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Instal·lacions de l'autoescola Roquetes-Temple precintades després de l'operació policial contra el presumpte frau dels exàmens de conduir.

Piden hasta 22 años de prisión por|para el fraude de los exámenes conducir en Tortosa

Instalaciones de la autoescuela Roquetes-Templo precintadas después de la operación policial contra el presunto fraude de los exámenes de conducir.

Piden hasta 22 años de prisión por el fraude de los exámenes conducir en Tortosa

La Audiencia de Tarragona rechaza la gran mayoría de recursos de las defensas dejando vía libre al juicio oral de una quincena de investigados

Actualizada 16/04/2017 a las 10:42

Peticiones de penas de hasta 22 años de prisión para cada miembro del matrimonio que regenta las Autoescuelas Roquetes-Templo, principales acusados por el caso del fraude de los exámenes de conducir en Tortosa. A la espera a la Espera del escrito de Fiscalia, esta es la demanda de condena más elevada, formulada por la Abogacía del Estado –la acusación particular de la Asociación de Autoescuelas reclama ocho para la pareja y también para su hijo-, al lado de los nueve años para cada uno de los dos examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) que habrían facilitado las preguntas a cambio de sobornos. La trama irá finalmente a juicio después de que la Audiencia de Tarragona haya rechazado la mayoría de los recursos de las defensas en contra del auto del juzgado número 1 de Tortosa cerrando las diligencias previas. Eso supondrá que una quincena de personas se acaben sentando en el banquillo de los acusados por supuestos delitos de soborno, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

El Estado pide para Pedro Francisco Moreno y Pilar Sabater, el matrimonio propietario de las Autoescuelas Roquetes-Templo, una petición acumulada de 22 años a cada uno como acusados de los supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales –que los Mossos cifraron en 3,5 millones de euros- y seis delitos contra la Hacienda Pública en cada caso –quince años. A la privación de libertad se añade inhabilitación durante dos años y clausura temporal del establecimiento durante cinco, además del pago de una multa del doble de lo que habrían defraudado, la responsabilidad civil de indemnizar a la Agencia Tributaria por el supuesto fraude de 2,4 millones de euros, siendo la empresa la cual responda subsidiariamente de la deuda. Se los considera principales a responsables de la organización que se lucraba cobrando a ciudadanos chinos sin conocimiento de cabeza de los idiomas oficiales del país para superar con éxito los exámenes del carnet de conducir B1, después de haber adquirido supuestamente las preguntas –a 3.000 euros cada hoja- en la editorial valenciana AEOL que, a su vez, las habría obtenido sobornando a dos funcionarios de la DGT de Tarragona.

A pesar de considerarlo también como integrante del «núcleo dirigente» de la trama organizada, el hijo, Pedro Moreno, recibe una petición de siete años de prisión –no se le imputan los delitos de blanqueo y contra Hacienda-, la misma que su hermana, Laura Moreno, y su abuela, Isabel Milian –madre de Pilar Sabater- por pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales. Según el auto judicial, las dos habrían incrementado su patrimonio gracias a la actividad ilícita de la autoescuela y habrían ayudado a sus gestores a blanquear los beneficios obtenidos. La Abogacía del Estado, que representa la Agencia Tributaria y la DGT, también pide cinco años de reclusión para la mujer de Pedro Moreno hijo, Elena Pérez –pareja a quien se atribuye la manipulación de los contenidos que recibían en el editorial para facilitarlos a los alumnos-, y el trabajador de la autoescuela Rafael Manero –que sobre el papel se dedicaba a la formación teórica de los alumnos.

Por otra parte, los funcionarios examinadores del organismo estatal de Tráfico responsables de las pruebas que se hacían en Tortosa, Jorge Llorens y Juan Manuel Lozano, reciben peticiones de nueve años de prisión en total cada uno –además de inhabilitación por catorce años y multas- por supuestos soborno, negociaciones prohibidas y falsedad documental. Se los acusa de haber cobrado cerca de 56.000 euros entre los dos -22.138 Lozano y 32.767 Llorens- por facilitar, supuestamente, las preguntas de los exámenes a la editorial AEOL e, incluso, haber dado facilitados a los aspirantes de la autoescuela investigada en el mismo lugar de las pruebas para facilitar que los aspirantes chinos aprobaran –hasta al punto de situarlos todos juntos a la hora de sentarse, corrigiéndolos las pruebas in situ o sustituyendo los exámenes-.
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