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La portaveu de la CUP, Laia Estrada, va defensar una moció en contra de l'exempció del pagament de l'IBI per part de l'Església.

El plan urbanístico de la Budellera vuelve a sacar la cabeza en el pleno municipal

La portavoz de la CUP, Laia Estrada, defendió una moción en contra de la exención del pago del IBI por parte de la Iglesia.

El plan urbanístico de la Budellera vuelve a sacar la cabeza en el pleno municipal

PSC, PP y Unió rechazan una moción de la CUP contra la excepción de pago del IBI por parte de la Iglesia Católica

Actualizada 29/05/2017 a las 21:25

El Plan Parcial Urbanístico de la Budellera estuvo presente en el plenario del Ayuntamiento celebrado el lunes, donde también se habló del pago del IBI por parte de la Iglesia Católica, de aprobar el 15º expediente modificativo de crédito para hacer una aportación al Patronat de Turisme y de retirar las placas distribuidas por varios espacios de la ciudad donde aparece el nombre del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

El plenario ratificó un decreto del alcalde que resuelve no comparecer en calidad de codemandados en el recurso contencioso administrativo que interpusieron promotores y propietarios vinculados al PPU24 –el plan que prevé construir un nuevo barrio en la Budellera-, contra el acuerdo de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona que obligaba a la introducción de modificaciones. Este plan choca de frente con la opinión de varias organizaciones vecinales y medioambientales de Tarragona.

Sólo los dos concejales de la CUP votaron en contra, mientras que ERC se abstuvo y votaron a favor Unió, ICV, Partit Demòcrata, PP, Ciutadans y PSC. El concejal de Urbanisme, Josep Maria Milà, se ausentó de la sala para no ejercer el voto, ya que un hijo suyo forma parte del equipo de arquitectos redactor de este proyecto que prevé una nueva zona urbana para unos 15.000 habitantes.

El portavoz de ERC, Pau Ricomà, manifestó en la explicación de voto que «me cuesta entender la posición del PSC», y la concejala socialista Begoña Floria dijo que «la Comissió Territorial d'Urbanisme nos pidió echar atrás el proyecto para hacer modificación, como replantear la altura de los edificios y mejorar la movilidad», una cuestión que está en fase de ejecución. Arga Sentis (ICV) afirmó que los promotores «no tendrían que haber interpuesto la demanda» y dio apoyo al gobierno municipal diciendo que «no entiendo qué hubiera ganado el Ayuntamiento de comparecer». Por su parte, Laia Estrada (CUP) defendió el voto en contra, comentando que «si queremos coser la ciudad, tendríamos que empezar por la Horta Gran; tenemos la sensación que ustedes (PSC) quieren quedar bien con todo el mundo en este tema». Floria replicó, afirmando que «la ciudad también se puede religar por Llevant». Y el alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, se preguntó en voz alta «porque se tiene que religar Ponent y no Llevant».

El IBI de la Iglesia
Una moción de la CUP para solicitar la derogación de la ley que exime del pago del IBI la propiedad inmobiliaria de la Iglesia Católica fue uno de los temas abordados por el plenario que más polémica levantó. La moción no prosperó al recibir 14 votos en contra (PSC, PP y Unió), siete a favor (ERC, CUP e ICV) y la abstención de Ciutadans y PDeCAT. La portavoz cupaire, Laia Estrada, afirmó que, del acuerdo al cual llegaron el Estado y el Vaticano en 1979, «se ha hecho una aplicación extensiva, disfrutando de la indicada excepción no sólo templos y capillas, sino residencias, oficinas, seminarios, conventos, viviendas, locales comerciales de todo tipo, plazas de aparcamientos o centros universitarios».

Estrada aseguró que «se trata de un agravio comparativo con quién sí paga el IBI» y calculó en 3.500 millones de euros lo que podría recaudar de más el Estado. «Pedimos la derogación del acuerdo con el Vaticano, aunque sabemos que será difícil por los privilegios que disfruta la Iglesia». El republicano Pau Ricomà afirmó que «nosotros defendemos leyes iguales para todos y consideramos que el concordato es anacrónico, por la prevalencia de una confesión sobre otra». Rubén Viñuales, de Ciutadans, se mostró de acuerdo con el hecho de que la Iglesia «tendría que pagar el IBI de los inmuebles no destinados al culto», y el socialista Pau Pérez aseguró que «todos estamos de acuerdo que el concordato se tiene que revisar y proponemos hacer una moción nueva y retirar esta porque ahora no es un momento oportuno», argumento que fue ratificado por el alcalde Ballesteros.

Más dinero por Turismo
El pleno municipal aprobó el 15º expediente modificativo de crédito. Recibió el apoyo del equipo de gobierno, la negativa de ICV y CUP y la abstención de ERC, PEdCAT y C's. La cupaire Laia Estrada pidió que «alguien nos diga para qué son los 110.000 euros que irán al Patronat de Turisme, mientras que Arga Sentís (ICV) dijo que «no es coherente aprobado los presupuestos y después hacer modificaciones de crédito». El socialista Pau Pérez remarcó que «haremos más en el futuro».
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