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Las consecuencias del 1-O
Un dels vocals de mesa del col·legi electoral del Departament de Salut a Lleida amb l'urna plena de vots pel referèndum i acompanyat de Bombers, l'1 d'octubre de 2017

Hacienda denuncia el Gobierno, l'ANC y Òmnium en el Tribunal de Cuentas para que paguen el gasto del 1-O

Uno de los vocales de mesa del colegio electoral del Departamento de Salud en Lleida con la urna llena de votos para el referéndum y acompañado de Bomberos, el 1 de octubre de 2017

Hacienda denuncia el Govern, l'ANC y Òmnium al Tribunal de Cuentas para que paguen el gasto del 1-O

El Ministerio admite que no puede cuantificar el coste del referéndum y basa la denuncia en informaciones periodísticas

Actualizada 07/11/2017 a las 12:51

El secretario de Estado de Hacienda del gobierno español, José Enrique Fernández Moya, ha presentado una denuncia en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para que el Gobierno se haga cargo de los gastos de la organización del referéndum del 1 de octubre, según consta al documento de denuncia por avanzado por El Español y a la que ha tenido acceso ACN. Fernández Moya solicita que «se adopten medidas» contra el Govern y «los responsables» de la ANC y Òmnium para determinar «el importe de los daños causados para el erario público» en la celebración del referéndum, que incluyen la publicidad de la campaña a la web oficial y en varios medios de comunicación, la contratación del suministro de las urnas, la apertura de 2.315 colegios electorales (agua, luz, telefonía, limpieza y personal) o los usos de medios informáticos. El Ministerio admite que no puede cuantificar el coste del referéndum y basa la denuncia en informaciones periodísticas aparecidas a medios como La Vanguardia, El Mundo y El País.

El ejecutivo español busca que el Tribunal de Cuentas condene al Govern y los responsables de la ANC y Òmnium a pagar de su bolsillo los supuestos gastos del 1-O sufragadas con dinero público, tal como este mismo tribunal hizo con el expresidente de la Generalitat Artur Mas, obligado a abonar un importe de 5,2 millones de euros junto con los exconsellers Homs, Ortega y Rigau.

Con todo, la denuncia del Ministerio de Hacienda ya admite que «en este momento no resulta posible la definición cierta de la cantidad de los daños producidos», aunque lo atribuye a «el ánimo de ocultación de la financiación» por parte desde responsables del referéndum. A pesar de eso, da por hecho que hubo una «actuación ilegal con el uso de recursos públicos por parte del Gobierno de Cataluña y de las Asociaciones identificadas».

A la denuncia de Fernández Moya, número 2 del ministro Montoro, hace constar que después de la aprobación de los decretos de convocatoria del referéndum y las medidas complementarias para su realización el Gobierno tuvo una «actuación consciente» que se estaban utilizando medios humanos y materiales y recursos públicos con «una finalidad manifiestamente conocida y reconocida judicialmente como ilegal».

Basa la denuncia en una retahíla de informaciones periodísticas –que cita- de La Vanguardia, El Mundo y El País, donde se apuntaba a los 2.315 colegios electorales y 6.249 mesas, a la campaña electoral, a los medios informáticos, a las aplicaciones móviles y en las papeletas, así como en el merchandaising y los carteles electorales. Por eso pide que –además de las aplicaciones informáticas y el coste de las papeletas- se contabilice el coste del uso de los colegios electorales (incluido el del agua, luz, telefonía, limpieza y personal), así como el «coste del transporte» de las urnas y las papeletas en los colegios electorales.

Con estas premisas, pide a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que «adopte las medidas precisas» para «definir el importe de los daños causados en el erario público derivado de la citada actividad con medios patrimoniales mobiliarios e inmobiliarios públicos existentes utilizados para la celebración del referéndum». También emplaza la Fiscalía a pedir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) las actuaciones que ha utilizara sobre el 1-O, y que acuse el Govern y determine «la eventual responsabilidad que corresponda» a la ANC y Òmnium.
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