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Pla lateral de diversos representants sindicals i del comitè d'empresa davant de l'Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona el 17 d'agost del 2016

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Representantes sindicales y del comité de empresa delante de el Hospital Sociosanitari Francolí este pasado miércoles.

La CGT lleva al juzgado el recorte de sueldo a los trabajadores del Sociosanitari Francolí

Una médico del centro desmonta varios puntos del comunicado enviado por el GiPSS donde este jueves desmentía a los sindicatos

Actualizada 18/08/2016 a las 23:03

La sección sindical de CGT a Juan XXIII y el Sociosanitari Francolí presentó este jueves por la mañana una denuncia al juzgado del Social de Tarragona, contra la empresa pública sanitaria GiPSS, que gestiona el centro hospitalario de curas paliativas y de larga estancia. La demanda la ha presentado para el recorte salarial que han sufrido 60 profesionales del centro. Según Agustí Aragonès, portavoz del sindicato, la compañía ha incumplido el convenio laboral firmado en 2015, donde quedaba patente que, si se efectuaba una reducción de salarios, se haría en los dos meses posteriores a la firma del texto, y que, además, se realizaría en las DPO, las pagas extras por motivos de competitividad –que no se pagan desde el año 2013. Finalmente la reducción ha sido sobre el salario base. Aparte, la CGT denuncia que la bajada que se ha efectuado este último mes de julio no se ha consensuado con el comité de empresa. El sindicato pide en la denuncia, que todavía tiene que ser admitida a trámite, que se cancele la reducción de los salarios y que aparte, se devuelva a los trabajadores todo el dinero que habrá dejado de recibir el tiempo que pueda durar el contencioso.

Lo GiPSS envía un comunicado que la médico de un sindicato desmonta
El GiPSS, respondió este jueves en un comunicado, al llamamiento de auxilio que tres sindicatos realizaron el miércoles. La empresa asegura que «en ningún caso se ha rebajado el sueldo a ningún trabajador» y que responde a la aplicación de un Decreto Ley de la Generalitat del año 2010, «una vez descontado el 5% de la mencionada cantidad». La negación de la rebaja de sueldo enfada al sindicato de Metges de Catalunya, la médico Tani Francecsh, que trabaja en el Sociosanitari, y lleva más de 30 años de carrera, lo explicaba a Diari Més, «es un juego de palabras. ¿Cómo pueden decir que no es un recorte? ¡Que se lo expliquen a quién le sacan 90 euros cada mes si eso no es una bajada de sueldo!». Con todo el GiPSS confirma que un 50% de los 207 profesionales, preocupados por la merma de su nómina, se dirigieron a la dirección de Recursos Humanos con el fin de concertar una reunión. «Se les atendió personalmente», dice la compañía.

Con respecto al cierre de camas, el GiPPS confirma la cifra –39– pero alega que se realiza cada mes de agosto «para realizar tareas de mantenimiento de las habitaciones». Un hecho en que la médico pone en duda, «dicen que hacen mantenimiento pero no es cierto. Las tienen cerradas. Si realmente las arreglaran, estarían impecables. Además que el personal que tenemos de mantenimiento está de vacaciones, sólo queda un operario. Pero eso es sencillo, cuando llegue el mes de septiembre y se vuelvan a reabrir las habitaciones veremos si están repintadas e impolutas tal como dicen». Lo que verdaderamente enfada al personal médico del centro es que el GiPSS asegura en el comunicado que se cierran «dadas la bajada de actividad», aunque los profesionales dicen que es el contrario, «en verano, las personas mayores son los que más sufren con el calor, se les agravan las enfermedades que sufren», decía Francecsh.

Sobre los 42 pacientes que según los sindicatos esperaban el martes para entrar en el Sociosanitari, la empresa dice que sólo son once: ocho para geriatría y tres para curas paliativas. No es eso lo que dicen los informes internos a los cuales la médico Francesch tiene acceso para su tarea, «vuelvo a afirmar que este martes 16 de agosto eran 42 pacientes los que estaban esperando para entrar. 27 están ingresados en Joan XXIII, otros 4 son de Oncología de Reus, y 11 se encuentran en sus domicilios», apuntaba. Pero la profesional sanitaria, que ha emprendido la batalla contra los recortes cansada de ver cómo se deterioraba el servicio a pasos de gigante, explica que la lista es realmente más elevada aún, «nosotros en nuestro comunicado no quisimos sumar a las 10 personas que esperan una plaza por descanso familiar. Ésta es una solicitud que se gestiona a través de un programa de la consejería de Sanidad y de Servicios Sociales, por los cuales los cuidadores, cuando tienen mucha carga, pueden pedir un descanso máximo de un mes. Estos pacientes obviamente son los últimos en coger, primero son los pacientes urgentes».
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