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Treballadors del Govern afegeixen una pancarta damunt l'anterior, ara amb el llaç blanc i una franja vermella, al balcó del Palau de la Generalitat.

Nueva pancarta, Palau Generalitat, JEC

Trabajadores del Gobierno añaden una pancarta encima del anterior, ahora con el lazo blanco y una franja roja, en el balcón del Palau de la Generalitat.

Torra declara este miércoles como investigado para desobedecer la JEC con los lazos amarillos

El TSJC lo ha citado después de admitir a trámite una querella de la Fiscalía Superior

Actualizada 14/05/2019 a las 16:03

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, declarará este miércoles a las diez y media de la mañana como investigado para desobedecer las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) que lo obligaban a retirar de los edificios públicos los lazos amarillos y las pancartas que pedían la libertad de los políticos presos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo ha citado a declarar después de admitir a trámite una querella de la Fiscalía Superior por desobediencia, donde el fiscal superior, Francisco Bañeres, constataba que Torra desatendió el mandato de la JEC «consciente y deliberadamente», manteniendo «aunque fuera de manera encubierta o simbólica» símbolos y carteles «de la misma naturaleza ideológica y partidista, representativa únicamente de los postulados de una parte de la sociedad».

Según el fiscal, el requerimiento de la junta fue «claro y expreso», pero fue «reiteradamente desatendido» por el presidente. El primer pronunciamiento de la JEC fue el 11 de marzo, pero hizo otro una semana después, dando 24 horas a Torra para retirar todas las pancartas y símbolos y advirtiendo que si no lo hacía, podía incurrir en responsabilidades administrativas y penales.

El presidente cambió entonces el lazo amarillo por otro de blanco con una franja roja en la fachada del Palau de la Generalitat. Colocó una nueva pancarta encima del anterior, con el mismo lema sobre los presos y los exiliados, pero con el cambio de color del lazo. También añadió otra con la frase «libertad de expresión». El presidente actuó de esta forma después de que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, le recomendara que retirara los lazos amarillos y las esteladas de los edificios de la Generalitat.

Según la querella de la fiscalía, Torra procedió a «desatender el mandato» de la junta de forma «consciente y deliberada», porque mantuvo la simbología aunque fuera de manera «encubierta». De hecho, la JEC ya instó el 21 de marzo al conseller de Interior a actuar al constatar «la existencia de una voluntad de desobedecer» por parte de Torra. El cambio de unos símbolos por otros, dijo la junta, «no se puede entender como un intento de cumplimiento formal y no tiene ninguna otra finalidad que burlarse los requerimientos emitidos por esta junta».

Esta «reiterada negativa a dar cumplimiento» en aquello establecido por la JEC, continúa la querella, «no puede quedar enmascarada ni por una supuesta voluntad de acudir en otros órganos informantes» que no tienen competencia en esta materia (en referencia al Síndic), ni tampoco por una «sustitución de los símbolos por otros que pretendían significar exactamente lo mismo». Seguía siendo «simbología partidista», a opinión de fiscalía, que además incluía «multitud de carteles con expresiones escritas».

Las resoluciones de la JEC, apunta al fiscal, se refieren «con claridad» a todo tipo de simbología ideológica, aunque se focalicen en esteladas y lazos amarillos. Finalmente, las pancartas y símbolos fueron retirados.

Los hechos tienen «a priori» una «presencia delictiva»
El magistrado del TSJC Carlos Ramos Rubio, poniente de la resolución por la que se ha admitido a trámite la querella, hace un dibujo legal de los motivos por los que se tiene que admitir o no, y llega a la conclusión que se tiene que aceptar «teniendo en cuenta» que la demanda «se dirige contra persona aforada ante este Tribunal Superior de Justicia», que «cumple los requisitos» descritos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que la relación circunstanciada de hechos que incorpora «presenta a priori una presencia delictiva» y que aporta «un principio de prueba» de aquellos hechos.

Gonzalo Boye, abogado de Torra, cree que la orden de la Junta Electoral Central era «ilegal e incluso prevaricadora», «no era clara, sino general» y «obligaba el presidente a Torra a hacer cosas que no podía hacer porque la ley se lo prohíbe». De hecho, el presidente presentó una querella contra la JEC por prevaricación.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Associació de Municipis per la Independència (AME) y la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) han organizado para este miércoles una acción de apoyo a Torra antes de que declare al TSJC.
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