Griñán, condenado a 6 años de cárcel y Cháves y Álvarez, a 9 de inhabilitación

La Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido condenar a los expresidentes de la Junta de Andalucía,José Antonio GriñányManuel Chaves.El primero ha sido condenado a seis años de cárcel por malversación y prevaricación,y el segundo anueve años de inhabilitación por prevaricaciónpor el caso de los ERE de Andalucía.

La sentencia todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo. Los acusados han recibido la resolución en la sede de la Audiencia Provincial entrando en la sala uno por uno y por orden alfabético según informa Radio Sevilla. Les han entregado un pen drive de doce megas a cada uno. La sentencia ha sido firmada por las dos magistradas y el magistrado del tribunal esta misma mañana.

El exconsejero de Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías ha sido condenado a 10 años de inhabilitaciónpara empleo en cargo público al ser considerado culpable de un delito continuado de prevaricación; el exconsejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, ha sido condenado a, 7 años y 11 meses y un día de prisión e inhabilitación de 19 años, seis meses y un día.

El exconsejero de Innovación y expresidente de IFA-IDEAFrancisco Vallejo ha sido condenado por la Audiencia de Sevilla a 8 años de cárcel y a 30 de inhabilitaciónpor delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso de los ERE de la Junta de Andalucía.

La Audiencia de Sevilla hacondenado al exconsejero de Empleo José Antonio Viera,quien fue el que en el año 2000 ideó el sistema de pago de los ERE en Andalucía, asiete años y un día de cárcel y a 18 años y un día de inhabilitaciónabsoluta por los delitos de malversación y prevaricación.

El exdirector general de Empleo de la Junta, Francisco Javier Guerrero ha sido condenado a 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación, por un delito continuado de malversación.

La exministra de Fomento Magdalena Álvarez también ha sido condenada a 9 años de inhabilitaciónespecial por un delito de prevaricación en el caso de los ERE.Álvarez ha sido condenada por un delito de prevaricación como responsable de la elaboración y gestión de los Presupuestos andaluces que recogían la partida que pagaba las ayudas sociolaborales -mediante transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al ente público IFA, encargado de abonarlas-.

Esta partida, conocida como 31-L, sufría cada año varias modificaciones presupuestarias para aumentar la cuantía destinada al pago de estas ayudas.

La exviceconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada este martes por la Audiencia de Sevilla a diez años de inhabilitación como autora de un delito continuado de prevaricación y ha sidoabsuelta del delito de malversación, por el que el fiscal pedía seis años de cárcel; Agustín Barberá, a 7 años y un día de prisión y 18 años de inhabilitación.

Jesús María Rodríguez, seis años y dos días de prisión e inhabilitación de 15 años y dos días; José Salgueiro, 9 años de inhabilitación, igual que Antonio Vicente Lozano.Francisco Javier Guerrero, siete años y once meses de prisión e inhabilitación de 19 años y seis meses; Juan Márquez, siete años y un día de prisión e inhabilitado por 18 años y un día.

Javier Aguado, 9 años de inhabilitación, Lourdes Medina, 8 años y seis meses de inhabilitación; Juan Francisco Sánchez, 9 años de inhabilitación; Miguel Ángel Serrano, seis años y seis meses de prisión así como inhabilitación durante 17 años; Jacinto Cañete, 8 años y seis meses de inhabilitación.

Quedan absueltos Manuel Gómez y Francisco del Río

Es la decisión que ha tomado la Audiencia de Sevilla después de estudiar más de catorce mil folios de sumario y después de celebrar un total de 152 sesiones de juicio oral con 21 personas en el banquillo. La Fiscalía pidió condenas de hasta ocho años de cárcel para los acusados por delitos de malversación y prevaricación, cifrando en 741 millones de euros la cantidad de dinero entregada en ayudas sociolaborales y de empleo de forma fraudulenta, sin pasar por los preceptivos controles.

En el caso de José Antonio Griñán, presidente de la Junta entre 2009 y 2013 y ministro de Sanidad y Trabajo con Felipe González entre 1992 y 1996, la Fiscalía pedía seis años de cárcel y un total de 30 años de inhabilitación por malversación y prevaricación, además de la obligación de pagar 42,1 millones de euros. En el caso de Manuel Chaves, presidente de la Junta entre 1990 y 2009 y ministro en los ejecutivos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, la petición era de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.