Discrepancias en el coste de los locales: los peritos de la acusación sostienen 900.000 euros y los de Bassa no imputan gasto

El tribunal del 1-O ha asistido a la primera pericial donde se han contrastado informes encargados por la fiscalía y la abogacía del Estado con la contrapericial de los de la defensa (la de la exconsellera Dolors Bassa) sobre el valor de uso por arrendamiento de los locales que se utilizaron el 1-O. Los peritos de la acusación sostienen que el valor de los 2.259 de los locales analizados habrían tenido un coste de 900.000 euros si se hubieran alquilado. El valor se calcula en base a la totalidad de la superficie y si se hubiera alquilado por 24 horas. Han reconocido, sin embargo, que los que se los pide es un «ejercicio teórico y estimativo» porque el 85% de los municipios de Cataluña no tienen datos colgados a Internet, por ejemplo, y reconocen que hay errores que «corrige la estadística». En cambio, los peritos de Bassa sostienen que no se puede calcular este valor porque los edificios públicos «no están en el mercado de alquiler» y han cuestionado las afirmaciones de los peritos de la acusación.

La fiscalía (y la abogacía del Estado que se adhirió) encargó un informe en verano pasado sobre el valor que habría tenido arrendar un total de 2.259 locales que se utilizaron para el 1-O. Los peritos de Segipsa i Ibertasa, Carlos Javier Irisarri y José Manuel Cámara, han explicado que el encargo que se les hizo no les pedía analizar la titularidad de los locales que se habían utilizado y que tampoco comprobaron si, finalmente, el 1-O abrieron todos.

«Hemos sido prudentes porque estamos haciendo una estimación, no queremos perjudicar y lo que no sabemos lo ponemos en el parámetro más desfavorable», ha explicado uno de los técnicos de la fiscalía.

«Esta valoración no se puede hacer»

Entre los locales analizados, hay que son de la Generalitat pero también muchos de titularidad municipal. Por eso, los técnicos de la contra pericial encargada por el letrado de Bassa, Jordi Duatis y Joan Güell, han afirmado que el encargo que se les hizo a sus colegas no se podía analizar. Y que si a ellos les hubieran pedido este informe habrían dicho que no se podía hacer.

La tesis de los peritos de Bassa es que los edificios que son públicos no se pueden alquilar «porque no están en el mercado inmobiliario normal». La fiscal Consuelo Madrigal ha preguntado si no se pueden alquilar y han respondido que no, que como mucho se pueden establecer precios para Ley de tasas pero que eso no pasó el 1-O.

Además, cuestionan que en la pericial de la fiscalía se incluya la totalidad de metros del edificio para calcular el valor. En algunos casos, se han incorporado edificios de hasta ocho plantas y, por eso, los peritos de Bassa aseguran que para votar no se dispone de todo el espacio. «Se han incluido edificios de 2.234 m2 y eso es imposible, no se puede calcular en base a todo el edificio porque eso no se puede tener en cuenta», ha reiterado uno de los expertos en tasación. Además, también critican que se calcule en base a 24 horas porque la votación no duró tanto.

Además, los peritos de Bassa han cuestionado la tasa de actualización se ha aplicado para ajustar el valor. Según han criticado, aplicar un 7% es propio «de un piso en el paseo de Gracia» y consideran que se tendría que haber aplicado un 3%. Un hecho que rebajaría hasta la mitad el coste de los 900.000 euros de la pericial encargada por las acusaciones.