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El juzgado archiva el caso de diez agentes de los Mossos por irregularidades en las subastas de vehículos embargados

La jueza no ve indicios suficientes para atribuir a los investigados la comisión de ningún delito

Actualizada 05/09/2016 a las 22:13

El Juzgado de Instrucción número 5 de Tortosa ha archivado provisionalmente la causa que investiga diez agentes de los Mossos d'Esquadra por posibles irregularidades en las subastas de vehículos embargados. Una vez han declarado los investigados, testigos y se han revisado las pruebas documentales, la jueza concluye que no existen indicios de suficiente consistencia para atribuir, todavía de forma provisional, la comisión de ningún delito. La investigación empezó a partir de una denuncia anónima dirigida a la fiscalía de Tarragona durante el abril del 2015 por un presunto delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y prevaricación en unos hechos que se habrían cometido entre el 2009 y el 2010.

La causa investigaba la presunta adquisición de vehículos embargados por la Tesorería General de la Seguridad Social por parte de agentes de los Mossos d'Esquadra y algunos familiares directos de forma fraudulenta porque, según la denuncia, no se habían seguido los procesos legalmente establecidos por la subasta pública. Según consta en el auto de archivación citando la denuncia anónima, los vehículos embargados no eran trasladados al depósito de la Tesorería si alguno de los agentes estaba interesado en su adquisición, sino que se dejaban en dependencias policiales o se portaban directamente en casa del interesado, donde se quedaban hasta que acababa el periodo de subasta. Además, el denunciante apuntaba que los máximos responsables de la comisaría de Tortosa -jefes del Área Básica Policial del Baix Ebre y de OAC- tenían conocimiento de los hechos y que, a pesar de todo, no llegaron a actuar.

Según las pruebas documentales, 17 miembros de los Mossos d'Esquadra, o familiares directos, participaron en subastas públicas. Sólo seis, en este caso, los investigados, adquirieron un vehículo embargado. Respecto al procedimiento, la Tesorería de la Seguridad Social de Tortosa había formalizado un contrato con la empresa 'Mudanzas y Guardamuebles Trallero S. A.', de Tarragona, que realizaba los servicios de localización, retirada, transporte y depósito de los bienes muebles embargados, estipulando unos precios según los servicios prestados, el kilometraje realizado o el tipo de vehículo embargado.

La jueza señala al auto que, a pesar del contrato firmado, la empresa no realizaba ni prestaba la totalidad de los servicios, sino que era la Tesorería quien decidía en cada caso y de forma unilateral el servicio que se tenía que realizar por parte de la empresa. En el ámbito territorial, no eran sólo los miembros del cuerpo de los Mossos quienes gestionaban el precinto, la retirada y el depósito de los vehículos embargados, a instancias de la Tesorería, sino que también había un acuerdo con las policías locales de varios municipios.

La jueza señala al auto que uno de los investigados era quien gestionaba y decidía, según cada expediente, la manera de realizar el procedimiento de cada vehículo embargado. Por todo ello, según se resume en el auto, es por eso que algunos vehículos quedaban depositados en dependencias de la comisaría, con el visto bueno de los máximos responsables. Durante el 2009 y 2010, no fueron sólo los seis vehículos que son objeto de la investigación los que se quedaron en comisaría. La jueza señala que en dependencias policiales de Tortosa se quedaron 19 vehículos y en Amposta 12, que salieron a subasta pública y que lo hicieron bajo el proceso establecido legalmente. Por otra parte, sobre los seis vehículos en concreto, en ningún caso ha quedado acreditado que los agentes se los llevaran a sus domicilios hasta que no había pasado el tiempo de subasta, según el auto.

Además, según una investigación patrimonial realizada a uno de los implicados, no se ha encontrado que se haya obtenido ningún tipo de beneficio económico. Tampoco consta que se haya producido ningún abuso de funciones ni hay indicios de la existencia de ánimo de lucro o de obtención de beneficios económicos por parte de los investigados. Por todo ello, la jueza decreta el sobreseimiento provisional y archivación de la causa al considerar que los hechos investigados no son constitutivos de ninguna infracción penal.
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