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Meritxell Serret, Joaquim Forn, Clara Ponsati, Carles Puigdemont, Meritxell Borràs, Antoni Comín i Dolors Bassa a Brussel·les.

La Audiencia Nacional cita a declarar en Puigdemont y los consellers el 2 y 3 de noviembre

Meritxell Serret, Joaquim Forn, Clara Ponsati, Carles Puigdemont, Meritxell Borràs, Antoni Comín y Dolors Bassa en Bruselas.

Reuters

La Audiencia Nacional cita a declarar en Puigdemont y los consellers el 2 y 3 de noviembre

La magistrada Carmen Lamela admite la querella por rebelión y da tres días a los investigados para depositar una fianza solidaria de 6,2 MEUR
  • Tania Tapia

Actualizada 31/10/2017 a las 19:49

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido a trámite la querella de la fiscalía general del Estado contra el presidente Puigdemont y trece consellers por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. La magistrada se ha declarado competente y cita Puigdemont y todos los consellers los días 2 y 3 de noviembre a las 9h de la mañana. Es la misma fecha escogida por el Tribunal Supremo para citar Forcadell y los miembros de la Mesa. De momento, no ha trascendido el orden de citación y, por lo tanto, se pide en los catorce que estén a las 9h del 2 de noviembre a la Audiencia Nacional. La magistrada también ha acordado dar tres días a fin de que depositen, de manera solidaria, una fianza de 6.207.450 euros, la misma cantidad que fijaba la fiscalía. Si no aportan el dinero, se procederá a embargarlos los bienes. Lamela es la misma magistrada que ya envió a la prisión a los presidentes de la ANC y Òmnium y que investiga también el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero.

El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han coincidido en citar a los 20 miembros del Gobierno y el Parlament investigados por rebelión los días 2 y 3 de noviembre. Los 20 tendrán que estar a primera hora de la mañana (a las 9h en la Audiencia y a las 9.30h en el Supremo) y se desconoce en qué orden se los tomará declaración. Los dos edificios judiciales están situados a pocos metros, dentro de la misma plaza.

Lamela da por buenas las tesis de Maza
En la resolución, Lamela recuerda fragmentos enteros de la querella donde se dan por buenas las tesis de Maza. La magistrada asegura que la querella de Maza se «basa en hechos objetivos» que recogen desde la resolución aprobada en el Parlament en noviembre de 2015 (que marcaba la llamada hoja de ruta) hasta la declaración de independencia del 27 de octubre.

Lamela también incluye en la resolución referencias a las manifestaciones promovidas por ANC y Òmnium, que «actuaban como brazo civil del alzamiento impulsado por los independentistas».

Apunta también que, todo y las resoluciones del TC, el Gobierno continuó «impulsando medidas necesarias para la declaración de un estado independiente en forma de república». Lamela dice que lo hicieron «valiéndose de la mayoría parlamentaria» y con el apoyo también «de las asociaciones independentistas».

Lamela afirma que a la querella se exponen «de manera seria, racional y lógica» los hechos que traen a la fiscalía a hacer la calificación inicial del delito de rebelión. «Tal y cómo vienen relatados los hechos en la querella no se puede excluir, en este momento, su carácter delictivo ni la intervención en ellos de los querellados», afirma la magistrada.

Avisa que habrá medidas cautelares
La magistrada ya alerta que pedirá medidas cautelares y lo hace antes, incluso, de haberlos tomado declaración. Según Lamela, «existen factores para determinar la adopción de medidas cautelares de carácter real». Hace referencia al riesgo de fuga y recuerda «la necesidad de que haya medidas cautelares en el proceso penal» en dos supuestos: si un proceso penal tiene una duración muy larga o si «la actitud de la persona afectada por el proceso que, si es culpable o así se siente, tiene una tendencia natural que lo traerá a realizar actos que dificulten o impidan que el procedimiento penal cumpla su finalidad».

«Son tales la gravedad y la complejidad de los hechos aparentemente delictivos que en el presente proceso que ahora se inicia y cómo que el juicio oral no se encuentra en absoluto cercano, esto justifica el aseguramiento de las responsabilidades sobre las cuales recaen las sospechas», recoge la interlocutoria.

Además, Lamela también justifica el porque de la petición de la fianza de 6,2 MEUR. «Tiene que considerarse razonable y prudente adoptar medidas cautelares que aseguren las responsabilidades pecuniarias que puedan finalmente decretarse en la presente causa», justifica. La magistrada da tres días a los investigados para, de manera solidaria, depositar el dinero. Si no lo hacen, los embargarán los bienes.

Justifica que la AN es competente
La magistrada argumenta que la Audiencia Nacional es competente para investigar a Puigdemont y su Gobierno. Lamela se remite a las resoluciones de los pasado 27 de septiembre y 11 de octubre donde explicaba por qué la Audiencia Nacional era competente para investigar las causas de sedición y afirma que aquellos razonamientos «pueden hacerse extensivos a los delitos de rebelión».

Lamela recuerda que la rebelión contempla expresamente un «alzamiento público y violento» que tenga por finalidad declarar la independencia de una parte del territorio nacional y que esto, según sostiene, tiene como propósito «cambiar ilegalmente la organización del Estado». Por lo tanto, lo incluye dentro de los delitos que suponen una ofensa contra la forma de gobierno, que son competencia de la Audiencia Nacional.

Además, la jueza se aviene a la petición de la fiscalía y une en un único sumario este caso y también la causa abierta por sedición contra los líderes de ANC y Òmnium y del ex jefe de los Mozos, Josep Lluís Trapero. Aun así, pide que se abre una pieza separada.
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