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El secretari general de la Intersindical-CSC, Carles Sastre,

El secretario general de la Intersindical-CSC, Carles Sastre,

El secretario general de la Intersindical-CSC, Carles Sastre, anunciando la huelga general.

El próximo 7 de febrero habrá huelga general para rechazar la «vulneración de derechos democráticos»

La Intersindical-CSC asegura que se trata de una huelga «laboral» programada cinco días antes de la fecha prevista del inicio del juicio del 1-O

Actualizada 01/02/2019 a las 16:42

La Intersindical-CSC ha reducido a un día, el 7 de febrero, la huelga general prevista en un inicio para los días 5, 6 y 7 de febrero. El sindicato republicano, que ha remarcado que se trata de una huelga «laboral», ha llamado este viernes a todos los trabajadores de centros públicos y privados a hacer un paro de 24 horas bajo el lema 'Sin derechos no hay libertad'. La huelga tendrá lugar cinco días antes de la fecha prevista para el inicio del juicio a los líderes independentistas, el 12 de febrero, con la derogación completa de la reforma laboral del 2012 como principal reivindicación. Eso en un contexto «regresión importante de derechos y libertades», ha asegurado al secretario general de la Intersindical-CSC, Carles Sastre, una situación de «vulneración de derechos democráticos» que entienden que tienen que responder.

La protesta se enmarca dentro de un proceso de «movilizaciones sostenido», ha asegurado la secretaria nacional de Igualdad, a Ester Rocabayera, después del paro del pasado 21 de diciembre y con el 8 de marzo como próxima vaga marcada en el calendario. «Convocamos la huelga en un contexto de flagrante vulneración de derecho político y sociales, pero una vulneración que viene de años atrás», ha afirmado Rocabayera, cuando hace siete años de la reforma laboral.

La huelga del 7 de febrero mantiene los mismos motivos del paro de dos horas que el sindicato convocó el pasado 21-D. La derogación completa de la reforma laboral del 2012, un salario mínimo catalán de 1.200 euros mensuales, la recuperación de las leyes sociales aprobadas por el Parlament y paros en el TC, la plena igualdad de género en los centros de trabajo y el avance hacia un modelo de función pública de calidad, entre otros.

Desde la última convocatoria de huelga el 21-D, la Intersindical ha mantenido conversas con entidades y sindicatos que les han hecho llegar a la conclusión que el 7 de febrero era el momento más «adecuado» para reafirmarse en estas reivindicaciones.

A pesar de no hay proyectadas más huelgas antes de la del 8 de marzo para el Día Internacional de las Mujeres, Sastre no descarta una nueva movilización en función de como se desarrolle el día 7 de febrero y de «cómo evolucione la situación en tema de reformes». «En cada situación se podría llegar a plantear», ha matizado Rocabayera.

«Somos conscientes de que estamos en un momento en el cual hay una regresión importante de derechos y libertades, no sólo en el estado español, si no a nivel global», ha apuntado a Sastre. En este contexto de «deriva hacia la derecha y vulneración de los derechos mínimamente democráticos», entienden que «se tiene que responder a estas tendencias».

Apoyos a la huelga
Sastre ha asegurado que la expectativa de la huelga está dando «suficientes resultados» y que están yendo «más allá» de su potencialidad. «Nos consta que hay comités de empresas importantes que tienen interés al participar», ha dicho Sastre respecto de la falta de posicionamiento a favor de organizaciones sindicales mayoritarias. De momento, Solidaritat Catalana per la Independència ha expresado su adhesión a la convocatoria de huelga.

Entre los sindicatos que han expresado el apoyo a la huelga hay Ustec, CGT-Ensenyament, Sindicalistes per la República, les Adics, el SEPC, el Sindicat d’Estudiants y Universitats per la República, además de la ANC, Òmnium y los partidos soberanistas.

De la propuesta «de máximos» que registraron el viernes pasado a Trabajo, el 5, 6 y 7 de febrero, han escogido el último día para tener el máximo de tiempo posible para «ampliar» los apoyos y organizar las movilizaciones.

Con respecto a las patronales, con quienes se reunieron para establecer los servicios mínimos, Sastre ha apuntado que estas consideran que se trata de una «vaga política», un hecho que el sindicato niega y remarca que es «por motivos laborales». No les consta que ninguna patronal haya presentado ninguna denuncia.
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