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La Plataforma del Sénia defenderá en Bruselas que «los ciudadanos no tdeben asumir los gastos del proyecto Castor»

Una delegación de la entidad se entrevistará previamente con eurodiputados de partidos que están representados a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

Actualizada 08/07/2016 a las 11:26

La Plataforma Ciudadana en defensa del Sénia defenderá el próximo miércoles en Bruselas, ante el Parlamento Europeo, su petición en contra del pago de la indemnización por el fracasado proyecto Castor en el exconcesionario Escal UGS, controlado por el grupo ACS de Florentino Pérez. Después de comunicar a finales del pasado mes de mayo que aceptaba estudiar su reclamación, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha citado a los representantes de la entidad el próximo día 13 por la tarde para que expongan sus argumentos delante de los eurodiputados que lo integran. La Plataforma recuerda que los 1.350 millones pagados a Escal UGS —que pueden acabar suponiendo más de 4.700 millones a cargo de los consumidores— suponen una «ayuda de estado» prohibida por el Tratado Fundacional de la UE en una empresa privada. Además, recordarán, de nuevo, el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a la hora de hacer financieramente posible el proyecto Castor. Antes de la comparecencia en el Europarlamento, la Plataforma tiene previsto reunirse con eurodiputados de partidos representados a la Comisión de Peticiones.

Una delegación de cuatro representantes de la Plataforma Ciudadana en defensa del Sénia volverá al principio de la semana próximo en Bruselas para hacer oír los argumentos que ponen en cuestión la indemnización millonaria en el exconcesionario, aprobada por decreto del gobierno del PP en octubre de 2014 y que tendrán que asumir los consumidores de todo el Estado a lo largo de 30 años a través de los peajes fijos de la factura del gas. En otras palabras, que la «ciudadanía asuma los gastos y pérdidas de un proyecto que se ha gestionado todo el mal posible», según recuerda la portavoz de la entidad, Cristina Reverter. Antes de que el gobierno español decidiera clausurarlo temporalmente —el proyecto Castor nunca ha llegado a ponerse en funcionamiento—, las inyecciones de gas en el subsuelo efectuadas por Escal UGS provocaron una serie de más de un millar de terremotos en la zona.

El movimiento social contra el fracasado proyecto Castor presentó de forma simultánea, el año pasado, una denuncia ante la Comisión Europea y la petición en el Europarlamento por este mismo motivo. Si bien el ejecutivo comunitario todavía no se ha pronunciado al respecto —aceptó a trámite otra denuncia, en el mismo sentido, presentada por la patronal catalana Cecot—, la Comisión de Peticiones ya se ha puesto en marcha. Así, en paralelo a la comparecencia de los representantes de la Plataforma, ha pedido a la misma Comisión una «investigación preliminar» sobre la cuestión. Este miércoles, a partir de las cinco y media de la tarde, los representantes de la Plataforma dispondrán de cinco minutos de exposición delante de los eurodiputados que, posteriormente, les podrán plantear sus dudas y cuestiones.

«La petición va en la línea que se abra una investigación», ha indicado Reverter. «La indemnización en favor de una empresa privada con una actividad económica puntual va en contra del Tratado Fundacional de la Unión Europea porque se considera una ayuda de Estado. No afecta a los presupuestos estatales pero repercute indirectamente estos gastos sobre el sistema gasista a través de los peajes que pagará el ciudadano cuando abra el grifo del gas», ha abundado. También reprochan la «posición dominante» que el Estado confiere a la empresa Enagás, el gestor técnico del sistema gasista, tanto en la gestión de la operación financiera para hacer efectivo el pago de la indemnización –que puede acabar disparando el coste final por encima de los 4.700 millones- como en el proceso de hibernación en el cual se encuentran actualmente las instalaciones del almacén de gas submarino.

El dinero del BEI
En su estancia en Bruselas, sin embargo, la Plataforma volverá recordar que la responsabilidad de las instituciones de la Unión Europea en el escándalo del proyecto Castor va mucho más allá de las normativas comunitarias y su cumplimiento. «Si el BEI no lo hubiera financiado a través de los project bonds no estaríamos hablando del proyecto Castor. Sería una quimera o sueño de algún iluminado. Pero no fue así: pensaron que era serio y trataban con un estado serio», subraya Reverter. Así fue como el almacén submarino de gas de Florentino Pérez consiguió más de 1.440 millones de euros de financiación a través de la emisión de bonos patrocinada por la institución financiera pública comunitaria, que comprometió 500 millones de fondos públicos europeos en la operación «sin tener los avales de seguridad y ambientales necesarios». «Después de ocho años estamos con un proyecto parado, fracasado, pero que igualmente tendremos que pagar, no la empresa que se lucró, se benefició, sino los ciudadanos que ya avisamos de que no era seguro y que habían muchos aspectos a tratar», ha insistido la portavoz.

Este será también, de hecho, uno de los argumentos que la Plataforma del Sénia trasladará a eurodiputados de las formaciones europeas representadas a la Comisión de Peticiones. La entidad ha organizado el martes, el día antes de la comparecencia, una rueda de contactos en Bruselas para informar sobre el contenido de la petición y sus demandas sobre el futuro del proyecto Castor tanto al Parlamento Europeo como a la Comisión Europea. De momento, la Plataforma ha podido concertar entrevistas con Ernest Urtasun (ICV), Josep Maria Terricabras (ERC), Marina Albiol (Izquierda Unida de la Comunidad Valenciana), así como un representante del Partido Socialista, a la espera de poder cerrar un posible encuentro con alguno de los miembros del PP.
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