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Antifrau investigava els vincles d'Inipro i l'Ajuntament de Viladecans des del 2014

Antifraude investigaba los vínculos de Inipro y el Ayuntamiento de Viladecans desde el 2014

Imagen de esta tarde en el Juzgado de Guardia Tarragona.

Cristina Aguilar

Antifraude investigaba los vínculos de Inipro y el Ayuntamiento de Viladecans desde el 2014

El OAC aporta toda la documentación al juzgado de Tarragona, que investiga la causa, y se pone a su disposición

Actualizada 05/05/2016 a las 19:44

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) tiene bastante adelantadas dos investigaciones sobre el Ayuntamiento de Viladecans y la empresa Inipro: una iniciada por una denuncia presentada en julio del 2014 y otra iniciada de oficio en noviembre del 2015 por si las supuestas irregularidades denunciadas podían afectar a otros ámbitos de contratación. Además, «en el mismo ámbito y con íntima relación a estas investigaciones», Antifrau, tiene abiertas varias actuaciones más. El OAC ha aportado al juzgado de Tarragona que investiga la causa toda la documentación y ha ofrecido su colaboración para aclarar los hechos.

Registros en Tarragona y Reus
Antifrau lo ha comunicado después de que este miércoles la Guardia Civil, por orden del juzgado de Tarragona, registrara el consistorio y la sede de la empresa, además de hacer varias detenciones por un supuesto caso de corrupción municipal. Inipro tiene su sede en Viladecans y la relación mercantil con el ayuntamiento de este municipio del Baix Llobregat es muy intensa. La Guardia Civil detuvo al primer teniente de alcalde, Joaquin Guerrero, e hizo registros tanto a su casa como al consistorio, así como a la sede de Inipro. Durante la operación también fueron arrestados Ricard Campàs, uno de los administradores de Inipro, y Enrique Miró, responsable de Itinere, una de las filiales de Inipro. El caso Inipro estalló el año pasado con la investigación de un contrato que el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) de Tarragona se suscribió el año 2010 con esta empresa y que, posteriormente, se habría prorrogado al margen de la normativa de contratación con la Administración Pública. Es por eso que el juez consideró que el contrato con la empresa podía suponer un caso de prevaricación, soborno, tráfico de influencias, malversación y alteración de precios en subastas públicos. La investigación ha encontrado ahora indicios de que esta misma práctica se estaría reproduciendo en otros ayuntamientos. En este contexto, la Guardia Civil registró este miércoles los ayuntamientos de Viladecans y Palua-Solità y Plegamans, además del de Tarragona, y también fue registrada la sede de Inipro en Viladecans, otra empresa de Barcelona, un despacho profesional en Viladecans, otro en Reus y los domicilios de los cuatro detenidos.
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