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Imatge de la façana exterior de la Ciutat de la Justícia de Gran Canària.

Condenada por denunciar a su expareja de falsas amenazas

Imagen de la fachada exterior de la Ciudad de la Justicia de Gran Canaria.

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Condenada por denunciar a su expareja por falsas amenazas

El denunciado pasó tres meses en prisión, perdió el trabajo y el piso que tenía alquilado, por un delito que no había cometido
  • EFE

Actualizada 23/03/2018 a las 17:02

Una jueza de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a dos años de prisión a una mujer que se envió a sí misma amenazas para intentar involucrar en un delito de violencia machista a su expareja, que como consecuencia perdió su trabajo y pasó tres meses en prisión preventiva. La procesada, Vanessa C.G., de 24 años, acudió entre el 22 y 23 de diciembre de 2016, en cuatro ocasiones, a una comisaría de policía y a los jugados de la capital de Gran Canaria para denunciar que su expareja le enviaba amenazas graves a través de Facebook.

Como consecuencia, el juzgado de guardia de la ciudad ordenó el día de Navidad el ingreso en prisión sin fianza del denunciado, que permaneció privado de libertad hasta el 31 de marzo, con dos consecuencias adicionales: lo despidieron del trabajo y no le permitieron seguir viviendo en la casa que tenía alquilada. Sin embargo, la Policía descubrió mientras investigaba el caso que uno de los mensajes que la mujer había recibido fue enviado cuando el supuesto autor de los hechos estaba detenido en los calabozos, desde donde era materialmente imposible enviar por Facebook esta amenaza. Después, los agentes comprovaron que todas las direcciones IP desde las cuales se habían enviado a la red social los mensajes amenazadores estaban asignadas al teléfono móvil de la denunciante.

Por eso, el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria considera probado que Vanessa C.G. se envió a sí misma todos los mensajes desde su propio móvil, utilizando un perfil de Facebook que imitaba al de su expareja, con la intención de perjudicarlo.

La sentencia precisa que el denunciado pudo recuperar su trabajo cuando todo se aclaró, pero «porque coincidió con personas que pudieron entender la situación y le dieron un voto de confianza». La magistrada entiende que los tres meses que el afectado pasó en prisión, la pérdida temporal de su empleo, el hecho de que le quitaran el alquiler y la «frustración» de tener que defenderse ante una acusación de violencia machista, un ámbito «delicado y de mucha repercusión social», suponen además un daño moral que tiene que ser resarcido, por lo cual condena a la acusada a pagar a su expareja una indemnización de 8.000 euros.
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