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Las consecuencias del 1-O

La jueza del 13 ordena a la Guardia Civil ir a Generalitat en busca de documentos del 1-O

La magistrada cita como investigado al delegado del gobierno catalán en Suiza

Actualizada 05/07/2019 a las 16:16

La jueza que investiga los preparativos del 1-O ha ordenado a la Guardia Civil personarse en varios departamentos de la Generalitat en busca de documentación sobre la organización del referéndum y ha citado como investigado al delegado de la Generalitat en Suiza, Manuel Manonelles.

En un acto, en el cual ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona acuerda nuevas diligencias solicitadas por la Fiscalía, entre ellas el requerimiento de documentación a la Generalitat y la citación de Manonelles, al cual vincula con la contratación de observadores del 1-O.

La Guardia Civil todavía no ha llevado a cabo la diligencia ordenada por el juez, han asegurado a Efe fuentes conocedoras del caso.

La Fiscalía ha solicitado a la magistrada una nueva batería de diligencias para aclarar la participación de funcionarios de la Generalitat en la organización del 1-O, después de que la jueza procesara a una treintena de personas, entre ellas diversos exaltos cargos del Gobierno de Carles Puigdemont, por el referéndum.

Entre otras diligencias, el ministerio público ha pedido a la jueza que requiera a varios departamentos de la Generalitat implicados en la organización del referéndum documentación relativa a la logística y los pagos vinculados al 1-O, unas perquisiciones que la magistrada ha acordado al considerarlas «útiles y no perjudiciales».

En su acto, la instructora ha ordenado a la Guardia Civil personarse en la sede de varios departamentos de la Generalitat «a fin de que al acto se le entregue la documentación» requerida por el ministerio público, una diligencia que los agentes del instituto armado no han iniciado de momento.

Paralelamente, y también a petición de la Fiscalía, la jueza ha citado para el próximo 19 de julio a uno nuevo investigado por su relación con el referéndum: Manuel Manonelles, actual delegado del Gobierno en Suiza y que los meses previos al 1-O fue representante del gobierno catalán ante las organizaciones internacionales con sede en Ginebra, Estrasburgo, París y Viena.

La jueza considera que Manonelles podría haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia por una contratación de la delegación de Ginebra al The Hague Center for Strategic Studies (HCSS).

La Guardia Civil cree que los pagos del Gobierno en el HCSS daban cobertura a los gastos de traslado y alojamiento de los observadores internacionales del 1-O, indicios que han comportado la imputación de altos cargos del Diplocat y del Departamento de Relaciones Institucionales y Exterior que dirigía Raül Romeva.

De hecho, por esta contratación en el HCSS, la jueza vuelve a citar a declarar como imputados para el mismo día 19 de julio a Aleix Villatoro, exsecretario general del Departamento de Exteriores, a quién la jueza ha procesado por los delitos de malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación.

También cita para el mismo día a Marta Garsaball, directora de servicios de Exteriores, procesada por falsedad documental, y a la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, procesada por los delitos de malversación, desobediencia y falsedad documental.

En su auto, la magistrada acuerda también requerir al Tribunal Constitucional la provisión que, en abril de 2017, remitió a Rosa Vidal y que anulaba las partidas presupuestarias que el gobierno catalán había reservado para los costes del referéndum del 1-O.

Por el contrario, la jueza ha descartado la petición de la Fiscalía para que se tome declaración, por un delito de organización criminal, a la treintena de procesamientos por su participación en los preparativos del 1-O.

La magistrada Alejandra Gil recuerda que ya dictó un auto en el cual rechazaba la petición de la Fiscalía para procesar por organización criminal en 28 de los investigados por el referéndum, al entender que no disponían de «infraestructura adecuada» y que no los unía un «acuerdo asociativo duradero».

En todo caso, señala a la jueza, si la Fiscalía cree que los hechos investigados constituyen un delito de organización criminal tendrá que acusar por este, en su escrito de calificación, cuando el caso llegue a juicio.
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