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Judit Gené, advocada d'Andreu Viloca i Francesc Sánchez, accedint a la comandància de Tarragona acompanyada de dos agents de la Guàrdia Civil.

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Judit Gené, abogada de Andreu Viloca y Francesc Sánchez, accediendo a la comandancia de Tarragona acompañada de dos agentes de la Guardia Civil.

La Guardia Civil empieza a tomar declaración a los ocho detenidos en la operación Pika

La Guardia Civil ha empezado a tomar declaración a los ocho detenidos, que han pasado la noche en la Comandancia de Tarragona

Actualizada 03/02/2017 a las 19:39

El exdirigente de CDC Francesc Sánchez, detenido en el marco de la operación Pika, ha salido en libertad de la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona poco antes de las dos de la tarde de este viernes. Sánchez ha explicado que se ha acogido a su derecho de no declarar porque no sabe de qué se le acusa, aunque conoce «perfectamente el proceso judicial que se está llevando a cabo» en relación al caso del 3%. No tengo nada que esconder y me pueden investigar de arriba a bajo. Estoy tranquilo de mi actuación como político y ahora como abogado de Convergencia», ha señalado. Sánchez ha evitado valorar, hoy por hoy, las circunstancias y el contexto en que se ha producido el operativo, si bien ha afirmado que «en el contexto que estamos viviendo no me extraña nada». En relación al juicio del lunes por el 9-N, ha opinado que «cada vez que hay una actuación pasan cosas como estas». Sánchez ha explicado que este jueves los agentes registraron su domicilio durante casi una hora, un trámite durante el cual los agentes consultaron algunos papeles y se llevaron su ordenador y su teléfono móvil. El exdirigente del partido ha afirmado también que la Guardia Civil le ha prestado un «trato exquisito».

El extesorero de CDC Andreu Viloca tampoco ha prestado declaración ante la Guardia Civil, según ha afirmado su abogada, Judit Gené, que también lo es de Sánchez, en las puertas de la comandancia de Tarragona. La letrada ha argumentado que la causa está secreta y que no se conocen las causas de su arresto. Ante esta situación, Gené ha pedido la «libertad inmediata» de Viloca y Sánchez porque considera «injustificada» su detención.

La Guardia Civil sigue tomando declaración este viernes al resto de los ocho detenidos en la operación Pika que han pasado la noche en la Comandancia de Tarragona. Posteriormente, se decidirá si quedan en libertad o pasan a disposición del juez del Vendrell en las próximas horas. Según fuentes judiciales, los agentes han estado analizando durante toda la noche la documentación intervenida en los registros y están informando a los fiscales anticorrupción, que no asisten a las declaraciones. Los arrestados que se mantienen en Tarragona, después de la puesta en libertad de Sánchez, son el extesorero de CDC, Andreu Viloca; el exdirector general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell; el exteniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives; Xavier Tauler, exconsejero delegado de Copisa; Josep Maria Bassols, delegado de Oproler en Cataluña; el empresario berguedà Fèlix Pasquina y el delegado en Madrid de la empresa Oproler, Sergio Lerma, que ha llegado a la comandancia de madrugada procedente de la capital española.

Las otras diez personas que fueron detenidas durante este jueves quedaron en libertad una vez finalizados los registros. Entre ellos destacan al presidente del Port de Barcelona, Sixte Cambra; el exgerente del Ayuntamiento de Barcelona y actual director de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, y el director general de BIMSA, Àngel Sánchez, además de varios empresarios de la construcción. La operación de este jueves se enmarca en la investigación contra la presunta financiación irregular de la antigua CDC, el llamado ‘caso 3%’, que se instruye en los juzgados del Vendrell a partir de las presuntas irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Torredembarra. Se investigan varias obras que habrían sido adjudicadas a empresas que habrían vehiculado un 3% del coste a la financiación del partido. La Fiscalía Anticorrupción considera que la trama había diseñado una mecánica basada en concursos «arreglados» y «controlados». Los concursos, según el ministerio público, ya estaban «otorgados previamente», a pesar de su «apariencia de regularidad», con el objetivo de financiar irregularmente CDC a través de donaciones a las fundaciones.

Para la Fiscalía los hechos serían constitutivos de los delitos de organización criminal, soborno, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos. Se da el caso de que Viloca, Rosell, Tauler, Lerma y Bassols ya fueron detenidos en octubre del 2015 en una de las fases de la operación Petrum. En el caso de Bassols, que fue alcalde de Anglès ara CiU, también fue arrestado en la operación Térmyca relacionada con la consultora Efial. Todas son operaciones vinculadas a las investigaciones del 'caso 3%'.
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