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La sentencia del 1-O
Els encausats de l'1-O, al centre de la sala del Suprem el 12 de febrer del 2019.

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Els encausats de l'1-O, al centre de la sala del Suprem el 12 de febrer del 2019.

Segundo grado para los presos independentistas

La decisión de las juntas de tratamiento de las prisiones no ha sido unánime

Actualizada 11/12/2019 a las 13:05

Las juntas de tratamiento de las prisiones de Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric han propuesto clasificar en segundo grado penitenciario a los políticos independentistas presos para el 1-O. El secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó, ha explicado que las tres juntas se han reunido simultáneamente a las 9 de la mañana para evitar «conjeturas» y han decidido, sin unanimidad, la clasificación de los nueve reclusos en el denominado régimen ordinario. El servicio de clasificación de la Secretaría tendrá que ratificar o revocar esta decisión antes de dos meses, y Calderó ha asegurado que no será inmediata por su complejidad, a pesar de que no quiere que se alargue más del necesario. El servicio de clasificación ratifica el 95% de las propuestas de las juntas de tratamiento.

Ante una gran expectación mediática, Calderó ha explicado que la decisión ha sido compleja, a pesar de que no ha concretado cuántos votos ha recibido el segundo y el tercer grado, porque los profesionales de las juntas de tratamiento no se habían encontrado nunca antes con unos tipos de delitos y reclusos como los de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull y Jordi Turull.

Calderó ha explicado que cada junta de tratamiento de las prisiones está formada por más de diez profesionales, entre el director del centro, el subdirector de tratamiento y otros altos cargos entre juristas, psicólogos, maestros, médicos y trabajadores y educadores sociales, que no tienen trato diario con los internos. Estos cargos tienen en cuenta los diversos informes parciales que emiten los técnicos que sí que están en contacto directo y diario con los reclusos y analizan su conducta, adaptación en el centro, condiciones familiares, sociales y laborales, o el riesgo de reincidencia, entre otras. A raíz de estos informes de hace unos días, la reunión de este miércoles ha concluido con debates intensos y decisiones sin unanimidad.

El secretario ha explicado que a partir de ahora el servicio de clasificación de la Consellería, formado por funcionarios expertos y que unifica los criterios de todas las prisiones catalanas, tiene que valorar la propuesta. Tiene dos meses para hacerlo, pero se intentará agilizar el trámite teniendo en cuenta las especificidades de este caso y, sobre todo, por el caso de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, que a mediados de enero ya habrán cumplido una cuarta parte de la pena y tendrían derecho a permisos de salida. No obstante, los permisos no los podrán obtener hasta que la Secretario no confirme la clasificación en segundo grado, y por eso se intentará no demorar la decisión, que también se prevé que se tome el mismo día que para el resto de presos.

La clasificación en segundo grado puede ser recorrida por las defensas, como ya han anunciado, ante el juez de vigilancia penitenciaria correspondiente, y esta decisión todavía puede ser recorrida ante el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo. Si la clasificación es en tercer grado, previsiblemente la fiscalía recorrerá en contra por las mismas vías. En todo caso, la clasificación inicial tiene que ser revisada en un máximo de seis meses por parte de la junta de tratamiento.

Mientras se tramitan los posibles recursos se podrán disfrutar de los permisos correspondientes al grado en el que estén en aquel momento. Mientras se tramitan los posibles recursos, pero, el régimen penitenciario acordado por la Secretaría ya se podrá aplicar, sea el segundo o el tercer grado. De hecho, desde el momento que el servicio de clasificación apruebe el régimen, ya se elaborará, de acuerdo con cada recluso, su Programa Individualizado de Tratamiento (PECHO), que tiene que prever los cursos o actividades que tendrán que realizar y marca unos objetivos, el cumplimiento de los cuales se tiene en cuenta para mejorar el régimen de internamiento. De hecho, el PIT de estos nueve presos será bastante diferente de lo habitual, puesto que sus circunstancias y el delito por los cuales han sido condenados no son nada habitual. El programa, sin entrar en detalles, incluirá probablemente su reinserción laboral, puesto que están inhabilitados para cargo público.

Es a partir de aquí, si el régimen ordinario es el que se les aplica, que la junta de tratamiento puede pedir, sin ningún plazo concreto, que se aplique el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite salidas casi diarias. Calderó ha calificado este artículo como un «buen instrumento» para hacer la transición del segundo al tercer grado. La aplicación de este artículo no depende del servicio de clasificación pero tiene que ser confirmada por el juez de vigilancia penitenciaria, y la fiscalía puede recorrer en contra ante el mismo juez y después ante la audiencia provincial correspondiente.

Reivindicación del sistema penitenciario catalán
Calderó también ha querido reivindicar la profesionalidad del sistema penitenciario catalán y de sus trabajadores, y ha recordado que la Generalitat tiene competencias en la materia desde el 1984 y es la única autonomía que la tiene transferida. El secretario también ha asegurado que el modelo penitenciario catalán tiene un índice de reincidencia del 30%, inferior a la media española, y tiene cierto prestigio entre los países occidentales.

El secretario ha remarcado que los servicios penitenciarios se basan en el cumplimiento de la ley, la pena concreta, las circunstancias de cada preso, su entorno, sus antecedentes penales y el riesgo de reincidencia. Los 5.000 profesionales de la Secretaría, ha dicho Calderó, trabajan «al margen del ruido, con honestidad e independencia», garantizando todos los derechos y obligaciones de los presos, no «lesionando» derechos, y por eso ha pedido confianza en estos funcionarios y no cuestionarlos «con fines espurios». «Las penas las dictan los jueces, la Generalitat solo las ejecuta», ha recordado, añadiendo que la clasificación final siempre tiene que estar avalada por un juez. Además, ha dicho que «las prisiones no son lugares de castigo, sino centros de rehabilitación». «Encerrar a la gente es una medida extrema, y cuando alguien entra en prisión tenemos dos objetivos: que salga lo más pronto posible en las mejores condiciones posibles, y que no reincida», ha opinado.
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