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El Supremo investiga pagos de más de 300 MEUR a Escal UGS y Enagás por el proyecto Castor

El Tribunal acepta la petición de la Generalitat y reclama al Ministerio de Industria una auditoría de los costes de mantenimiento de las instalaciones

Actualizada 11/07/2016 a las 21:12

El Tribunal Supremo investiga los recientes pagos de más de 300 millones de euros aprobados por el Ministerio de Industria, a favor del exconcesionario del proyecto Castor, Escal UGS; así como del gestor técnico del sistema, Enagás, encargado de su hibernación y mantenimiento.

La decisión llega después que la Generalitat, que recurrió el orden de retribución de las instalaciones gasistas de 2015 que empezaba a cargar sobre la factura del gas de los consumidores los costes del fracasado almacén de gas submarino, haya pedido ampliar el caso a la luz de nuevos hechos. El Supremo ha pedido al gobierno español que presente copias certificadas de la reciente resolución de pago de 253,3 millones de euros en Escal UGS, correspondientes a los supuestos derechos retributivos pendientes entre julio de 2012 y octubre de 2014, así como de los 42,3 reconocidos en concepto de operación y  mantenimiento.

También reclama al mismo ministerio que facilite las auditorías sobre las tareas y costes de mantenimiento por parte de Enagás, además del orden de pago de 17,31 millones de euros por este concepto.

A diferencia de la orden relativa a este 2016 –donde se incluyen ya más de 101 millones de euros para financiar el fiasco del proyecto Castor- la correspondiente a 2015 recurrida por la Generalitat sólo preveía inicialmente la partida de 17,3 millones de euros destinada a Enagás, a quien el ejecutivo español encargó la hibernación y mantenimiento de las instalaciones.

El Gobierno argumentaba que los pagos por una infraestructura fallida que nunca se ha llegado a poner en marcha, cargando los costes sobre los consumidores de todo el Estado, lesionan el interés público y pueden suponer una ayuda de estado. Después de tardar meses a aceptarla a trámite, el pasado mes de abril el Tribunal Supremo rechazó suspender cautelarmente el pago a Enagás, que según la Generalitat no respondía a gastos reales sino a una provisión económica para el encargo de hibernación y mantenimiento. En cambio, el nuevo auto de este pasado 7 de julio no sólo quiere indagar sobre el origen real de este gasto de mantenimiento, sino que entra también de lleno en los efectos que tendrá sobre la factura de los consumidores el cobro de las retribuciones d'Escal UGS para construir y gestionar el proyecto, clausurado después de provocar más de un millar de terremotos cerca las inyecciones de gas en el subsuelo marino.

En total, la empresa controlada por el grupo ACS de Florentino Pérez ha cobrado en buena parte o tiene garantizada la percepción de más de 1.760 millones de euros para|por el proyecto Castor. Así, además de estos 295,6 millones de euros ya mencionados y 4,56 más adicionales de mantenimiento y operación entre el momento del decreto de extinción y el abandono efectivo de las instalaciones, en noviembre de 2014, hace falta sumar los 110 millones en retribuciones provisionales hasta el año 2012 y, sobre todo, los 1.350 millones de indemnización aprobados por el decreto del Consejo de Ministros el 4 de octubre del mismo 2014.

L'OCU calculó que la operación financiera para hacer posible estos pagos, gestionada por Enagás sobre la base de los derechos de cobro de los cánones y peajes fijos de la factura del gas a lo largo de 30 años, puede elevar el coste por encima de 4.700 millones al final de este periodo. Adicionalmente, el alto tribunal también solicita al mismo ministerio que aporte las auditorías de las cuales dispone en relación a las tareas concretas y a los costes de mantenimiento del proyecto Castor por parte de Enagás Transporte.

El Supremo también requiere la notificación a la Comisión Europea del pago de los 17,31 millones de euros que reconoce la orden de peajes y cánones gasistas correspondientes en 2015 que impugnó el Gobierno o, en su defecto, que reconozca su inexistencia. En este sentido, los abogados de la Generalitat argumentan que, sea o no una ayuda de Estado, el gobierno español tendría que haber comunicado formalmente al ejecutivo comunitario. Las indemnizaciones en Escal UGS y el papel de Enagas en la gestión del mantenimiento de las instalaciones así como la operación financiera por pagar el exconcesionario, son algunos de los puntos oscuros que una delegación de la Plataforma Ciudadana en defensa de las Tierras del Sénia lleva, este miércoles por la tarde, a Bruselas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

El movimiento ciudadano califica abiertamente de «ajuste de estado» contrario al Tratado Fundacional de la Unión Europea la indemnización en el exconcesionario y cuestiona también la legalidad del papel dominante que la compañía Enagás ha asumido en la gestión del proyecto por encargo del gobierno del PP.
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