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El Senat accepta a tràmit una moció per derogar els pagaments pel projecte Castor previstos per aquest 2016

El ministre d'Indústria i Energia, José Manuel Soria, el ministre d'Exteriors, José Manuel Margallo, i el president valencià Alberto Fabra, durant la seva visita al magatzem Castor l'octubre de 2013.

El Senado acepta a trámite una moción para derogar los pagos para el proyecto Castor previstos por este 2016

La Cámara Alta requerirá al futuro gobierno español dejar sin efecto la orden de 17 de diciembre que reconocía 101 MEUR para financiar el proyecto

Actualizada 17/03/2016 a las 17:48

El Senado ha aceptado a trámite una moción presentada por el grupo de Podemos-en Común-Compromiso-En Marea instando el gobierno español a derogar el orden del pasado 17 de diciembre, sobre los peajes y cánones de acceso a las instalaciones gasistas así como a la retribución de actividades reguladas por este 2016, que reconocía el pago de 101 millones de euros para el fracasado proyecto Castor. Este acuerdo se trasladará para su cumplimiento al gobierno que se acabe constituyendo, según el mismo presidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero. Los recursos mencionados forman parte, en su gran parte, del primer pago que se traslada a los consumidores para hacer frente a la financiación de la indemnización de 1.350 millones de euros que el exconcesionario Escal UGS recibió en noviembre de 2014, por orden del gobierno español del PP, después de renunciar al proyecto.
La moción recuerda que los consumidores tienen que empezar a pagar de forma inminente el fracaso de una infraestructura que no tiene el futuro «claro». «Que no sean los consumidores los que soportan y acaban pagando la mala planificación de infraestructuras que se ha evidenciado con este proyecto energético y temeridades constructivas atribuibles tanto a la empresa promotora como a quién tenía que supervisar los trabajos y garantizar el cumplimiento de la normativa existente», apunta. Un coste, añade, que los consumidores tendrán que pagar sin «ninguna contraprestación, es decir, por un servicio de almacenamiento que no se presta».
De hecho, entre los gastos autorizados dentro de estos 101 millones figura la hibernación y el mantenimiento de las instal·acions a cargo de Enagás, el gestor técnico del sistema. La misma empresa, que el gobierno español utilizó para pedir un crédito a 30 años con la garantía de los peajes gasistas que pagan los consumidores a Caixabank, Bankia y Banc Santander, ha pedido un estudio al Massachussets Institue of Technolgy (MIT) para tomar una decisión. En total, según los cálculos de l'OCU, al final de este periodo para los consumidores puede superar de largo los 4.700 millones de euros. Hace dos semanas, en más, se dio a conocer que el gobierno español había autorizado en secreto un nuevo pago de 295 millones de euros en Escal UGS para las retribuciones hasta el momento de dejar el proyecto, que generó más de un millar de terremotos.
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