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Juicio 1-O
Imatge general de les pèrites Maria del Carmen Tejera, Sara Izquierdo, Teresa Cecília Hernández i Mercedes Vega declarant al Suprem.

Imagen general de las peritas Maria del Carmen Tejera, Sara Izquierdo, Teresa Cecília Hernández y Mercedes Vega declarando en el Supremo.

Imagen general de las peritas Maria del Carmen Tejera, Sara Izquierdo, Teresa Cecília Hernández y Mercedes Vega declarando en el Supremo.

Cuatro peritas afirman en el Supremo que existe perjuicio al patrimonio público si se presta el servicio aunque no se cobre

Desgranan diferentes partidas aportadas por las acusaciones para sostener la malversación y afirman que el encargo se hizo

Actualizada 22/05/2019 a las 15:07

El tribunal del 1-O ha escuchado este miércoles la primera pericial propuesta por la fiscalía y la abogacía del Estado que gira entorno al delito de malversación. Las cuatro peritas han defendido que existe perjuicio para el patrimonio público ya desde el momento que se presta el servicio, independientemente de si se cobra o de si, posteriormente, se emite una factura negativa o se renuncia a cobrarlo. «El perjuicio para la hacienda pública no es cuando se paga –que es totalmente irrelevante, indiferente y absolutamente inocuo - sino que cuando se entiende realizado el gasto, que es con el reconocimiento de la obligación o con la prestación del servicio, sostiene una de las peritas». A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, han desgranado una a una diferentes partidas donde las acusaciones consideran que el Govern malversó dinero público y han sostenido que, efectivamente, en la mayoría de ellas el servicio se prestó.

El tribunal ha decidido unir las periciales solicitadas por fiscalía y abogacía del Estado en base al «principio de contradicción y defensa» y porque ambas giraban en torno a la malversación. Lo que han relatado las cuatro peritas (todas ellas o abogadas del Estado o altas funcionarias de la intervención del Estado) -Camen Tejera, Sara Izquierdo, Teresa Cecília Hernández y Mercedes Vega- seguro que las acusaciones lo recogerán en sus informes finales, ya que los ayuda a sostener que hubo malversación.

Las cuatro expertas no sólo sostienen que hay «perjuicio para el erario público» por el hecho de contraer una obligación de pago, sino desde el momento que se presta el servicio y que el empresario o proveedor hace aquello que se le encarga. Independientemente, pues, de si después renuncia a cobrar la factura, no la reclama o hace una factura negativa.

Sobre la factura negativa (que diferentes testigos explicaron que habían emitido), ha dicho que no supone una renuncia a cobrar «por sí misma» sino que sirve para reclamar el IVA. Es decir, si un empresario le encargan un trabajo, emite factura y no le pagan tiene un doble perjuicio. Por una parte, no cobrar, y por otra parte, haber abonado el IVA al Estado que consta en la factura. Por eso, el sentido de la factura negativa sería recuperar el IVA y, al menos, tener un perjuicio menos, añadido al hecho de no cobrar el servicio.

Contradicen a los testigos de las defensas
Durante el juicio, las defensas han aportado diferentes testigos para negar la malversación. Algunos de ellos, empresarios que hicieron trabajos que podrían relacionarse con la preparación del referéndum y que explicaron que desconocían la finalidad y que, en la gran mayoría de los casos, ni cobraron ni iniciaron trámites para reclamar el dinero. Algunos, incluso, hicieron facturas negativas.

El director del gabinete jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, también dijo que no habían detectado ningún compromiso de pago relacionado con el 1-O. Durante el interrogatorio, dijo que no detectaron ninguna actuación administrativa que comportara gasto o compromiso de dinero público para la organización del referéndum.

Esteve reconoció que existen «facturas pro forma» que interpretan que son «como presupuestos» y que sólo llegó a entrar en un departamento. «Formalmente no consta ninguna petición de presupuesto ni ningún compromiso de pago», ha sentenciado. Y ha insistido en que, aunque lleven el sello de salida de la Generalitat, «a nivel administrativo ni hay ningún encargo ni factura pendiente de pago ni ningún compromiso de pago».

La campaña 'Civisme' no se llegó a emitir
Con respecto a la campaña 'Civisme', las peritas han asegurado que en agosto del 2017 el exconseller Turull pidió al exvicepresidente Oriol Junqueras una transferencia desde los fondos de contingencia para hacer una campaña para resaltar «valores de la democracia, la cultura de la paz o la solidaridad» por valor de 3,4 MEUR. La campaña fue encargada por el secretario de Difusió de Presidència, según los peritos, a pesar de remarcar que no se llegó a emitir.

Según el expediente de contratación, el plazo para insertar los anuncios se acababa el 30 de septiembre, han dicho, y «no se hablaba de los atentados de Barcelona». Al respecto, han explicado que una respuesta de la interventora general de la Generalitat a un requerimiento vinculaba esta campaña con los atentados.

Las peritas han explicado que la campaña no se llegó a emitir por la renuncia de dos empresas. La primera de ellas, Carat, porque «una vez tienen acceso a la creatividad del anuncio que se quiere emitir» concluyen que hay «riesgos» y que pueden tener «problemas legales». Posteriormente, han añadido, también renunció Focus.

El anuncio de las vías, dos facturas de la CCMA
Con respecto al anuncios de las vías del tren, las peritas han explicado que la respuesta que dio a la Generalitat a Hacienda es que «no tenían conocimiento de ningún expediente de contratación ni de ningún documento contable» en relación en estos. Las expertas han constatado que los medios públicos de la CCMA emitieron dos anuncios por encargo del responsable de Difusión Institucional de la Generalitat, Jaume Mestre, quien durante su declaración en el Supremo dijo que no trató con la Corporació de los anuncios y negó conocer la campaña de las vías. Es el único testigo al que la fiscalía pidió investigar por falso testimonio

Las peritas han añadido que la CCMA emitieron «dos facturas» correspondientes a los dos anuncios que se emitieron. Sin embargo, han dicho que no les consta que la interventora de la Generalitat advirtiera que aquetes facturas tuvieran vinculación con el referéndum.

«Obligación» de la Generalitat de financiar el Diplocat
Las peritas han sostenido que el Diplocat es un organismo que está «integrado» en los presupuestos de la Generalitat y sometido a su intervención. De hecho, han remarcado que la Generalitat tiene «la obligación» de financiar «mayoritariamente» la entidad según lo que está establecido en sus estatutos.

Los colegios son «sujetos de aprovechamiento»
Con respecto al uso de los colegios para la celebración de la jornada del 1-O, las peritos han asegurado que los centros utilizados son «sujetos de aprovechamiento» y, por lo tanto, pueden tener «contraprestación económica» por su uso.

Inserción de anuncios en la prensa internacional
A preguntas de la fiscalía, también han detallado una campaña internacional que consistió en «insertar anuncios en diarios europeos» para publicitar una conferencia en el Parlamento europeo a cargo de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva, y que incluía «el dibujo de una urna con una papeleta» y que «ponía un referéndum catalán en los diferentes idiomas en función del país». Han explicado que el encargo se hizo desde la Direcció General de Difusió del Departament de Presidència, y que el servicio lo hizo Havas Media y se pagaron 91.000 euros.

También han explicado la contratación de The Hague Center for Strategic Studies por parte de la delegación del Governo ante la Unión Europea (UE) «con autorización de la conselleria». Las peritas han añadido que estaban previstos tres pagos, pero que el último de ellos se suspendió.

Registro de catalanes en el exterior
Con respecto a la campaña del registro de catalanes en el exterior, han explicado que el servicio del diseño del anuncio se hizo, y que consistía para que los residentes en el exterior «conocieran necesidades que tuvieran y también facilitar el ejercicio de su derecho». En este caso, ha dicho que la inserción del anuncio no se pagó porque un informe de los servicios jurídicos aconsejaron suspendrelo porque estaba dentro de un «proceso judicial en curso».

Las peritas también han hecho referencia, a preguntas de la fiscalía, a la web Catalonia Votes y a los «pagos en el diario Ara por traducciones de noticias al inglés». Las expertas han dicho que incluyeron en sus informes los «gastos mensuales» durante el año 2017, que está «acreditada» la prestación del servicio pero que los últimos meses no se pagaron.
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