de la fiscalía y los «problemas» que trasladó por escrito porque podían comportar algunas de sus indicaciones, como por ejemplo el cierre de centros de votación antes del día 30, puesto que afectaba días laborables y muchos de ellos eran escuelas, el establecimiento de un perímetro de 100 metros, o si también podían actuar en centros privados. «Eran dudas que planteé sabiendo que la gente del cuerpo me los plantearían», ha dicho, y tenían «bastante lógica».

Posteriormente, llegó la orden de la magistrada del TSJC Mercedes Armas, que supuso la llegada de «varios cambios». Trapero ha destacado que la magistrada dejó claro que, a partir de aquel momento, los tres cuerpos policiales «son los que tienen que cumplir con la orden judicial» y que los tres pasan a ser «policía judicial», sin «ninguna duda en este sentido». «Hasta aquel momento, las instrucciones de fiscalía iban dirigidas a mí como mayor y en el cuerpo, y posteriormente había hecho alguna a la Policía Nacional y la Guardia Civil», ha añadido. En cambio, también ha remarcado que la magistrada hizo alusión en un artículo de la Ley de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado según el cual, cuando hay un servicio con varios cuerpos implicados, «quienes tiene la dirección de la operación es el cuerpo del Estado».

Trapero también ha explicado que el TSJC «no hablaba de cierre de colegios» previamente en el día 30, a pesar de que sí pedía que se impidieran actas de preparación del referéndum, y excluye los centros privados. La interlocutoria de la magistrada, según Trapero, hizo decaer las órdenes de la fiscalía.

El 28 de septiembre por la mañana hubo la reunión extraordinaria de la Junta de Seguridad y por la tarde se reunió la cúpula policial en el Palau de la Generalitat con el presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y el conseller de Interior Joaquim Forn. Los Mossos habían pedido la presencia de la presidenta del Parlament de entonces, Carme Forcadell, pero no acudió. Plantearon a los políticos que había riesgo de disturbios el 1-O, pero el Gobierno mantuvo su intención de celebrar el referéndum. «Espero, presidente, que no hayamos de lamentar una desgracia», le dijo Trapero a Puigdemont. En las reuniones entre los mandos policiales y el coordinador Diego Pérez de los Cobos se pactó, según Trapero, que en cada centro de votación iría como mínimo dos agentes de seguridad ciudadana de Mossos, después se respondería con más agentes de seguridad ciudadana o de orden público de la policía catalana y finalmente intervendrían los agentes antiavalots de los cuerpos estatales.

La coordinación del mismo día 1 se tenía que hacer desde los diversos Cecor y una aplicación informática denominada «gestor de acontecimientos», pero el mismo domingo De los Cobos comunicó que la coordinación se haría a través de cédulas de seguimiento en las diversas subdelegaciones del gobierno español en Cataluña. Trapero ha lamentado que ningún representante estatal estuviera en los Cecor de los Mossos. Si hubiera sido al contrario, «se hubieran eliminado suspicacias» por supuestos seguimientos, utilización de códigos y comunicaciones, ha dicho el mayor. Además, ha explicado que las comunicaciones entre las unidades de antidisturbios se hacían por canales diferentes de las de seguridad ciudadana, cosa que no recogen los atestados de la Guardia Civil presentados a la Audiencia Nacional.

Tres días antes de la DUI, Trapero encargó a Molinero y López un plan para detener a todo el Gobierno si hacía falta, y él planteó la posibilidad «lógica» de arrestar personalmente a Puigdemont. Los dos comisarios le dijeron que era mejor que se quedara en el complejo policial central de Egara y que ya harían ellos la detención del presidente. También dio otras instrucciones, y el plan quedó establecido el 26 de octubre. Preguntado por su abogada, Trapero ha explicado que rechazó el ofrecimiento de volver a ser jefe del cuerpo e incluso a presentarse a unas elecciones.
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