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Las consecuencias del 1-O
L'exsecretari general d'Interior, César Puig, a les portes de l'Audiència Nacional, i l'advocat, Jaume Alonso-Cuevillas

La defensa de Cèsar Puig pide la absolución a la AN y propone Jané y Pérez de los Cobos de testigos

El exsecretario general de Interior, César Puig, en las puertas de la Audiencia Nacional, y el abogado, Jaume Alonso-Cuevillas

La defensa de Cèsar Puig pide la absolución a la AN y propone Jané y Pérez de los Cobos de testigos|testimonios

El escrito apunta que no existen «ni el menor indicio» que el exsecretario general de Interior diera instrucciones a los Mossos

Actualizada 09/04/2019 a las 19:09

La defensa del exsecretario general de Interior Cèsar Puig –ejercida por Jaume Alonso-Cuevillas- ha pedido la absolución ante la Audiencia Nacional y ha propuesto como testigos, entre otros, el exconseller de Interior Jordi Jané y lo que fuera coordinador del operativo policial del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, así como también de los comisarios del Mossos Ferran López y Emili Quevedo. Según sostiene al escrito no hay «ni el menor indicio en la causa» de que Soler diera indicaciones o instrucciones a los Mossos el 1-O, ni tampoco que «omitiera el deber» en relación a las obligaciones de su cargo. También destaca que no formó parte de ninguna iniciativa legislativa para hacer el referéndum. La fiscalía solicita para él 11 años de prisión por un delito de rebelión.

En el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, el letrado de Cèsar Puig pide la absolución del suyo representado y argumenta «la ausencia de cualquier diligencia de investigación» dirigida a probar que diera instrucciones a los Mossos durante el 1-O. «Todas las imputaciones efectuadas son deducciones oblicuas, tangenciales y referidas a las relaciones estrictamente funcionales de  mi defendido», recoge el escrito.

Según sostiene el letrado, no se ha podido probar «ni una sola instrucción, orden (ni que sea verbal) o directriz ni recomendación existente o el menor rastro» durante la investigación del caso. Ademá, reprocha que el escrito de acusación de la fiscalía como el procesamiento que en su momento hizo la magistrada instructora, Carmen Lamela, reproducen algunas frases literales «pretendidamente incriminatorias» que están a los atestados policiales. «Son suposiciones o deducciones elaboradas por la fuerza policial», sostiene, y apunta directamente al responsable de los atestados, el teniente coronel Daniel Baena.

En el escrito, Alonso-Cuevillas asegura que la única implicación que tuvo Puig fueron las resoluciones firmadas en ejercicio de sus competencias para proveer «del material necesario» a los Mossos para poder actuar el 1-O «y cumplir el mandato judicial».

Asimismo, asegura que no está «la más mínima referencia» a la participación del exsecretario general en reuniones ni grupos parlamentarios ni con miembros del Gobierno dirigida a «planificar el incumplimiento de los mandatos judiciales».

En definitiva, la defensa de Cèsar Puig afirma que «no existe el menor indicio» a la causa de que el exsecretario general de Interior diera ninguna orden a los Mossos ni tampoco que omitiera ninguno de sus deberes.

Propuesta de testigos 
En el escrito, su abogado incorpora una relación de las pruebas testificales y documentales que solicita para cuando se celebre el juicio (que todavía no tiene fecha). Entre ellos, propone que declare como testigo el exconseller de Interior Jordi Jané, el exdirector general de la Policía, Albert Batlle, el exsecretario de Economía, Josep Maria Jové, el secretario general del Ministerio del Interior que lo sustituyó en aplicación del 155, Juan Antonio Puigserver, los comisarios Ferran López y Emili Quevedo, el coordinador del operativo policial del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, y del autor de los atestados de la Guardia Civil, el teniente coronel Daniel Baena.

La fiscalía solicita para él 11 años de prisión por un delito de rebelión, los mismos que para el mayor Trapero y el exdirector general de la Policía, Pere Soler. Para la intendente Laplana, el ministerio público pide una pena de 4 años de prisión por un delito de sedición.
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