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La jueza avala la clausura del centro de rehabilitación de Batea en el 2013 por licencias inadecuadas

La magistrada desestima el contencioso administrativo que presentó la adjudicataria del servicio Fundació Privada Terra Alta Segle XXI

Actualizada 19/12/2016 a las 19:13

La magistrada del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Tarragona ha desestimado, en su totalidad, el recurso contencioso administrativo que presentó la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI de Batea, en la Terra Alta, contra los decretos de alcaldía con los cuales se cesó la actividad de rehabilitación que había empezado a prestar en su centro a finales de 2013 -después de ganar un concurso público del Departamento de Salut-. El consistorio abrió un expediente sancionador a la fundación para operar con licencias inadecuadas de actividad y por incumplimiento de las condiciones de la adjudicación.

Según ha comunicado el Ayuntamiento de Batea, este lunes, la sentencia ratifica que la nueva actividad de Terra Alta Segle XXI «no estaba incluida en la licencia que tenía la Fundació» y que el consistorio actuó «de acuerdo a derecho». El Ayuntamiento de Batea considera que la sentencia «confirma todas las resoluciones de Alcaldía que recorrió en su momento la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI» y el cumplimiento «de la ley, con honradez», por parte del Ayuntamiento.

El consistorio ve en la sentencia una aclaración de los hechos que generaron una gran polémica y que dejó sin servicio durante unos días a los ciudadanos de la comarca así como un desplazamiento temporal del servicio de rehabilitación en Gandesa. Desde el Ayuntamiento insisten en que «los hechos escondían intereses y finalidades políticas del todo reprobables» y reclaman «responsabilidades políticas». El Ayuntamiento de Batea ha exigido, sentencia en mano, «el retorno a la legalidad y a la defensa del interés público».

La Fundació Privada Terra Alta Segle XXI presentó este recurso contencioso el 23 de enero de 2014. En junio del mismo año, la magistrada que ha resuelto el contencioso no aceptó levantar la suspensión de la actividad de rehabilitación como medida cautelar.
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