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Los detenidos por el 'caso Inipro' pasan a disposición judicial después de pasar la noche a la comandancia de Tarragona

Se desconoce cuándo pasará a disposición judicial Gustavo Cuadrado

Actualizada 05/05/2016 a las 18:35

Los tres detenidos en la operación 'Anfiteatro', relacionada con el presunto caso de corrupción 'Inipro', el primer teniente de alcalde de Viladecans, Joaquín Guerrero, y los empresarios Ricard Campàs y Enrique Miró, ya han pasado a disposición del titular del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona. Hacia las cinco y cuarto de la tarde han accedido a las dependencias de los juzgados en el interior dos vehículos no rotulados. Según han explicado fuentes jurídicas, los tres se han acogido a su derecho de no declarar ante de la Guardia Civil y se espera que tampoco lo hagan ante el juez, dado que el caso se encuentra bajo secreto de sumario.

Los detenidos han pasado la noche a la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona una vez finalizados los registros que todavía quedaban pendientes y que han finalizado pasada la medianoche del miércoles. Por su parte, la excabeza de gabinete del alcalde de Tarragona, Gustavo Cuadrado, quedó en libertad con cargos y se desconoce cuándo declarará.

Los registros en los domicilios de los detenidos, en las dependencias municipales de Viladecans y en las sedes de sociedades mercantiles se alargaron hasta más allá a la medianoche. Durante la jornada de ayer, también se hicieron cacheos a los ayuntamientos de Tarragona y Palau-Solità i Plegamans (Vallès Occidental).

La operación 'Anfiteatro' está dirigida por el juzgado número 1 de Tarragona, que ordenó los registros de este miércoles y mantiene el caso bajo secreto de sumario.

El caso 'Inipro' estalló el año pasado con la investigación de un contrato que el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) de Tarragona se suscribió el año 2010 con esta empresa y que, posteriormente, se habría prorrogado al margen de la normativa de contratación con la Administración Pública.

Es por eso que el juez consideró que el contrato con la empresa podía suponer un caso de prevaricación, soborno, tráfico de influencias, malversación y alteración de precios en subastas públicos. La investigación ha encontrado ahora indicios de que esta misma práctica se estaría reproduciendo en otros
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