Societat
El Síndico investiga dos ayuntamientos para mantener monumentos franquistas
Vilalba y els Arcs y Sant Carles de la Ràpita son los consistorios que podrían incumplir la ley de memoria democrática
El Síndico de Agravios, Rafael Ribó, ha abierto una investigación contra los ayuntamientos de Vilalba dels Arcs y de Sant Carles de la Ràpita, los dos en la provincia de Tarragona, porque mantienen monumentos de exaltación franquista incumpliendo la Ley de memoria democrática.
Rafael Ribó, que ha recomendado recientemente la retirada del monumento conmemorativo de la batalla del Ebro de Tortosa, ha pedido información a los ayuntamientos de las localidades de Vilalba dels Arcs y de Sant Carles de la Ràpita para saber «cuáles son las previsiones con respecto al mantenimiento o la retirada de los monumentos afines al movimiento franquista que todavía conservan».
Según Ribó, los dos monumentos, construidos en plena dictadura, se tendrían que retirar de acuerdo con la Ley estatal 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como Ley de memoria histórica o de memoria democrática.
Con la entrada en vigor de la citada normativa se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de los que sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, y se propugna la supresión de este tipo de construcciones de enaltecimiento del bando vencedor de la Guerra Civil española y del régimen político totalitario que resultó.
El defensor del pueblo catalán ha actuado por iniciativa propia a raíz de las informaciones publicadas a los medios de comunicación sobre la existencia de un monumento de exaltación del régimen franquista en la plaza mayor del municipio de Vilalba dels Arcs.
De la misma manera, ha decidido abrir una investigación ante el conocimiento de la existencia de un monumento de exaltación del régimen franquista al municipio de Sant Carles de la Ràpita, en el espacio conocido como La Torreta.
A principio del año 2016, el Síndico ya emitió una resolución en la cual recomendaba al Ayuntamiento de Tortosa que retirara el monumento conmemorativo de la batalla del Ebro sin hacer una consulta popular previa.
En esta resolución, Ribó destacaba que la retirada del monumento es una obligación legal que el ayuntamiento tiene que promover.
El Síndico ha alertado en un comunicado de «la asignatura pendiente en España de afrontar el pasado y hacer justicia, tal como destaca un informe del relator especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff.»