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El club estava ubicat al carrer Reina Maria Cristina de Tarragona.

Investigan los responsables de un club de cannabis para vender droga al detalle

El club estava ubicat al carrer Reina Maria Cristina de Tarragona.

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La fiscalía solicita penas de 5,5 años de prisión para los responsables de un club de cannabis de Tarragona

El ministerio fiscal también pide una multa de 10.400 euros y la suspensión de actividades durante cinco años

Actualizada 06/06/2017 a las 15:16

La fiscalía solicita penas de cinco años y medio de prisión para cuatro responsables de la Asociación Diògenes Smoking Club de Tarragona por los delitos de asociación ilícita y contra la salud pública. Todos ellos están acusados en ponerse de acuerdo para vender marihuana en el local de la asociación bajo la apariencia de una asociación de fumadores de cannabis. Los investigados son el presidente, el tesorero, el secretario y otro individuo -que también había sido secretario- que se encargaba de vender droga en el establecimiento. Durante los registros en el interior del local, la policía localizó 375 gramos de marihuana valorados en 1.710 euros. El fiscal también reclama una multa de 10.400 euros, así como la suspensión de actividades y clausura de los locales de la asociación durante cinco años, y la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se ha cometido, favorecido y encubierto el delito.

Según el escrito de acusación, los acusados habrían acordado vender drogas a terceras personas con la finalidad de obtener beneficios económicos. Con el fin de intentar dar cobertura a esta actividad, decidieron crear una asociación para poder inscribirse en el Registro de Asociaciones y poder actuar bajo el amparo de esta denominación.

En septiembre del 2013, los acusados redactaron los estatutos de constitución de la Asociación Diògenes Smoking Club y los presentaron para ser inscritos al Negociado de Entidades Jurídicas de la Generalitat el 19 de junio del 2015. Según señala la fiscalía, en el documento no se incluían, como finalidades de la asociación, ni el cultivo ni la venta de marihuana, estableciendo expresamente que «la asociación no pretende de ninguna manera llevar a cabo ninguna de las conductas que son consideradas como delito contra la salud pública en el Código Penal».

La entidad quedó inscrita en el Registro de Asociaciones el 14 de septiembre del 2015, con domicilio en la avenida de Maria Cristina y constituida sin patrimonio inicial. Los acusados se identificaron como fundadores de la asociación. A la junta directiva la componían Antoni Maria A. como presidente, Antoni S. como secretario y Arpad S. como tesorero. El acusado Jaume R. realizaba actuaciones de venta de la droga dentro del local de la asociación y también ocupó el cargo de secretario.

El presidente de la asociación comunicó el 25 de julio del 2014 la apertura de un club social privado de fumadores de cannabis en el Ayuntamiento de Tarragona, la cual le comunicó, el 16 de noviembre de aquel año, de la existencia de informes negativos en la autorización de licencia de apertura. Se da el caso de que los socios no abonaban ninguna cuota para pertenecer a la asociación y que se limitaban a pagar por la droga que se les entregaba, a un precio de 5 euros el gramo de marihuana.

A raíz de estos hechos, la Guardia Civil y la Guardia Urbana de Tarragona iniciaron una investigación de los acusados y acciones de vigilancia del local. Durante estas observaciones los agentes constataron que diferentes personas entraban en el establecimiento, estaban entre dos y ocho minutos, y salían después de haber adquirido la droga.

En noviembre del 2015, el juzgado de instrucción número 1 de Tarragona autorizó una entrada y registro a la asociación, que se acabó produciendo el 12 de noviembre del 2015. Durante el cacheo se intervinieron 375 gramos de marihuana valorados en 1.710 euros, así como utensilios de almacenaje y pesatge. Además, en el momento de la detención del presidente también le intervinieron 800 euros que habría obtenido de la venta de droga.

Según la fiscalía, los hechos constituyen delitos contra la salud pública y de asociación ilícita, por los cuales solicita penas de 2,5 y 3 años de prisión, respectivamente, además de multas por importe de 10.400 euros. El ministerio fiscal también solicita medidas accesorias como la suspensión de actividades y clausura de los locales durante un periodo de cinco años. El juicio se celebrará en la Audiencia de Tarragona.
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