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Un año y medio de prisión por vender droga en un club de cannabis Tarragona

La Guardia Urbana intervino 863 gramos de marihuana durante el registro en el establecimiento
  • ACN

Actualizada 11/10/2016 a las 15:58

Los tres responsables de la Asociación Cannàbica Liberty Social Club de Tarragona han aceptado una pena de un año y medio de prisión y una multa de 600 euros por vender droga en un establecimiento que tenía licencia de bar-restaurante. En el juicio, celebrado a mediados de septiembre en la Audiencia de Tarragona, un matrimonio y su hijo reconocieron que se dedicaban a vender marihuana a terceras personas con la finalidad de obtener beneficios económicos y que, con el fin de dar cobertura a esta actividad ilícita, fundaron una asociación para poder inscribirse en el registro de asociaciones. Sin embargo, no habían incluido las finalidades de cultivo y venta de marihuana en sus estatutos y han sido condenados por un delito contra la salud pública. Durante el registro en el establecimiento, situado en unos bajos de la calle Apodaca de la ciudad, la Guardia Urbana intervino 863 gramos de marihuana.

Según la sentencia, en abril del 2013 el matrimonio y su hijo registraron la Asociación Liberty Social Club, en la cual ostentaban los cargos de presidente, secretaria y tesorero, respectivamente. En mayo, presentaron cambios en los estatutos entre los cuales se incluía el nombre de la asociación, que pasaba a denominarse Asociación Cannàbica Liberty Social Club. Al nuevo documento, sin embargo, no constaba que la entidad tuviera la finalidad de cultivo y venta de marihuana.

En mayo de 2013, el padre presentó en nombre de la entidad, en el Departamento de Licencias de Apertura
​​​​ de Establecimientos del Ayuntamiento de Tarragona, la Comunicación Previa de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de un establecimiento situado en la calle Apodaca de la ciudad. La actividad que pretendía realizar en el local era la de bar-restaurante y, en el momento de la presentación de la documentación, según la sentencia, el acusado preguntó sobre la posibilidad de obtener autorización administrativa para la realización de actividades propias de una asociación para el consumo de cannabis.

Al tener conocimiento de los hechos, aquel mismo día la Guardia Urbana llevó a cabo un control exterior del establecimiento y acreditó que, en media hora, entraban diez jóvenes que accedían al local y salían al cabo de pocos minutos. En controles posteriores los agentes detectaron comprobar que varias personas compraban marihuana y hachís. Además, observaron que, en la entrada del local, se había colocado un letrero con la inscripción ‘Asociación Privada. Sólo socios’, con un pictograma de la señal de prohibido el paso, y que para entrar había que llamar a un timbre.

Ante estos hechos, la Fiscalía presentó una querella contra los acusados y contra la asociación solicitando al juzgado de instrucción una entrada y registro en las dependencias de la entidad. Durante el cacheo de los diferentes espacios del local los agentes localizaron dos básculas de precisión y hasta 863 gramos de marihuana repartidos en bolsitas, tarros de cristal y una mochila, con un valor de unos 565 euros. Además, en el interior del local había tres individuos que habían comprado marihuana a un precio de 5 euros el gramo.

Los tres acusados han aceptado una pena de un año y medio de prisión y una multa de 600 euros por un delito contra la salud pública. Además, la asociación ha sido condenada a pagar una multa de 1.200 euros y se le ha impuesto la prohibición definitiva realizar en el futuro las actividades con el cual había cometido, favorecido o encubierto el delito.
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