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Agents de la Guàrdia Civil d'esquena mirant la seu del setmanari 'El Vallenc', el 9 de setembre del 2017 (Horitzontal).

El Vallenc, Guardia Civil

Agents de la Guàrdia Civil d'esquena mirant la seu del setmanari 'El Vallenc', el 9 de setembre del 2017 (Horitzontal).

El juzgado 13 procesa 30 investigados por malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación

Descarta los delitos de rebelión y sedición y levanta la imputación a 15 personas, entre ellas Santi Vidal i Viver y Pi-Sunyer

Actualizada 09/04/2019 a las 16:57

El juzgado número 13 de Barcelona ha concluido la instrucción del caso y ha acordado procesar 30 investigados por los delitos de malversación de fondos públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación. La magistrada Alejandra Gil, que sustituyó a Juan Antonio Ramírez Sunyer por su muerte, ha descartado los delitos de rebelión y sedición. Además, ha levantado la imputación a quince personas, entre ellas Santi Vidal y Carles Viver i Pi-Sunyer. También ha impuesto una fianza solidaria de casi 6 MEUR a los 17 procesados por malversación. Entre los ellos hay Antoni Molons, entonces secretario de Difusión y Atención Ciudadana; Joaquim Nin, ex-secretario general de Presidencia; Josep Ginesta, secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia; Amadeu Altafaj, exdirector de la representación de la Generalitat ante la UE, y Albert Royo, exsecretario general del Diplocat.

La magistrada fija en 5,8 millones la fianza solidaria por responsabilidad civil para los procesados por malversación, cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del referéndum del 1 de octubre. El auto, del 4 de abril, establece 24 horas para prestar la fianza. No hacerlo supondrá el inicio del proceso para embargar los bienes.

El auto deja fuera a 15 personas, entre ellas Carles Viver i Pi-Sunyer y Santi Vidal. También señala que no es competente para pronunciarse sobre Lluís Salvadó, por su condición de aforado.

Molons, ex-secretario general de Difusió i Atenció Ciutadana, está procesado por malversación y prevaricación; Nin, ex-secretario de Presidència, lo está por malversación, desobediencia y prevaricación; Ginesta, actual secretario de Treball, está investigado por malversación; Villatoro, ex-secretario de Exteriors, está procesado por malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación; Amadeu Altafaj, exdirector de la delegación en Bruselas, está investigado por malversación y prevaricación, y Albert Royo, del Diplocat, lo está por malversación y falsedad documental.

Otros investigados por malversación son Jaume Clotet, director general de Comunicació; David Palanques y David Franco, responsables del área TIC del Departament de Treball; Natàlia Garriga, directora de Serveis de la Secretaria General de Vicepresidència; Rosa Maria Rodríguez, directora general de servicio de T-Systems; Josué Sallent, director de Estratègia i Innovació del CTTI, y Xavier Puig, responsable del área TIC del Departamento de Acció Exterior.

Vicent Sanchis, director de TV3, Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, están procesados por desobediencia, lo mismo que Núria Llorach, presidenta en funciones de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), y Martí Patxot, director corporativo, comercial y de marketing de la CCMA.

También por desobediencia está procesada Meritxell Massó, secretaria general del Departament de Governació; Montserrat Vidal, del área de Processos Electorals y consultas populares; Mercedes Martínez, encargada de supervisar las obras en una nave que tenía que ser el centro de recogida de datos; Joan Manel Gómez, ninguno de riesgos del Centre de Seguretat de la Informació del Consorci de la Administració Oberta de Catalunya; Josep Masolivé, trabajador de Fundacio.cat, y José María Gispert, gerente de Indugraf Offset S. A.

Francesc Sutrías, director general de Patrimoni, está procesado por malversación y desobediencia; lo mismo que Pablo Raventós, director general de Unipost; Rosa Vidal, interventora general de la Generalitat está investigada por malversación, desobediencia y falsedad documental; Marta Garsaball, autorizada en una cuenta bancaria en Bruselas de la delegación del Govern, está procesada por falsedad documental, y Daniel Gimeno, responsable del tratamiento del fichero de datos del registro de participantes en consultas no refrendarias, lo está por revelación de secretos.

Contra este auto se puede presentar recurso de reforma y de apelación en un plazo de tres días.
 
Lista de procesados
1. Antoni Molons García, secretario de Difusió i Atenció Ciutadana del Departament de Presidència de la Generalitat. Malversación y prevaricación.

2. Joaquim Nin Borreda, secretario general del Departament de Presidència de la Generalitat. Malversación, desobediencia y prevariación.

3. Jaume Clotet Planas, director general de Comunicació del Govern de la Generalitat. Malversación.

4. Josep Ginesta Vicente, secretario general de Treball, Afers Socials i Família. Malversación.

5. David Palanques Bonavia, responsable del área TIC del Departament de Treball, Afers Socials i Família. Malversación.

6. David Franco Sánchez, responsable del área TIC del Departament de Treball, Afers Socials i Família. Malversación.

7. Francesc Sutrías Grau, director general de Patrimoni (vicepresidència, Economia i Hisenda), Malversación y desobediencia.

8. Aleix Villatoro Oliver, secretario general del Departament d’Afers i Relacions institucionals i Exterior i Transparència de la Generalitat. Malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación.

9. Amadeu Altafaj Tardio, director de la delegación del Govern de Catalunya en la Unión Europea. Malversación y prevaricación.

10. Albert Royo Marine, secretario general del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya. Malversación y falsedad documental.

11. Natalia Garriga Ibáñez, directora de Serveis integrada a la Secretaria General dependiente de la Vicepresidència d’Economia. Malversación.

12. Pablo Raventós, director general de Unipost. Malversación y desobediencia.

13. Rosa Maria Rodriguez Curto, directora general de Servei de T-Systems. Malversación.

14. Francesc Fabregas Bonet, administrador de El Vallenc. Malversación y desobediencia.

15. Josué Sallent, director de Estratègia i Innovació en el CTTI. Malversación.

16. Xavier Puig Farré, responsable del área TIC del Departament d’Acció Exterior, Relaciones Institucionals i Transparència. Malversación.

17. Rosa Vidal Planella, interventora general de la Generalitat. Malversación, desobediencia y falsedad documental.

18. Meritxell Massó Carbó, secretaria general del Departament de Governació. Desobediencia.

19. Nuria Llorach Boladeras, vicepresidenta y administradora única de la CCMC. Desobediencia.

20. Frederic Udina Abelló, director del IDESCAT. Desobediencia y revelación de secretos.

21. Montserrat Vidal Roca, área de Processos Electorals i consultes Populars. Desobediencia

22. Vicent Sanchis Llàcer, director de TV3. Desobediencia.

23. Saül Gordillo Bernárdez, director de Catalunya Ràdio. Desobediencia.

24. Martí Patxot, director corporativo, comercial y de márqueting de CCMA. Desobediencia.

25. Mercedes Martínez, encargada de supervisar las obras en una nave que debía de ser el centro de recogida de datos. Desobediencia.

26. Joan Manel Gómez Sanz, jefe de Riscos del Centre de Seguretat de la Informació del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya. Desobediencia.

27. Josep Masolivé Puig, empleado de Fundacio.cat. Desobediencia.

28. José María Gispert Giménez, gerente de Indugraf Offset SA. Desobediencia.

29. Marta Garsaball Pujol, autorizada en una cuenta bancaria en Bruselas el titular del cual era la Delegació del Govern de la Generalitat. Falsedad documental.

30. Daniel Gimeno Alcañiz, responsable del tratamiento del fichero de datos del registro de participantes en consultes no refrendarias. Revelación de secretos.
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