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El PPU-24 inclou un total d'1.326.45 metres quadrats, entre aquests també s'inclou una petita zona de la platja Llarga.

La zona de la Budellera podrá tener edificios de hasta 9 pisos de altura

El PPU-24 incluye un total de 1.326.45 metros cuadrados, entre estos también se incluye una pequeña zona de la playa Larga.

Diari Més

La CUP estudiará la vía judicial para oponerse al plan parcial de la Budellera

La formación considera que los informes pedidos a la secretaría municipal corroboran que Milán actuó incorrectamente en la aprobación
  • Redacció

Actualizada 21/12/2016 a las 14:34

El grupo municipal de la CUP en Tarragona ha confirmado este miércoles la voluntad de mantener su oposición contra el plan parcial de la Budellera «y evitar las implicaciones sociales, urbanísticas y medioambientales que este plan tendrá sobre la ciudad».

La formación ha anunciado que esta oposición se concretará en tres «herramientas»: la difusión de un vídeo a través de las redes sociales «con el fin de sensibilizar a la población», la presentación de una moción en el próximo consejo plenario y «el estudio de la vía judicial».

La concejala de la CUP, Laia Estrada explicaba que la moción que llevarán al plenario pedirá la paralización de la tramitación del plan parcial, en gran manera porque «el desarrollo urbanístico que plantea el PP-24 no sólo no puede verse asumido por el concepto de desarrollo sostenible, sino que además resulta arcaico, poco ético y no presenta ningún tipo de consenso».

Con respecto a la vía jurídica, el concejal Jordi Martí Font explicaba que la formación cupaire había pedido un expediente concreto sobre en qué circunstancias se tenía que abstener el concejal de Urbanismo, Josep M. Milà a causa de la vinculación familiar con el proyecto urbanístico del plan parcial. Así, según Martí, el informe emitido por la secretaría municipal acaba corroborando la denuncia pública de la CUP que se denunció el 30 de noviembre pasado.

De esta manera, según indicaban desde la CUP, «se han hecho llegar estos informes, otras informaciones y las valoraciones propias a tres servicios jurídicos diferentes, algunos especializados en delitos urbanísticos, con el fin de ver si hay que denunciar o no estas prácticas por vía judicial».
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