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Juzgan a un gestor de Amposta por prometer 'papeles' a extranjeros

Cuatro afectados afirman en la vista oral que entregaron 24.000 euros
  • Peñalver

Actualizada 09/10/2016 a las 21:35

Un gestor de Amposta, J.I.S., se enfrenta a un delito de falsificación de documento mercantil que el fiscal Ignacio Monreal solicita para él. El representante del Ministerio Público ha retirado la acusación de estafa, por|para lo que pedía tres años y medio de prisión, porque no quedó acreditado el engaño previo. En sus conclusiones también aplica una atenuante de la pena solicitada por la dilación entre que se produjeron los hechos –entre 2006 y 2007– y la fecha de la vista oral, que tuvo lugar el pasado 6 de octubre. La vista oral fue en algún momento confusa, ya que los cuatro extranjeros denunciados llegaron a confundir conceptos mercantiles, como recibos o cheques y eso provocó que no se tuviera una idea clara de cómo y las cantidades que se pagaron presuntamente al gestor. Por otra parte, el hecho de que requirieran traducción alguno de ellos complicó todavía más el interrogatorio, tanto del fiscal, como de la acusación particular y la defensa.

El presidente de la Segunda Sección de lo Audiencia provincial de Tarragona, Àngel Martínez, donde se hizo la vista oral, también intentó aclarar estos conceptos con una clara dificultad. Esta imprecisión de los denunciantes, que afirmaron que llegaron a pagar hasta 24.000 euros al gestor a cambio de la obtención de permisos de residencia es con mucha probabilidad el motivo de la reducción de la petición, ya que no ha quedado acreditado este «desplazamiento del patrimonio» de los afectados.

En el relato de los hechos, el fiscal afirma que las gestiones para la obtención de los permisos nunca llegaron a hacerse. Al fracasar las gestiones, el gestor –presuntamente– entregó dos cheques a los perjudicados por valor de 12.000 euros, que algunos de los damnificados reconoció que recibió. Pero, estos documentos bancarios, firmados por el acusado con su propia firma estaban asociados a la cuenta corriente de una empresa (clientes de él) y por lo tanto, falsos. De aquí la petición del fiscal por falsificación.
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