Sanidad propondrá a las comunidades revisar el protocolo de la listeria

El Ministerio de Sanidad va a proponer a las comunidades una revisión del protocolo de la listeria tras el brote de Andalucía y, mientras tanto, ya está trabajando en un nuevo decreto de vigilancia en salud pública para mejorar las notificaciones de enfermedades de declaración obligatoria como esta.

Así lo ha anunciado en el Congreso la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, quien ha destacado que el brote de listeriosis «se encuentra en remisión» a pesar de que se espera «un pequeño goteo» de casos en los próximos días en personas que estén en periodo de incubación o que consuman productos que guardan en casa y no hayan desechado.

Hasta el momento, tres personas han fallecido, seis mujeres embarazadas han abortado y están confirmados 214 casos de personas afectadas por el consumo de carne contaminada por listeria de la empresa andaluza Magrudis; tanto la ministra como los grupos parlamentarios se han solidarizado con ellos y han mostrado su pesar por las víctimas mortales.

De los confirmados, el último que inició síntomas lo hizo el 21 de agosto, según la ministra, que ha especificado que fuera de España solo hay un caso de un turista inglés que pasó unos días en Sevilla mientras que Alemania no ha informado oficialmente de ningún afectado asociado a este brote.

Carcedo ha defendido que su Ministerio «ha cumplido y está cumpliendo» con la labor de coordinación desde el primer momento que recibió, el pasado 16 de agosto, la notificación por parte de Andalucía, y que «la calidad y oportunidad» de la información de la Junta «ha mejorado a lo largo de la crisis», en especial coincidiendo «con la remisión del brote».

Paralelamente, el consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que ha comparecido en el Parlamento autonómico, ha argumentado que el alto porcentaje de curados por el brote, que alcanza el 98,6%, «significa que algo se habrá hecho bien».

Su departamento, ha añadido, enviará las muestras de listeriosis endémica del 2018 y 2019 al Centro Nacional de Microbiología, dependiente del Instituto Carlos III, para analizarlas y pulsar la trazabilidad de la bacteria que ha provocado el brote de este verano.

Además, ha informado de que, hasta el 3 de septiembre, la Consejería ha retirado del mercado 6.801,64 kilos de carne, 1.842 tarrinas de untables, 42,56 kilos de chorizos y 0,35 kilos de morcillas.

Los servicios de control oficial han inspeccionado y contactado hasta la fecha con 969 establecimientos, 201 ubicados en la ciudad de Sevilla (avisados por parte de personal del Ayuntamiento hispalense), y 768 emplazados en el resto de Andalucía, a los que se han dirigido los Servicios de Control Oficial de la Junta y que están localizados en 105 municipios.

Precisamente la gestión que ha hecho el Gobierno, la Junta y el ayuntamiento sevillano sobre esta crisis alimentaria ha levantado las discrepancias de los grupos del Congreso.

En opinión del PP, la «máxima responsabilidad» de esta crisis recae sobre la empresa porque el Gobierno autonómico ha hecho una labor «diligente, transparente y rigurosa», aunque ha pedido que se mejore la prevención y la actuación en la seguridad alimentaria en España.

Según el PSOE, el sistema de vigilancia es «muy sólido», si bien ha criticado que la Junta «no lo ha hecho bien», por lo que ha exigido a PP y Cs, que conforman el gobierno andaluz, «transparencia y prudencia» a la hora de criticar al Ejecutivo central.

Mientras, Unidas Podemos opina que «los brotes no se producen por una plaga bíblica, sino porque hay quien se salta las normas o porque estas son insuficientes. (...) La realidad es que se ha dejado desvalida a la población».

Desde Cs consideran que «algo ha fallado en la cadena de seguridad alimentaria» y se preguntan por qué la empresa Magrudis «ha campado» sin control durante años.

Vox ha criticado la «concatenación de errores, descoordinación y falta de liderazgo por parte del Ministerio» y ha solicitado que el Gobierno recupere las competencias en materia de salud pública.

A todo ello, Carcedo ha recordado que las competencias en materia de salud están transferidas y que su departamento tiene un papel de «coordinación cuando las incidencias» superan el ámbito de una comunidad.

Al tiempo que ha censurado la «escasísima colaboración» de Magrudis, resaltando que se está a la espera del resultado de las investigaciones ha remitido al juzgado competente y del informe final de la inspección sobre el sistema de autocontrol de la empresa, así como del informe epidemiológico final del brote.

Con todo, la ministra ha confiado en que esta crisis sirva «para mejorar los procedimientos de prevención de riesgos de origen alimentario o de otro tipo para la salud».

De momento, Sanidad propondrá revisar el protocolo de listeria y va a desarrollar a través de un decreto de vigilancia en salud pública el artículo 13 de la ley de seguridad alimentaria, que actualmente está «en fase de borrador», para incrementar la calidad de las notificaciones y agilizar la intervención de las administraciones.