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PSC, juzgados, Begoña Floria, Ayuntamiento de Tarragona, declaración, caso Inipro

Begoña Floria, en la salida de su declaración el pasado mes de enero.

La defensa de tres investigados de Inipro apela para recuperar a varios testigos que fueron rechazados

Afirma que son claves para demostrar que sus clientes hicieron los trabajos facturados a la empresa
  • Carles Gosálbez

Actualizada 15/02/2017 a las 21:14

La defensa de tres de las personas que están siendo investigadas por el conocido como caso Inipro, Maria Cecília Mangini, Mario Bruzuri y Juan Carlos Lozano, ha interpuesto recurso de apelación contra un auto del juez que lo instruye, que deniega la citación de testigos requeridos en las diligencias previas. El abogado de esta parte considera necesario conocer a los testigos de tres trabajadoras del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y de la presidenta de la Asociación de Vecinos de Riu Clar.

En el texto del recurso de apelación, el abogado estima del todo decisiva la declaración de los testigos con el fin de demostrar que sus clientes realizaron los trabajos por los cuales se facturó. Este es el argumento clave para la defensa de los tres trabajadores de Inipro.

En el escrito presentado delante el Audiencia provincial de Tarragona, con fecha de 11 de enero, la defensa establece que «mis representados solicitaron como diligencia de instrucción la declaración como testigos» de las trabajadoras del IMSS y de la presidenta de la entidad vecinal mencionada. La petición tenía como objetivo «demostrar que los cuatro trabajadores de Inipro realizaron, efectivamente, los trabajos que motivaron la facturación de esta empresa al Instituto Municipal de Servicios Sociales», añadió el letrado. El instructor denegó la práctica de la prueba propuesta, hecho que la defensa quiere cambiar y por este motivo ha presentado el recurso de apelación.

El caso Inipro estalló el año 2015 con la investigación de un contrato que el IMSS suscribió el año 2010 con esta empresa y que, posteriormente, se habría prorrogado al margen de la normativa de contratación con la Administración Pública. Es por eso que el juez consideró que el contrato con la empresa Inipro podía suponer un caso de prevaricación, soborno, tráfico de influencias, malversación y alteración de precios en subastas públicos.

Según ha podido saber Diari Més, la defensa de los tres investigados ha informado de que «con el recurso presentado pretendemos que la Audiencia provincial de Tarragona revoque el auto impugnado por el instructor del caso y acuerde la práctica de la testifical propuesta». Entre los argumentos que forman parte del recurso, destaca «la decisión del juez de desestimar nuestra testifical que viene motivada porqué, a su entender, [no resulta necesaria ni pertinente en este momento procesal] y [son actuaciones más propias de la fase de enjuiciamiento]».

El abogado afirma que «una de las claves de la investigación es saber si Inipro realizó el trabajo que fue facturado y nosotros queremos demostrar que los tres trabajadores de Inipro lo hicieron». El recurso ha sido presentado delante el Audiencia provincial de Tarragona para que «decida si tendrán que declarar los testigos o no lo tendrán que hacer». La defensa insistió en decir, de manera reiterada, que «podemos demostrar que los tres investigados hicieron los trabajos facturados».

En el escrito de alegaciones se argumenta, también, que «hay que recordar que la principal incógnita a aclarar en este proceso, la piedra angular, es si los servicios contratados con Inipro efectivamente se prestaron o, lo que es lo mismo, si hubo contraprestación en las facturas pagadas por el Instituto Municipal de Servicios Sociales». «Nuestra testifical no parece inútil ni perjudicial», se afirma en el escrito de apelación, y remarca que «las diligencias denegadas son esenciales, necesarias y convenientes para la investigación, razón por la cual se tiene que practicar.»
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