Diari Més

El exsecretario de estado de Seguridad afirma, sobre el 1-O, que las porras «están para usarlas, no para enseñarlas»

José Antonio Nieto asegura al juzgado de instrucción 7 de Barcelona que la policía actuó de forma «ejemplarizante» para evidenciar que el referéndum era ilegal

El exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, durante la comparecencia en el Tribunal Supremo.

El exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, durante la comparecencia en el Tribunal Supremo.Senyal Tribunal Suprem

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El exsecretario de estado de Seguridad en el gobierno del PP José Antonio Nieto ha asegurado este martes que la Policía Nacional y la Guardia Civil actuaron durante el 1-O de forma «ejemplarizante» para evidenciar que el referéndum era ilegal y así hacerlo entender a la ciudadanía catalana. Nieto ha declarado como testigo delante del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, por videoconferencia y durante cerca de cuatro horas, y, según fuentes jurídicas, ha justificado en todo momento la actuación policial para hacer cumplir la «ley» y el auto del TSJC, y ha defendido el uso de las porras: «Son para utilizarlas, no para enseñarlas».

Nieto ya declaró como testigo en el juicio en el Tribunal Supremo, pero en el caso de Barcelona la actitud del magistrado ha sido más inquisitiva, ya que en varios momentos ha rebatido a Nieto en sus afirmaciones y lo ha cortado cuando el testigo cuestionaba algunas preguntas o criticaba a los Mossos d'Esquadra.

El exsecretario de estado ha reiterado en varias ocasiones que el objetivo del dispositivo policial era cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución, cumplir el auto de la magistrada del TSJC Mercedes Armas y «hacer comprender» a la sociedad catalana que aquel referéndum era ilegal. Si la policía no hubiera actuado o hecho acto de presencia, ha dicho, buena parte de la gente habría pensado que aquello era legal. Por eso, la actuación de los agentes tenía que ser «ejemplarizante y no simplemente mirando» y dar a entender que la legalidad se haría cumplir de todas todas. De hecho, la intención era que el referéndum no fuera homologable internacionalmente.

En cualquier caso, se ha hecho totalmente responsable del operativo, a pesar de no conocer todos los detalles. Nieto ha explicado que ya a las 2 de la madrugada del día 1 él acudió a una reunión de coordinación en la Subdelegación del gobierno español en Barcelona, con el coordinador del operativo, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. A partir de las 5 de la mañana la reunión ya fue permanente, con constante comunicación con los operativos a pie de calle y viendo las imágenes que salían en los medios de comunicación.

En todo caso, ha dicho que las actuaciones concretas en cada escuela fueron decisiones directas de los mandos que había en cada sitio y ha asegurado que la decisión de cargar contra los votantes fue consecuencia del auto del TSJC, del cual ha dicho que él sólo tenía la parte dispositiva, y no la argumentación donde aparecía la necesidad de preservar la convivencia ciudadana. Igualmente, ha asegurado que los agentes no tienen ningún protocolo concreto sobre cómo actuar en desórdenes públicos y aquel día tampoco tenían ninguna indicación concreta de cómo preservar los derechos fundamentales, porque eso, ha dicho, ya lo saben y está recogido en la Constitución.

La decisión de retirar a los agentes por la tarde se tomó por el cansancio de los antidisturbios, que se habían levantado a las 5 de la mañana, ha explicado. En cambio, ha asegurado que en ningún momento dio la orden de no detener a nadie.

Además, en todo momento ha defendido la actuación concreta de todos los agentes, asegurando que fue «ejemplar» y que no actuaron con «violencia extrema» a pesar «del ambiente hostil» provocado por los CDR. Preguntado por el instructor sobre como se explica que hubiera 300 heridos en Barcelona, Nieto ha dicho que eran muy leves y que algunos agentes también resultaron heridos. No obstante, el magistrado le ha respondido que había fracturas de huesos y atenciones hospitalarias entre los votantes y en cambio ninguna baja médica de los agentes ni ningún atestado por atentado a la autoridad contra los votantes.

De hecho, Nieto ha asegurado que en la actuación policial se quiso priorizar la seguridad de los agentes. Así, ha asegurado que todo el material policial está homologado, y por lo tanto, «está para usarlo, no para sólo enseñarlo».

Preguntado sobre los criterios de elección de los colegios, ha explicado que se buscaron los que tuvieran fáciles vías de entrada y salida, para no quedar bloqueados. En cambio, no ha aclarado porque no se actuó en casi ninguna escuela privada o concertada. Justamente, respecto de la actuación en la escuela Ramon Llull, donde una pelota de goma amputó un ojo a un votante, Nieto ha dicho que allí se quedaron treinta minutos «secuestrados», y por eso ha justificado el uso de estos proyectiles como proporcional y adecuado.

Más mandos investigados

Al acabar la declaración, Laia Serra, abogada que representa el Ayuntamiento de Barcelona, ha afirmado que la declaración de Nieto confirma que la actuación policial «no iba dirigida a evitar el referéndum o cumplir el orden del TSJC, sino invalidarlo con una actuación ejemplarizante para que la sociedad comprendiera que se tenía que cumplir la legalidad». También cree que Nieto ha admitido que tenían una «capacidad limitada» para impedir totalmente las votaciones, pero no le dijeron a la magistrada del TSJC que rectificara su orden. En el mismo sentido, cuando se vio que no se podía priorizar la seguridad de los votantes ni de los agentes, Serra ha cuestionado que Nieto no ordenara paralizar el operativo policial.

Aparte de eso, la abogada también se ha mostrado convencida de que todos los efectivos a pie de calle «sabían que tenían que respetar los derechos fundamentales» y que el resultado de su intervención fue «pésimo e inútil».

Andrés García Berrio, abogado de Irídia, ha dicho que la declaración en el juzgado barcelonés ha aportado más información que la que Nieto hizo en el Supremo, y ha calificado «vergonzoso» y «poco profesional» que el exsecretario de estado defienda que toda la actuación fue «correcta». Según García Berrio, la actuación de la Policía Nacional «quería dejar claro a la ciudadanía que se estaba haciendo una cosa ilegal, más allá de cumplir la orden del TSJC».

Por su parte, el nuevo concejal de Drets de Ciutadania del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, se ha mostrado satisfecho por la declaración de Nieto, después de que la fiscalía y la abogacía del estado pidieran expulsar el consistorio como acusación popular. Por las declaraciones de este martes de Nieto, Serra espera que próximamente sean investigados altos mandos policiales y responsables políticos, aunque no ha querido concretar a quién pedirán que se investigue. En todo caso, cree que es evidente que la actuación policial el 1-O «no fueron agentes descontrolados», sino una actuación planificada, y ha recordado que en la capital catalana hay 41 agentes investigados y cuatro de los ocho mandos a pie de calle también. Por eso, considera que ahora se entra en una nueva fase judicial donde habrá que investigar el diseño del operativo policial.

A preguntas de los periodistas, ha dicho que la intervención del Ayuntamiento en el procedimiento judicial no variará a pesar del pacto de gobierno con el PSC, asegurando que el consistorio defiende los derechos humanos de todo el mundo, sea o no independentista. Además, ha afirmado que esta personación como acusación popular no ha salido en las negociaciones con el PSC.

Aparte de Nieto también han declarado tres policías que actuaron en la escuela a Mediterrània de la Barceloneta, uno de ellos desde Canarias por videoconferencia. Todos han seguido una línea similar a la de otros agentes y han asegurado que no golpearon a nadie, sino que se limitaron a hacer de cordón de seguridad para que otros agentes pudieran retirar las urnas. En ningún momento vieron heridos ni ambulancias, han dicho, aunque en muchas imágenes se pueden ver policías bien cerca de los lesionados. Uno de ellos ha definido el ambiente que había como «hostil» a pesar de reconocer, al mismo tiempo, que los concentrados actuaban con «pasividad», según fuentes jurídicas.

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