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Las consecuencias del 1-O
Imatge d'arxiu de César Puig,

Imatge d'arxiu de César Puig, l'exsecretari general d'Interior.

Lamela imputa el vallense Cèsar Puig y el exdirector de los Mossos en la causa para el 1-O

A petición de la Fiscalía, que les atribuye una «actuación decisiva» a la hora de hacer realidad el referéndum

Actualizada 02/03/2018 a las 13:29

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado citar el 9 de marzo en calidad de investigados el exdirector de los Mossos, Pere Soler, y el exsecretario general de Interior, César Puig, en el marco de la causa sobre la actuación de los Mossos los días 20 y 21 de septiembre, durante las concentraciones delante de la conselleria de Economía, y el 1-O, jornada del referéndum. La jueza los atribuye los mismos dos delitos de sedición que mantiene contra el Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y su intendente, Teresa Laplana, y apunta ahora a un posible delito de organización criminal, en la línea de los informes de la Guardia Civil. Lamela actúa a instancias de la Fiscalía, que asegura que Soler y Puig tuvieron una «actuación decisiva» a la hora de hacer realidad el referéndum. La jueza también da dos días a las partes para que se pronuncien sobre la petición de la Fiscalía de declarar la causa compleja, hecho que podría alargar la instrucción hasta 18 meses.

La Fiscalía había pedido a Lamela la imputación de Soler y Puig aduciendo que formaban parte de una organización para llevar a cabo el referéndum. Según el fiscal, tan el director de los Mossos como el mayor Trapero «se vieron con la obligación de transmitir la sensación» que acatarían las órdenes de impedir el referéndum «cuando en realidad no tenían la más mínima intención de hacerlo».

Por el contrario, según el fiscal, «su colaboración [de los Mossos] con la celebración del referéndum fue más allá de la inactividad y se convirtió en una acción a favor de su consumación». En esta línea, recogía una serie de ejemplos de la supuesta «inacción» de los Mossos y de «la actitud pasiva» de los agentes a pesar de la «resistencia activa» de los votantes del 1-O y de las personas que protegían las aulas. En este relato, el fiscal destacaba las supuestas lesiones que sufrieron los agentes de la policía española a cada uno de los puntos que intervinieron.

«Colaboración real y efectiva»
La jueza tiene que determinar si como|cómo dice el fiscal no sólo hubo «inacción», sino también actos de «colaboración real y efectiva» de los Mossos con el referéndum. Por lo que respecta «tanto a la obstrucción de la actuación de los miembros del CNP como su connivencia con los responsables de las mesas electorales». Según la Fiscalía, estos hechos «sólo pueden ser, como se ha dicho, consecuencia de una actuación policial coordinada y sujeta a las previas instrucciones de los jefes de los Mossos d'Esquadra y de los responsables de la Conselleria de Interior de la Generalitat».

La jueza da dos días en las partes para que se pronuncien sobre la petición de la Fiscalía de declarar la causa como ‘compleja’, hecho que implicaría que la investigación se puede alargar de los seis meses actuales a 18 meses, es decir, un año más. La Fiscalía justificaba la petición por el hecho de que «se puede hablar de numerosos hechos punibles, con numerosas implicaciones personales y que requieren el examen de documentación abundante».
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