El Gobierno ha recurrido las tres órdenes del Ministerio de Industria imponiendo el pago del Castor a la factura del gas

El Departamento de Empresa y Empleo ha recurrido ante el Tribunal Supremo las tres órdenes ministeriales que, desde el pasado 2015 y de forma sucesiva, cargan anualmente sobre la factura del gas los costes de la indemnización, la hibernación y el mantenimiento del proyecto Castor. Aunque el orden para la anualidad del 2015 incorporaba únicamente los 17,31 millones de euros que costó poner en hibernación las instalaciones, las de 2016 y 2017 disparan su importe hasta en torno a los 100 millones con la inclusión, principalmente, de los 80,66 millones anuales para devolver el crédito que permitió pagar rápidamente la indemnización de 1.350 millones al exconcesionario Escal UGS, en manos de Florentino Pérez. Una operación financiera que grabará la factura del gas durante 30 años y que sitúa el coste actual del proyecto en 3.280 millones de euros. Buena parte de estos coste lo asumirán las empresas y particulares catalanes, como principales consumidores de gas en el ámbito estatal.

En una carta dirigida al ministro de Energía, Álvaro Nadal, cuyo contenido avanzó el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, recordaba al gobierno español que mantendría el pulso judicial para evitar que las empresas y la ciudadanía tengan que cargar con el coste del fiasco del proyecto Castor. Unas acciones que empezaron con la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, el 30 de diciembre de 2014, pidiendo la inconstitucionalidad de la indemnización de 1.350 millones de euros en Escal UGS. Adicionalmente, sin embargo, la Generalitat decidió recurrir también cada una de las órdenes anuales del Ministerio de Energía que establecen los peajes y cánones del sistema gasista que se trasladan a la factura del gas, tanto a particulares como a empresas. «Habiendo llevado la indemnización al Constitucional no tiene sentido que no las reconozcamos», subrayan fuentes del Departamento.

En este sentido, el primer recurso correspondiente a la orden para el ejercicio de 2015 –suelen aparecer el BOE durante los últimos días del año anterior- se presentó en la Audiencia Nacional el 24 de febrero de aquel mismo año. El gobierno español había cargado els17,31 millones que costó la hibernación y el mantenimiento del Castor, a cargo de Enagás Transporte. Finalmente, la Audiencia Nacional se declaró incompetente y trasladó el caso en la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en diciembre del mismo año. A pesar de desestimar la paralización cautelar del decreto, la alta instancia judicial todavía no se ha pronunciado sobre este recurso.

Con la incorporación de la primera anualidad del retorno del crédito a 30 años suscrito por la misma Enagás Transporte a cuenta de los ingresos por los peajes y cánones del sistema gasista durante 30 años –tal como preveía el decreto aprobado por el gobierno español en octubre de 2014-, la orden correspondiente a 2016 disparaba el coste del Castor para los consumidores hasta los 101 millones de euros. Concretamente, una primera anualidad para amortizar el crédito contraído con el Banco de Santander, Caixabank y Bankia por un importe de 80,66 millones, además de 15,72 en concepto de mantenimiento a lo largo del 2016 y el pago de 4,56 millones en Escal UGS también por el mantenimiento entre el 4 de octubre de 2014 –fecha en que se hace efectiva la renuncia a la concesión- y el 31 de noviembre del mismo año –cuándo se hizo efectiva-. El Supremo, en este caso, también desestimó la suspensión cautelar pedida por el Departamento de Empresa y Empleo y todavía tiene pendiente de resolver el fondo del recurso presentado el 10 de febrero del mismo ejercicio.

El último recurso, correspondiendo al orden del 2017 y, obviamente, todavía pendiente de resolver, traslada a los consumidores un importe de 96,38 millones de euros, resultado de sumar la segunda anualidad de amorització del crédito -80,66 millones- y los 15,7 millones que cuesta mantener la infraestructura operativa, sólo dos millones menos que lo cuesta operar el único almacén submarino en funcionamiento al Estado español, el de Gaviota, en la costa de Vizcaya. Presentado el pasado 28 de febrero, esta vez la Generalitat desestimó pedir la suspensión cautelar ante la negativa sistemática del Supremo a aceptarla.

La gran losa financiera

Al fin y al cabo, incluyendo también los 200 millones de euros que podría suponer actualmente el desmantelamiento de las instalaciones, el coste del Castor en el momento actual asciende a los 3.280 millones de euros, según la revisión de las cuentas efectuada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización –entidad, precisamente, que este sábado organiza un juicio popular en Barcelona para exigir responsabilidades por el fiasco del proyecto. La operación financiera, por ella misma, supone ya un coste a 30 años de 2419 millones de euros. Es la partida más gruesa, a la cual se añaden otros como los 110 millones que Escal UGS cobró provisionalmente hasta el 2011, los 186 millones de euros del gas colchón, o los 310 millones de euros de retribución y mantenimiento entre 2012 y 2014 que el gobierno español se comprometió a pagar al exconcesionario a finales de 2015.

Este importe total de 3.280 millones, sin embargo, puede seguir creciendo en la medida en que el gobierno español siga aplazando el desmantelamiento y prorrogando el mantenimiento de una infraestructura que no ha entrado –asegura Navidad- ni entrará nunca en funcionamiento, más allá del breve periodo de pruebas de inyección que causó una oleada sísmica de más de mil terremotos. A pesar de eso, el mismo ministro de Energia ha intentado vender que la actual situación de hibernación e indefinición del Castor supone un ahorro de 110 millones de euros respecto del coste que tendría si estuviera en funcionamiento.

Un problema catalán

En la medida en que el gobierno español rechazó a su momento asumir el coste del Castor como déficit público y repercutió la indemnización y los costes del proyecto entre los ciudadanos y empresas a través de la factura del gas, Cataluña es quien, con creces, pagará más por el fiasco. Según el informe de supervisión del mercado de gas natural relativo a 2015 que publicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los clientes catalanes de gas natural, 2.183.637, suponen el 28,79% de todo el Estado. Evidentemente, es también donde se concentra el mayor consumo del Estado -20,9% en cifras globales- en casi todos los sectores: lidera las cifras absolutas de consumo industrial así como para generación eléctrica y es segunda, sólo por detrás de Madrid, en consumo doméstico comercial. Más todavía: las repercusiones del coste por el proyecto Castor pues, no sólo llegan por la vía del consumo directo, sea para empresas y particulares, sino que también encarece la factura de la electricidad generada a partir de gas natural en centrales térmicas de ciclo combinado.

De acuerdo con otro informe de la CNMC, en este caso de marzo de 2017 y sobre el estado de la deuda del sistema gasista, el bulto financiero que deja el fiasco del proyecto Castor es de grandes dimensiones. Según apunta el organismo regulador, el coste de la operación financiera para indemnizar al exconcesionario controlado en dos terceras partes por el grupo ACS –la otra parte restante está en manos de la canadiense Dundee Corporation- supone el 53,7% de la deuda total del sistema. De hecho, aseguran, la incorporación de esta multimillonaria cantidad el pasado 2016 hizo disparar la deuda total del sistema gasista en un 66,75%, hasta los 2.471 millones de euros a finales de este mismo año.