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La policia espanyola envoltant la seu de la CUP, mentre simpatitzants criden en contra de l'actuació i en favor de l'1-O.

La policía se retira de puerta de la sede de la CUP y se lleva material de la campaña

La policía española envolviendo la sede de la CUP, mientras simpatizantes gritan en contra de la actuación, el pasado miércoles.

La Audiencia Nacional denuncia las concentraciones del miércoles por «alzamiento contra la autoridad»

La Fiscalía de la Audiencia considera que querían «impedir por la fuerza» la actuación de la Guardia Civil durante los registros

Actualizada 22/09/2017 a las 15:51

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una denuncia por sedición y pide al juez que investigue e identifique a los responsables de las manifestaciones que se produjeron durante las detenciones del pasado miércoles en Barcelona. La Fiscalía considera que las concentraciones querían «impedir por la fuerza» la actuación de las autoridades y de los cuerpos de seguridad y, por lo tanto, que la actuación de los responsables sería constitutiva de un delito de sedición. Este delito es competencia de la Audiencia Nacional.

En la querella, además, el fiscal pide a la Guardia Civil un atestado donde se detallen todos los hechos que ocurrieron durante los registros en más de 40 sedes (incluidos edificios del Gobierno como la conselleria de Economia de la Generalitat), también en la empresa donde se decomisaron cerca de 10 millones de papeletas y en la sede de la CUP. Según el Código Penal, el delito de sedición persigue aquellos que se alzan «pública y tumultuariamente» para impedir la aplicación de las leyes o la actuación de cualquier autoridad, «ya sea por la fuerza o fuera de las vías legales». Está castigado con penas de prisión de los 4 a los 15 años.

En el escrito de 11 páginas que ha presentado ante la Audiencia Nacional, la Fiscalía asegura que durante los registros ordenados por el Juzgado 13 de Barcelona «una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados con el fin de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales», unas conductas que «son constitutivas de un delito de sedición» que es competencia de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía hace una compilación de estas supuestas actuaciones de «sedición» empezando por la concentración ante la Conselleria de Economia, que quedó colapsada por los manifestantes. El mismo escrito apunta que los «individuos» que asistieron a esta concentración «no han podido ser identificados», pero recoge que durante la manifestación se pincharon «las ruedas de varios coches patrulla de la Guardia Civil que estaban aparcadas ante la Conselleria para impedir su legítima actuación».

A pesar de que dice que no tiene identificados los autores, destaca que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) montó en el número 10 de la Rambla, junto al Col·legi de Periodistes, un punto para voluntarios «donde podían recoger un chaleco de diferentes colores y desde donde se organizaban los turnos de relevo». También destaca que por la noche el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, «pidió que la movilización no se parara» y llamó a la «movilización permanente».

Además, recoge los «incidentes» en la sede de la CUP de Barcelona «como consecuencia de la llegada de una docena de furgonetas de la Policía Nacional» y dónde «de nuevo se organizó una concentración para impedir por la fuerza la actuación de la Policía». En este punto recoge que «una portavoz de la CUP», que no identifica, aseguró: «Si quieren entrar tendrán que pasar por encima de nuestros cuerpos». También la concentración ante la imprenta de Bigues i Riells donde la Guardia Civil encontró cerca de 10 millones de papeletas. Allá, según el escrito, «los agentes de la Guardia Civil tuvieron graves dificultades para salir del recinto de la empresa registrada porque varios centenares de manifestantes les impedían el paso».

Una «rebelión en pequeño»
Según el escrito, la ‘sedición’ es una «forma colectiva y masiva de ‘rebelión en pequeño’» y en todas estas actuaciones «se ha producido peligro objetivo de consecución de estas finalidades sedicioses», porque «la finalidad inmediata de las personas que protagonizaron los actos de los días 20 y 21 de septiembre estaba orientada a impedir que los funcionarios de la administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la ley y de las resoluciones dictadas por una autoridad en el seno de un procedimiento judicial».

«La finalidad es conseguir un referéndum»
En este sentido, la Fiscalía asegura que la «finalidad última» de las movilizaciones es «conseguir la celebración de un referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España». Una finalidad que según el fiscal «sólo es delictiva si se lleva a cabo realizando una conducta típica: levantarse públicamente y de forma tumultuosa, elemento que equivale a que el alzamiento sea caótico, anárquico, inorgánico y desordenado».

Penas de prisión de 4 a 15 años
Según el artículo 544 del Código Penal, el delito de sedición persigue aquellos que se levantan «pública y tumultuariamente» para impedir la aplicación de las leyes o la actuación de cualquier autoridad, «ya sea por la fuerza o fuera de las vías legales».

El Código Penal prevé penas de prisión de 4 a 15 años para este delito. Concretamente, especifica que las personas que hayan sido los principales autores o hayan «dirigido o sostenido» la sedición, se enfrentarán a penas de entre 8 y 10 años. En caso de ser una autoridad, las penas se endurecen y pasan de 10 a 15 años. Para el resto de casos, la pena es de 4 a 8 años. Se contempla también la inhabilitación especial para ocupar un cargo público durante el tiempo de la condena.
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