Diari Més

Los abogados del presos defienden en el Supremo que todos los hechos que se quieren juzgar tuvieron lugar en Cataluña

Critican que hay «intereses» y se buscan «excusas» para mantener la causa en Madrid y no enviarla al TSJC

Imagen general de las defensas en la sala de plenos del Tribunal Supremo, durante la vista de previo pronunciamiento.

Imagen general de las defensas en la sala de plenos del Tribunal Supremo, durante la vista de previo pronunciamiento.Pool Efe

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Los abogados de los presos han defendido en el Tribunal Supremo que la causa se tiene que enviar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Alegan que todos los hechos que se tienen que juzgar tuvieron lugar en Cataluña y alertan de que se han buscado «excusas» para mantener la causa en Madrid porque hay «intereses» que así sea. Entre otros, apuntan que se vulneran derechos fundamentales como el derecho al juez predeterminado por la ley y el de la doble instancia, ya que si se juzga en el Supremo no se podrá recurrir la sentencia. Así lo han defendido durante la vista de previo pronunciamiento, que supone la antesala del juicio del 1-O y que tiene que servir para confirmar si el Supremo es competente para juzgar el proceso.

Los abogados de los presos han intervenido por primera vez ante el tribunal que juzgará el 1-O, siempre que se confirme que el juicio se hará en el Supremo. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha permitido turnos amplios de intervención y ha recomendado que no superaran los 20 minutos, ya que los argumentos ya los han podido expresar a través de escritos previamente.

El primero en intervenir ha sido el letrado de Junqueras y Romeva, Andreu van den Eynde, ha dicho que han denunciado la no competencia del Supremo en todos los trámites que han hecho y considera que es «artificial» que se mantenga en este tribunal. Ha alertado de que si así se determina después de la vista de previo pronunciamiento habrá vulneración de derechos. «No se trata de cumplir la legalidad ordinaria sino los derechos fundamentales», ha manifestado. Entre otros, el derecho a tener el juez predeterminado y el de la doble instancia.

Van den Eynde ha denunciado cómo se ha hecho la instrucción y ha dicho que será un juicio donde se hable «de injusticia, causa general, proceso político y violación de derechos fundamentales». «Se trata de un relato de promoción de ideas, de ideología, muy ajeno a la naturaleza criminal de los hechos», ha denunciado.

Poca confianza en la vista

Por su parte, el abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, Jordi Pina, ha defendido que los hechos del 20 y 21 de septiembre, y el 1 de octubre, se cometieron «claramente en Cataluña», motivo por el que sostiene que la competencia tendría que ser del TSJC. Además, ha añadido que hay otros hechos recogidos en los escritos de acusación que son «actos preparatorios» que no son «tipos penales de rebelión o sedición». Con respecto a la malversación, también ha dicho que, en caso de que hubiera habido, se habría hecho «dentro del territorio de Cataluña» y afectando al patrimonio administrado por la Generalitat.

Pina también ha recordado que, en el caso del 9-N, «nadie se planteó la competencia del Supremo» mientras que en aquel caso «se mostraban fotos de gente votando en el exterior». De hecho, ha recordado que la sala del Supremo se pronunció, siendo ponente Manuel Marchena. Además, el abogado, que ha mostrado «poca confianza» en que el juicio se remita a Cataluña, ha remarcado que, si el juicio se acaba haciendo en el Supremo, «se puede vulnerar el derecho a la doble instancia».

Juzgar los hechos, no los efectos

Por su parte, la abogada de Carme Forcadell, Olga Arderiu, ha contestado los argumentos de la Fiscalía para oponerse a enviar la causa a Cataluña y ha dicho que, en todo momento, se fija en los «efectos» fuera de Cataluña de la declaración de independencia o una «supuesta derogación de la Constitución». En todo caso, Arderiu cree que los hechos siempre se produjeron en Cataluña y que no se puede tener en cuenta donde habrían repercutido los efectos. Arderiu también ha denunciado que si se los juzga en el Supremo no tienen derecho a la doble instancia, ya que la sentencia la emitirá el Supremo y no se podrá presentar recurso.

La abogada que representa a Joaquim Forn, Judit Gené (socia de Xavier Melero, abogado habitual), también se ha pronunciado en esta línea. ha denunciado que la instrucción ha servido para evidenciar que los hechos investigados «se produjeron en Cataluña» y que muchos de ellos provienen de la investigación hecha por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Por lo tanto, considera que no se puede sustentar que la causa la tiene que juzgar el Supremo porque la DUI tuvo «efectos» en todo. «No se trata de evaluar los efectos sino donde tuvieron lugar los hechos», ha reiterado.

Gené ha criticado que se quiera «arrastrar toda la causa al Supremo» aferrándose a hechos como la acción de las delegaciones de la Generalitat en el exterior (que actuaron como lobby, ha dicho) o el hecho de que se hiciera un ingreso de 50.000 euros en una sucursal del BBVA en Bruselas.

«Tribunal sensible a influencias políticas»

Por su parte, la letrada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha dicho que no era aforado y que no hay «ni un hecho» que en relación a su actuación que tuviera lugar fuera de Cataluña. Además, ha recordado que antes de las querellas presentadas por la fiscalía general a finales de octubre de 2017 ya se estaba investigando el referéndum en el juzgado 13 de Barcelona y que «era el competente».

También ha recordado, como de otros letrados, que en el juicio del 9-N se juzgaron en Cataluña los aforados en el Parlament y sólo Francesc Homs (diputado en el Congreso) tuvo juicio en el Supremo. «No hubo ningún problema en dividir la causa», ha dicho.

También ha puesto de relieve que se han retirado las euroórdenes y se han rechazado aforados a los que se imputaban los mismos hechos, como es el caso de Josep Maria Jové y Lluís Salvador. Además, ha remarcado que ha habido «ausencia de investigación internacional» y que la Fiscalía ha usado eso como «excusa» para llevar la causa al Supremo. «De todos los tribunales hemos ido a buscar el más sensible a las influencias del poder político y económico», ha criticado.

Unos argumentos que también ha reiterado el abogado de Dolors Bassa, Mariano Bergés, que ha afirmado que ninguna actuación en relación a los delitos de rebelión o malversación tuvo lugar fuera de Cataluña. Y ha criticado que se quiera justificar la competencia del tribunal sólo por una «conferencia en el extranjero sobre el derecho a la autodeterminación».

El abogado de Carles Mundó, Josep Riba, ha reiterado el argumento que la competencia del juicio tendría que ser del TSJC porque los hechos que describen las acusaciones pasaron en Cataluña. «Se habla de un centro de gravedad, este centro de gravedad se habría producido en Cataluña», ha dicho, también en el delito de malversación, uno de los delitos por los que está acusado su cliente. Sobre este delito, ha dicho que las cantidades de las que habla las acusaciones son «muy pequeñas» y que, en cualquier caso, «el orden de pago se habría hecho desde Barcelona» y «el perjuicio económico es al patrimonio de la Generalitat».

La defensa de Mireia Boya, Carles López, cree que las acusaciones tienen un interés para que la causa se juzgue en el Supremo, pero que «no es aceptable» que el mismo tribunal «tenga interés en arrogarse esta competencia». López ha denunciado que hay una «razón de estado» y una «razón ideológica» para el enjuiciamiento de los hechos contra todos aquellas que «se declaraban independentistas».

Por su lado, la defensa de Santi Vila, ejercida por el abogado Juan Segarra, ha argumentado que si el juicio se acaba haciendo en el Supremo se podría vulnerar la regla de aforo. También ha dicho que «ningún delito» de los que se imputa a su cliente «se llevó a término fuera de Cataluña». El abogado de Anna Simó, Raimon Tomàs, ha remarcado que el TSJC «ya estaba instruyendo los hechos y se había declarado competente», sin que se hubiera discutido, y que cuando se pasa en el Supremo se hace con una «aplicación arbitraria e imprevisible».

Finalmente, el abogado de Joan Josep Nuet, Enrique Leiva, ha defendido que su cliente es uno «rara avis» en este procedimiento y ha remarcado que «no tiene ni orgánicamente ni ideológicamente ninguna relación hacia las tesis independentistas».

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