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El gobierno español exige explicaciones por la falta de respuesta de los Mossos a los CDR

Marlaska advierte a Buch que hará intervenir la policía española si los Mossos no cumplen sus funciones

Uno de los miembros del CDR anima en un coche a pasar por el peaje de Martorell.

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El gobierno español ha pedido este lunes por carta en el gobierno de la Generalitat que explique la supuesta falta de respuesta de los Mossos d'Esquadra ante las actuaciones de este fin de semana de los CDR, que han cortado varias vías y han levantado peajes. Es la primera de las «medidas de reacción» que ha prometido a la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, y que Pedro Sánchez podría desplegar el próximo miércoles en el pleno monográfico sobre Cataluña en el Congreso de los Diputados. En total, son tres cartas que la vicepresidenta Calvo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el de Fomento, José Luis Ábalos, han enviado a sus homólogos Pere Aragonès, Miquel Buch i Damià Calvet. El ejecutivo español se interesa por los motivos por los que los Mossos no actuaron para impedir que se levantaran los peajes y para garantizar la libertad de movimiento. «Aparentemente ha existido un desistimiento de las funciones que tiene atribuidas este gobierno con consecuencias tan de carácter económico y social como para la seguridad pública», dice la misiva enviada a Aragonès.

En las tres cartas, el ejecutivo español se interesa por los motivos por los que los Mossos no actuaron para impedir que se levantaran los peajes y para garantizar la libertad de movimiento. «Aparentemente ha existido una dejación de las funciones que tiene atribuidas este gobierno con consecuencias tan de carácter económico y social como para la seguridad pública», dice la misiva enviada por Calvo a Aragonés.

Según fuentes del gobierno español son «requerimientos de carácter ordinario» que los tres consejeros de la Generalitat han recibido esta tarde. Las misivas recuerdan la «lealtad» que tiene que existir entre los dos gobiernos y trasladan «nuestra inquietud por algunas situaciones producidas los últimos días en Cataluña».

La Moncloa apunta a posibles «incumplimientos del ordenamiento jurídico»

Calvo asegura que «aparentemente ha existido una dejación de las funciones» del gobierno y recuerda que es «obligación» del gobierno español «evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido».

«A estos efectos, sin perjuicio otros requerimientos en curso sobre actos concretos y sus posibles responsabilidades, te pedimos que nos aclares el que ha pasado, en especial, respecto a la actuación de los Mossos ante los incidentes que tuvieron lugar en algunos puntos de peaje», sostiene la misiva.

Calvo añade además una advertencia: «Creo que todos somos conscientes de nuestras respectivas obligaciones para evitar este tipo de acontecimientos»

Marlaskaamenaza con enviar la policía española

El ministro del Interior, por su parte, asegura que el corte de la autopista AP-7 y el levantamiento de los peajes «constituyen una grave alteración del orden público y de la seguridad del tránsito», con «riesgo para personas y bienes», un hecho que se agrava, según el ministro, porque ha tenido lugarfurantun fin de semana de puente.

«Se ha tenido conocimiento que la Policía de la Generalitat, aunque estaba al lugar de los hechos, como se ha podido apreciar a las imágenes grabadas, no ha hecho su tarea de garantizar el desplazamiento de los ciudadanos y la normal gestión de las autopistas de peaje por parte de la empresa concesionaria, con los consiguientes perjuicios», sostiene.

Por eso «requiere» a Buch que «informe de las medidas que se adoptaron para evitar que se produjeran acontecimientos» como estos «de los que ya existían precedentes recientes».

Y advierte a Buch que tiene que dictar «las instrucciones necesarias porque los Mossos ejerzan las funciones que constitucionalmente, estatutaria y legal los incumben». «En caso contrario, por exigencia de la superior responsabilidad en el mantenimiento de la preservación del libre ejercicio de los derechos y libertades y del mantenimiento de la seguridad ciudadanos que corresponde en el gobierno, se ordenará la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando proceda y en términos de proporcionalidad y necesidad».

El «malestar» deÁbalos

La tercera carta, firmada por el ministro de Fomento, José LuisÁbalos, dirigida al consejero Damià Calvet, manifiesta el «más profundo malestar» del Ministerio por los levantamientos de peajes, unos hechos que «dañan la imagen tan de España cómo de la Comunitat Autónoma de Cataluña» y «en particular de las instituciones que la representan», que son «responsables de mantener el orden público».

«Confío que no se vuelvan a producido situaciones o hechos parecidos, y que se garantice la libre circulación de las personas y mercancías, tal como ampara el ordenamiento tan constitucional como europeo», diceÁbalos.

En este marco, emplaza la Generalitat a adoptar «las medidas necesarias porque las reclamaciones de responsabilidades patrimonial que puedan presentar los afectados por la actuación de los responsables directos de los hechos se tramiten con la mayor diligencia».

Pleno monográfico sobre Cataluña

Todo ello será objeto del debate que tendrá lugar miércoles al Congreso de los Diputados, donde Sánchez podría desgranar las «medidas de reacción» que adoptará su gobierno. Sánchez comparecerá a petición propia para hablar ‘sobre la situación política en Cataluña’, pero también de ERC y elPDecATpara explicar las medidas que piensa adoptar ‘que permitan dar una solución democrática a las demandas de la sociedad catalana’, y del PP ‘para explicar las directrices que el gobierno ha impuesto a la Abogacía General del Estado’ para –supuestamente- rebajar los delitos de que se acusa los líderes independentistas.

Fuentes del Ministerio de Justicia y de vicepresidencia han apuntado este lunes a ACN que de momento la Abogacía del Estado no está estudiando medidas a emprender –contrariamente al que ha publicado algún medio-, mientras que el Ministerio del Interior apunta que ahora tampoco se prevé una aplicación extensiva a los Mossos de la Ley de Seguridad Nacional.

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