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La CUP considera que el proyecto de Santagadea hipoteca el futuro de la ciudad

El grupo cree que la oferta es inviable económicamente
  • Redacción
  • Redacció

Actualizada 08/09/2016 a las 01:26

La CUP de Tarragona presentó el pasado viernes 2 de septiembre en el registro municipal el pliegue de alegaciones al proyecto presentado por la empresa Santagadea Gestión SL, que hace referencia a la gestión privada de la Anilla Mediterránea de los Juegos Mediterráneos 2017. El grupo político, que tilda esta oferta de despropósito” y de “contraria a los intereses de la ciudadanía”, pone de relieve varios puntos del proyecto en sus alegaciones para “dar a conocer en la población el contenido de la propuesta”, tal como afirma a la concejal Laia Estrada.

El documento de alegaciones cuenta con veinticuatro puntos repartidos en seis bloques. Estos son la falta de fundamento legal para situar el plazo concesional en 40 años; la desaparición del riesgo operacional vía el canon anual de 2,5 millones de euros; la inviabilidad económica de la propuesta, que contempla como principal cliente de dos de las instalaciones el Gimnástic de Tarragona SAD; la posibilidad de modificar las tarifas y las indemnizaciones derivadas; las consecuencias para el conjunto de políticas públicas derivadas de tener que pagar anualmente durante 40 años 2,5 millones; y las implicaciones de carácter social que tendría un proyecto que tiene el lucro como objetivo.

Los concejales Martí y Estrado también han destacado que la concesión de un canon anual de 2,5 M€ durante un plazo de tiempo prolongado condicionará la política municipal, ya que hipoteca el futuro de la ciudad, que contará con menos dinero para hacer actuaciones en el ámbito deportivo, entre otros.

Por otra parte, Martí ha pedido explicaciones al gobierno del proceso llevado a cabo para que Santagadea presentara el proyecto, ya que considera que hay “contradicciones entre lo que han explicado el alcalde y el concejal Villamayor a varios medios”. También ha apuntado que hay contradicciones en la posibilidad de que la empresa reclame al Ayuntamiento los casi 180.000 euros del proyecto aunque no se inicie, por lo que ha pedido que el gobierno aclare si habría una posibilidad real que eso suceda.
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