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El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, durant la seva compareixença.

El Gobierno convocará 30.000 plazas públicas a lo largo de esta legislatura

El conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, durante su comparecencia.

El Gobierno convocará 30.000 plazas públicas a lo largo de esta legislatura

Se buscan funcionarios de Administración y Técnicos, docentes, estatutarios del Institut Català de la Salut (ICS) y personal laboral

Actualizada 12/07/2018 a las 19:03

El conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, ha anunciado que la Generalitat aprobará este otoño una oferta de empleo pública de casi 30.000 plazas, que se irán convocando a lo largo de toda la legislatura. El objetivo, reducir la temporalidad y «estabilizar» la administración catalana. El responsable de este departamento de nueva creación ha comparecido este jueves en el Parlament para exponer sus principales líneas de trabajo. Digitalización de la administración, innovación y «ciudadanía digital», conectividad por todo el territorio y ciberseguridad son las prioridades de la legislatura, según ha señalado Puigneró.

Puigneró ha adelantado al Parlament que el Gobierno tiene previsto aprobar en otoño una oferta de empleo pública de «casi» 30.000 plazas, como forma «de estabilización y consolidación de plantillas para reducir la temporalidad» a la administración pública catalana. Temporalidad que se sitúa hoy en el 36% de los trabajadores públicos.

Según ha detallado el conseller, se convocarán 4.300 plazas de funcionarios de Administración y Técnicos, 16.000 docentes, 9.000 estatutarios del Institut Català de la Salut (ICS) y 685 de personal laboral.

Las Políticas Digitales, protagonistas
El conseller del recientemente creado departamento de Políticas Digitales y Administración Pública ha desglosado en el Parlament los planes de actuación para esta legislatura. Puigneró ha detallado una serie de propuestas e iniciativas alrededor de cinco esos: ciudadanía digital, conectividad, digitalización de la administración, ciberseguridad e innovación digital.

Entre las principales propuestas formuladas por el cconseller está la voluntad de legislar sobre los «derechos y deberes digitales» de la ciudadanía e impulsar la capacitación digital del personal de la administración (al cual se quiere exigir la certificación acreditativa de competencia digital).

Puigneró también ha planteado hacer llegar la red abierta (Internet) de la Generalitat en todas las capitales de comarca en el 2020 y hacer llegar una red de alta capacidad en todos los núcleos de población medios el año 2023.

El conseller ha proclamado que ya «no hay marcha atrás» en el ámbito de la digitalización, y ha apostado por una administración digital «por eficiencia y convicción» y que «no replique el actual en formato digital sino que la transforme». En este sentido, Puigneró ha ligado esta transformación a un modelo de gobernanza más ética y ha apuntado que serán exigentes y aplicarán un código de conducta en los altos cargos y equipos directivos de la administración.

En materia de ciberseguridad, el conseller ha considerado «urgente» poner en marcha la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, suspendes desde que la ley homónima que lo tiene que desplegar está suspendida en el Tribunal Constitucional. Puigneró también ha dicho que quiere aprobar un Plan Nacional de Ciberseguridad e impulsar el Programa Internet Segura.

Los grupos parlamentarios (excepción hecha de los grupos del Gobierno y la CUP) han reprochado al conseller que haya centrado su intervención en las Políticas Digitales y no tanto en la otra rama de su departamento, la administración pública. Entre otras cuestiones, Jèssica Albiach (Cataluña Comú Podem) y Pol Gibert (PSC) han pedido al conseller por la recuperación de la paga extraordinaria retrasada a los trabajadores públicos correspondiendo a los años 2012 y 2013. Este ha aclarado su «compromiso» que así se hará, a pesar de «los inconvenientes que hay al horizonte».
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