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Uns veïns van penjar una pancarta en contra del Pla Parcial Urbanístic de la Budellera, abans de fer una marxa reivindicativa.

Unos vecinos colgaron una pancarta en contra del Plan Parcial Urbanístico de la Budellera, antes de hacer una marcha reivindicativa.

Los promotores de la Budellera recurren el informe de Urbanismo

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite el recurso presentado por parte de la Junta de Compensación

Actualizada 22/05/2017 a las 20:27

Los promotores de la construcción de un nuevo barrio en la Budellera han presentado un recurso contra el acuerdo que adoptó la Comisión Territorial de Urbanismo de Tarragona, con fecha del 27 de enero de este año, en relación en el Plan Parcial Urbanístico PPU24. La Sección Tercera del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Junta de Compensación Provisional del PPU24 y otras empresas y particulares vinculados al proyecto.

Esta promoción ha sido bastante cuestionada desde varios sectores ciudadanos, como asociaciones vecinales y naturalistas, y partidos políticos de la oposición al consistorio, por la presión que puede ejercer en esta zona del término municipal, próximo al litoral de Tarragona y que se tiene que extender desde las instalaciones del Nàstic hasta Cala Romana y Boscos, siguiendo una paralela entre la línea de costa y el trazado del A–7. El proyecto prevé la construcción de un nuevo barrio, con capacidad para albergar unos 15.000 residentes.

El informe que elaboró la Comisión Territorial de Urbanismo de Tarragona rechazaba, al menos en cuatro supuestos, el proyecto del Plan Parcial de la Budellera. En el documento se aseguraba que, por la magnitud del proyecto, que prevé ocupar un millón y medio metros cuadrados y la construcción de cerca de 5.000 viviendas, la urbanización de este amplio espacio no se puede hacer de una sola vez. Decía, también, que se tiene que hacer en varias fases. Esta intervención comprende la construcción de viales y aceras y la colocación de los diversos servicios.

La Comisión indicó en el informe que el proyecto tendría que dar respuesta a las líneas eléctricas aéreas de la zona afectada, actuación no prevista en la documentación que le aportaron los promotores, así como la imposibilidad de construir un aparcamiento próximo a la playa Llarga en el lugar indicado. Todo apunta que el espacio reservado para la construcción de un parking tiene la calificación de espacio libre público y, en consecuencia, sólo pueden establecerse usos de ocio.

Estos no son los únicos aspectos que el informe de la Comisión de Urbanismo rechazó del proyecto. También hizo referencia a dos hectáreas de suelo no urbanizable y que están contempladas en la propuesta urbanística de los promotores. Se trata de un espacio localizado próximo al A–7.

El PPU24 fue suspendido por el Ayuntamiento en el plenario que celebró el pasado 17 de marzo, con respecto a su tramitación y después del informe de la Comisión Territorial de Urbanismo. Esta decisión supuso que el proyecto tenía que empezar de cero, como pedía la Federación de Vecinos de Levante y la Plataforma Salvem la Llarga. También implicó que la Junta de Compensación tenía que proponer un nuevo plan, que irá a plenario próximamente, en el cual se tienen que añadir las modificaciones sustanciales que contemplaba el informe de la Comisión Territorial de Urbanismo.

Algunas de las prescripciones técnicas que tendrá que presentar la nueva propuesta de la Junta de Compensación son la división por fases de la urbanización de la Budellera –se trata de no desarrollar el plan de golpe–, garantizar los accesos a la A-7, dar solución a las líneas eléctricas del sector y dotar de zona verde el entorno de la playa Llarga, suspendiendo la intención de hacer un parking. La Junta de Compensación dispone de un tiempo máximo de tres meses para presentar el nuevo Plan Parcial, periodo que finaliza el próximo mes de junio. Desde el momento en que sea presentado, el Ayuntamiento tendrá tres meses para hacer la nueva aprobación inicial. Después, se expondrá a exposición pública y se abrirá el periodo de alegaciones pertinente.
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