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Las consecuencias del 1-O
Imatge d'arxiu d'una càrrega policial el dia 1 d'octubre de 2017.

Pérez de los Cobos niega ante el juez las cargas policiales del 1-O

Imatge d'arxiu d'una càrrega policial el dia 1 d'octubre de 2017.

Gerard Vilà

Abogados y víctimas del 1-O se querellan contra la excúpula de Interior por delitos contra la humanidad

El escrito va dirigido contra Nieto, De los Cobos, Millo, los subdelegados del gobierno y altos mandos policiales por haber actuado «contra la población civil por razón ideológica»

Actualizada 03/10/2019 a las 14:33

Varias asociaciones de juristas y de víctimas del 1-O han presentado ante la Audiencia Nacional una querella por delitos contra la humanidad contra la antigua cúpula del Ministerio del Interior por la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil aquel día. Según ellos, era una «actuación premeditada, organizada y estudiada» que habrían comportado «lesiones y torturas» dirigidas a la población civil por motivos políticos e ideológicos. Por si la Audiencia Nacional, responsable de investigar este tipo de delitos, archivara la causa, los querellantes también han presentado el escrito ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya, que podría investigar el caso.

La Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles, la Asociación de Afectados 1-O y la Asociación Abogacía para la Democracia de Lleida conjuntamente con nueve víctimas de las cargas policiales, como Enric Sirvent, que sufrió un ataque cardiaco en un colegio de Lérida, o Jordi Pessarodona, concejal en Sant Joan de Vilatorrada (Bages), han presentado la querella en un acto al Col·legi de Periodistes.

La querella va dirigida específicamente contra la exsecretari de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, el coronel de la Guardia Civil y coordinador de la operación 'Copérnico' Diego Pérez de los Cobos, los exjefes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, Sebastián Trapote y Ángel Gozalo, respectivamente, el exdelegat del gobierno español en Cataluña Enric Millo y los cuatro exsubdelegats del gobierno español a las cuatro demarcaciones, además de las cabezas de sector y unidad de la Guardia Civil y la Policía Nacional al centenar de colegios electorales donde intervinieron. La querella pide su detención y puesta a disposición judicial. También pide que se los embarguen 87,1 millones de euros, que es el coste del operativo 'Copérnico', y de seis millones de euros más para indemnizar las víctimas.

El escrito, de un centenar de páginas, acusa estos altos cargos de los delitos del artículo 607 bis 1.1, 607 bis 2.3 y 607 bis 2.8, que castigan con penas de entre cuatro y 15 años de prisión los que cometan un «ataque generalizado o sistemático contra población civil» por razón de «pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos» y les causaran lesiones o torturas. Estos delitos no prescriben y tampoco se pueden amparar en la inmunidad policial o política. Los impulsores de la querella recuerdan que la ONU y el Consejo de Europa pidieron en el estado español una investigación interna sobre la actuación policial, investigación que no se ha hecho.

Según Lluís Mestres, de Atenes-Juristes pels drets civils, los dos cuerpos policiales estatales actuaron de forma «militar» y organizaron dos dispositivos: el público y acordado con los Mossos y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y el secreto, que consistía en «contagiar el pánico» entre la población civil desde primera hora de la mañana en decenas de colegios electorales. Este segundo dispositivo se pensó desde meses antes, incluso desde el 2014, y se concretó los últimos tres días antes del referéndum. «Estaba organizado, planificado, estructurado y jerarquizado, no improvisado», dicen. El hecho que la actuación policial siguiera «el mismo método» en todas las escuelas, significa, según los querellantes, que las órdenes superiores eran iguales para todos los antiavalots y estaba todo planificado. Además, se establecieron canales de comunicación paralelos en los oficiales para no ser interceptados, y muchas órdenes se dieron solo de manera oral.

En la querella se enumeran los colegios con intervenciones policiales violentas y las lesiones sufridas por centenares de víctimas. De hecho, la querella pide que se interrogue como testigos protegidos a 189 víctimas con lesiones moderadas o graves. A la querella también se han adjuntado numerosos videos y otras pruebas recogidas en los diversos juzgados de instrucción catalanes que investigan cargas concretas. Se espera que la Audiencia Nacional pueda tardar unos seis meses en decidir si admite a trámite o no la querella.
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